Zacatecas. Será para atender necesidades de comunidades de impacto, no para el gasto corriente de municipios

37.5 por ciento de recurso a cargo del estado y 62.5 por ciento de ayuntamientos

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) pondrá en marcha el Fondo Minero, el cual se aplicará por primera vez en el país, y será la responsable de vigilar que su funcionamiento se dé en un marco de transparencia, mediante el consenso, y siempre encaminado a atender las necesidades históricas de las comunidades, en materia de servicios.

Así lo dio a conocer el responsable de Minas y Contratos de Explotación, Ricardo López Pescador, quien precisó que este Fondo Minero proviene de los nuevos derechos que deberán cubrir todas las empresas que tengan operación minera en México, los cuales se denominan como adicionales, especiales y extraordinarios.

Del total de esos impuestos, el 80 por ciento de la recaudación se va al Fondo y el 20 por ciento restante se queda en Hacienda. Ahora bien, los recursos del Fondo serán distribuidos de la siguiente manera: 37.5 por ciento lo manejará el estado y 62.5 por ciento las autoridades de aquellos municipios donde se da la explotación de la minería.

El impuesto adicional significa 7.5 por ciento sobre el valor de las utilidades de las empresas mineras, el cual será pagado por éstas además de las obligaciones fiscales con las que cumplen hasta ahora; el especial es un gravamen que se paga por las concesiones mineras, mismo que depende del número de hectáreas concesionadas a las empresas mineras, y que no estén trabajando, en exploración o explotación; el extraordinario representa el 0.5 por ciento de los ingresos de las empresas por la extracción de oro, plata y platino.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cuyo titular es Jorge Carlos Ramírez Marín, es la encargada de vigilar que los beneficios de este Fondo Minero se conviertan en diferentes obras y acciones, como aquellas que busquen el cuidado y tratamiento del agua, creación de drenajes, electrificación, caminos, clínicas de salud, y en acciones en materia educativa, como equipamiento y entrega de computadoras a las escuelas de los municipios en cuestión.

“Se pretende que los beneficios lleguen a las zonas mineras para incorporarlas al desarrollo que tienen las zonas urbanas. Se atenderán las demandas históricas y que son muy necesarias, pero que varias generaciones han demandado sin verlas hechas realidad”, apuntó López Pescador.

Explicó que son 24 estados de la República en los que se concentra la actividad minera y por su importancia, con base en el valor de la producción minera, destacan Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, San Luis Potosí, Guerrero, Colima y Estado de México, de acuerdo con la información de la Secretaría de Economía.

El objetivo es que en cada municipio donde se explota la minería, dentro de esos 24 estados, se lleven a cabo acciones que impulsen el desarrollo humano y propicien un mejor nivel de vida para sus habitantes, para lo cual “todo el proceso estará sujeto a una fiscalización muy puntual, y ello significa que los municipios no podrán usar estos recursos para cuestiones administrativas o para compromisos financieros de otra índole. El recurso no está diseñado para oxigenar las tesorerías municipales, sino para que el recurso baje contra el avance de obra, lo cual generará una mayor confianza”, apuntó Ricardo López Pescador.

El procedimiento para aplicar el Fondo, continuó, es democrático e incluyente, porque en los comités en los que se definirán qué proyectos van a obtener recursos, participan representantes de la comunidad o núcleo ejidal, de los gobiernos municipal y estatal, así como de las compañías mineras que trabajan en la zona y el Gobierno de la República, a través de la SEDATU, y las decisiones se tomarán por mayoría de votos, es decir, por consensos, lo que garantiza que no sean obras con un interés político dirigido.

De hecho, apuntó, la Sedatu ha estado avanzando en el proceso de capacitación a los actores que participarán en el proceso de aplicación del Fondo Minero, es decir, funcionarios municipales, estatales, federales y empresas mineras, a fin de que la aplicación se realice en términos de acuerdos entre los diferentes actores. “Esto significa que la toma de decisiones en los comités será incluyente, y no habrá imposiciones en la definición de proyectos y de obras.

El funcionario precisó, además, que se le dará prioridad a las obras que representen mayor beneficio social, y que otro de los objetivos es realizarlas con una visión dirigida a proteger y preservar el medio ambiente.