Porfirio Muñoz Ledo
Con motivo de la campaña presidencial se ha desatado una polémica sobre el significado de pueblo y sociedad civil en la que se inmiscuye, para su beneficio, la cúpula empresarial. Se trata de un debate político, que no teórico. En un ambiente de levedades verbales es, sin embargo, necesario definir los conceptos para que podamos entendernos. La palabra pueblo connota una comunidad humana que abarca a todos los habitantes sin distinción de su edad, género, raza o condición económica. En realidad existen los pueblos que se gestaron desde la era sedentaria y establecieron sus derechos históricos inalienables consagrados en la legislación de la baja Edad Media. Más tarde, para su propia defensa se articularon en naciones y en Estados, pero mantuvieron casi siempre sus perfiles identitarios, sus prerrogativas originales y sus autonomías históricas.
Bajo esta inspiración, la Declaración de Derechos de Virginia de 1776 establece: “Todo poder es inherente al pueblo y en consecuencia procede de él”. Fórmula que ha sido recogida y enriquecida por todas las constituciones democráticas. En nuestro país la define el artículo 39 constitucional; norma rectora del Estado Mexicano. La Declaración de Filadelfia establece que “El pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una Unión más perfecta, establecer justicia y afrontar la tranquilidad interior, promoverá la defensa común y el bienestar general”. Por su parte, la declaración de San Francisco establece en su preámbulo: “Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas estamos resueltos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana”. Para la derecha contumaz se trataría de una postulación abominable: los populistas de Filadelfia y San Francisco.
El concepto de pueblo ha sido fundamento de nuestra tradición republicana. Se reproduce en todas las constituciones del país desde 1814. La norma tuvo que precisar en cada tiempo quiénes eran los voceros del pueblo. Predominó una concepción limitada del ciudadano, porque alguien tenía que ser titular de los derechos políticos. Se olvidó que en la Revolución Francesa la idea de pueblo y ciudadano era idéntica, porque representaba a los poderes reales de su tiempo: la clerecía, la aristocracia decadente y la burguesía naciente. El dilema fundamental de la democracia hasta nuestros días es quién ejerce efectivamente la soberanía. El depositario es el pueblo, pero quien toma las decisiones es el ciudadano. La clase dominante limitó el alcance de este segundo concepto, lo que hizo decir a Carlos Marx que el Estado occidental no era sino la burguesía organizada. En el siglo XIX el ciudadano era un varón mayor de 25 años y con bienes de fortuna. Aproximadamente el 5% de la población. Resulta que el ejercicio efectivo de la soberanía popular quedó en manos de una élite reducida. La respuesta fue una era revolucionaria.
El término sociedad civil surge como una postulación contraria a la concentración del poder y como la negación del corporativismo -la manipulación estatal de las necesidades sociales-. Implica el reconocimiento de todos los actores que defienden, por medios democráticos, valores humanos y diversos que caracterizan a una comunidad humana. La experiencia más rica y aleccionadora que tuve en la construcción de la Constitución de la Ciudad de México fue haber celebrado reuniones con 112 organizaciones de la sociedad: antes cooptadas y ahora libres. Menciono algunas: Pueblos originarios, comunidades indígenas, grupos afrodescendientes, defensores de los derechos humanos, dirigentes de la población LGBTTTI, promotores de la igualdad sustantiva, defensores del medio ambiente, representantes de los grupos vulnerables, sindicatos independientes, variados gremios de la economía informal, empresarios con vocación social, líderes del movimiento urbano-popular, servidoras sexuales, comunidades pro-vida y defensores de los animales.
Esa es la riqueza inacabable de la genuina sociedad civil. La pretensión de encarnarla por parte de los grupos empresariales es una aberración. La cúpula económica representa lo contrario a la pluralidad del país. Proponen convertir la oligarquía en poder del Estado, lo que liquidaría a la postre el tejido social. Pueblo y sociedad no son sino las dos vertientes de la voluntad democrática. Detengamos el golpe empresarial de Estado.
