Filomeno Pinedo Rojas
Los diputados opositores al gobernador David Monreal Ávila aprobaron “instaurar un juicio político en contra una integrante” de su gabinete, acusada de no acudir en tiempo y forma a una comparecencia y en revancha porque en el 2022, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado los reconvino al orden para que dejaran de usurpar las funciones que están establecidas en la normatividad interna de la legislatura.
En mayo del año pasado, ante denuncia presentada por diputados ante el TRIJEZ, éste poder ordenó la restitución inmediata del diputado morenista Armando Delgadillo Ruvalcaba en el cargo de presidente del Órgano de Administración y Finanzas de la cámara, puesto que había sido usurpado por la diputada Priscila Benitez con el respaldo de los opositores al partido en el gobierno.
Asimismo, el Poder Judicial ordenó que de manera incondicional el diputado Enrique Laviada Cirerol fuera relevado del cargo de presidente de la mesa directiva de la legislatura, en vista de que había llegado ahí de manera ilegal e ilegítima al no respetar los ordenamientos que rigen al Congreso del Estado igualmente apoyado por los diputados del bloque que se siente excluido del gobierno estatal respaldados por los legisladores de la fracción del Partido del Trabajo.
Cabe señalar que la falta por la que se trata de enjuiciar políticamente a la integrante del gabinete, puede ser sancionada por una multa, ya que no provocó “perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen desempeño en el despacho”, quedando en evidencia que lo que se busca es golpetear al gobierno de David Monreal, en un interés “electorero” con vistas al proceso electoral del año próximo en el que se renovará el poder legislativo y los 58 presidentes municipales del estado.
También queda en evidencia que no obstante haber incurrido en usurpación de funciones, los diputados opositores, no fueron capaces de hacer valer su normatividad interna, inclusive, siendo celosos del respeto al estado de derecho, aplicarse ellos mismos juicio político en los términos que prevé la Ley de Responsabilidades de los Servidores y la propia Constitución Política del Estado de Zacatecas.
