La ex comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, estaba recluida en penal de máxima seguridad de Tepic<, ahora en Guerrero

Anayeli García Martínez

Cimacnoticias | México, DF

Luego de 25 días en huelga de hambre, esta mañana la Secretaría de Gobernación (Segob) trasladó a Nestora Salgado García, ex comandanta de la Policía Comunitaria (PC) de Olinalá, Guerrero, del penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, al reclusorio de Tepepan, en esta capital.

De este modo se cumplió el compromiso que asumieron el pasado 18 de mayo el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián, y el gobierno de Guerrero con la familia de Nestora, para reubicar a la activista en un penal del fuero común con la infraestructura adecuada para atender su estado de salud, que se agravó tras el ayuno iniciado el 5 de mayo.

Leonel Rivero, abogado de la activista, dijo esta mañana a Cimacnoticias que ayer jueves 28 de mayo, presentó un amparo para pedir que se diera atención médica y se preservara la vida e integridad de Nestora; el recurso fue radicado en el Juzgado décimo segundo en materia de amparo penal en el Distrito Federal, quien en la madrugada ordenó el traslado.

Por medio de una comunicación telegráfica el Juzgado requirió al órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social de la Segob para que de inmediato reubicara a Nestora.

El abogado dijo que cerca de las nueve de la mañana Nestora salió de Nayarit rumbo al Centro Federal de Readaptación Social de Tepepen, al sur de la Ciudad de México, y por tanto tendría que llegar entre una y dos de la tarde para recibir atención médica y reunirse con sus abogados para que verifiquen su estado de salud.

Nestora Salgado llevaba 22 meses en prisión en Tepic acusada de secuestro cuando en realidad ella dice que hacía labores de seguridad en su comunidad, donde la PC está permitida por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, y aunque ya fue reubicada, continúa el proceso penal en su contra.

La activista comenzó su ayuno en protesta por lo que se considera un injusto encarcelamiento, y porque permanecía en prisión sin sentencia y sin avances en su proceso judicial. El pasado fin de semana Nestora dejó de ingerir líquidos.

No obstante su magro estado de salud, las autoridades judiciales y penitenciarias dejaron que la huelga avanzara. Y es que la ex comandanta padece gastritis y una neuropatía en las cervicales que le adormece las extremidades como resultado de un accidente automovilístico años atrás, a lo que se sumó el cansancio y la debilidad por la falta de alimento.

A pesar de que su salud empeoraba cada día, hubo una dilación en el cumplimiento de las medidas cautelares a favor de Nestora, dictadas el pasado 28 de enero por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que llamó al Estado mexicano a atender la salud de la mujer, que para ese entonces ya estaba deteriorada.

Sobre esta situación, en la que la familia –una parte que vive en Guerrero y otra en Estados Unidos– no tenía contacto permanente con Nestora, ni noticias sobre su reubicación, hubo poca respuesta pública de las autoridades y de organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Por ejemplo, fue tras 15 días de ayuno –el 19 de mayo– que la CNDH se pronunció a favor del traslado de la ex comandanta de la PC, y solicitó al subsecretario de Derechos Humanos de Segob y al comisionado de Prevención y Readaptación Social, Juan Ignacio Hernández Mora, que le brindaran atención médica.

Este 20 de mayo activistas de México y EU, integrados en el Frente para la Liberación de Nestora Salgado, pidieron al secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, su intervención en el caso para conseguir la libertad de la activista.

Una vez que se concluyó el traslado se espera que se atienda su salud, sin embargo la mujer aún continúa su defensa legal por las tres acusaciones de secuestro de tres personas que dicen que fueron privadas de su libertad, aunque en realidad estaban en “reeducación” en la Casa de Justicia de Olinalá.