Lucía Melgar Palacios/ Transmutaciones
Cimacnoticias
Mientras las autoridades siguen minimizando la catástrofe humanitaria que representan casi 60 mil personas fallecidas y pretenden ocultar la otra catástrofe evitable, resultado de la violencia extrema, miles de mujeres se manifestaron este fin de semana en calles y redes contra las violencias machistas que continúan destrozando vidas y comunidades a lo largo y ancho del país.
Estas expresiones públicas de hartazgo ante la violencia institucional, las complicidades machistas y la perpetuación de la impunidad, nos demuestran que aunque las autoridades se regodeen en su retórica hueca, la sociedad, y las mujeres en particular, no se dejan engañar: el Estado no nos cuida, nos cuidamos nosotras.
A un año de las manifestaciones que salpicaron de glitter rosa y morado las calles de la ciudad de México, cientos de jóvenes volvieron a salir a protestar porque la violencia feminicida no cesa. Como en otras ocasiones, algunos medios destacaron las pintas y el desorden de unas cuantas y no faltaron por desgracia ni actos violentos de algunas manifestantes contra una supuesta infiltrada, ni amenazas policiales disfrazadas de “protección” ( ¿o desde cuándo quienes salen de la manifestación necesitan un “resguardo” policiaco?).
Como el año pasado, lo que no debe perderse de vista es la legitimidad de la denuncia contra autoridades omisas y negligentes, cómplices a fin de cuentas del aumento del feminicidio, la violencia familiar y el abuso infantil en esta ciudad antes y durante la cuarentena, pese a la supuesta “alerta de violencia de género” y al muy efímero “compromiso” del gobierno capitalino con las mujeres y las niñas.
A 5 meses de la movilización del 8 de marzo y el paro del 9 que impactaron a todo el país, hace falta escuchar y destacar las protestas que se han dado también en distintas ciudades y comunidades del país. Son notables, por ejemplo, las protestas contra desapariciones y feminicidio que este sábado llevaron a cabo más de mil personas en la zona de Atitalaquia en Hidalgo, un estado que no se caracteriza por la movilización social y donde, según un diagnóstico de 2012, la pobreza, discriminación y prácticas caciquiles favorecían la normalización de la violencia machista.
Con la canción “Mujer sin miedo” y demandas de justicia, mujeres convocadas por colectivos feministas marcharon por calles y campos para exigir la aparición con vida de las desaparecidas y justicia para Alondra, una chica de 16 años, encontrada asesinada hace una semana.
También son significativas las manifestaciones contra la violencia sexual y feminicida en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, localidades turísticas bajo alerta de violencia de género. En un manifiesto dirigido a gobernadores y presidentes municipales, las denunciantes acusaron falta de acción y coordinación interestatal y afirmaron: “aquí se mata a las mujeres, se les desaparece y viola, mientras que las autoridades hacen nada […] no hay colaboración ni seguimiento en los temas de desaparecidos ni feminicidios”.
A la luz de esta protesta, tan significativa por su carácter interestatal, el reciente escándalo judicial en Puerto Vallarta debería mover a la acción a las autoridades que todavía sientan alguna responsabilidad ante la sociedad y la ley. En efecto, si ya es inadmisible que un funcionario municipal (o cualquier individuo) abuse de una niña de 10 años (o de cualquier edad), es abyecto que un juez argumente “falta de placer” de la víctima para no vincular a proceso al agresor. Aunque la fiscalía estatal haya apelado esta sentencia y el juez Solís sea removido, no hay nada que aplaudir y sí mucho que preguntar. Por ejemplo: ¿por qué estaba esa niña con ese funcionario?¿Cuántos casos semejantes se han dado ahí? ¿Qué capacitación en género recibió ese juez? ¿Habría actuado así la fiscalía sin presión pública? ¿Se investigará la posible existencia de redes de pederastas? ¿Qué relaciones han encontrado en Vallarta y Jalisco entre abuso sexual infantil, desapariciones y feminicidios? ¿Qué complicidades hay detrás del caso?
Contra la omisión o complicidad de autoridades misóginas y carentes de ética, las mujeres movilizadas, hartas de violencia e impunidad, apelan a la solidaridad social y llaman a exigir justicia y más justicia.
