*Aumenta el número de niños y adolescentes muertos por homicidio

*Alto consumo de alcohol; 55 mil trabajan y casi 87 mil sin escuela

*Muchas formas de violencia tienen raíz en la familia

ANGEL AMADOR SANCHEZ

Las autoridades de Zacatecas tienen cuentas pendientes que resolver con sus niños, niñas y adolescentes, afirma Xóchitl Meseguer, quien cuestiona la falta de políticas públicas integrales que combatan con efectividad la dramática situación que vive este sector desde hace varios años, agudizada en los últimos tiempos por el incremento de la inseguridad y los hechos violentos que azotan en la entidad.

Entrevistada en el programa Los periodistas (Radio Zacatecas 97.9 FM), la directora de la asociación civil Odisea (Organización para el Desarrollo Social y la Educación para Todos), dedicada a investigar la problemática de infantes y adolescentes en el estado, ofrece un panorama sombrío, por decir lo menos, basada en datos oficiales y de la agrupación que preside:

Zacatecas es el séptimo estado con mayor percepción de inseguridad; ocupa el tercer lugar nacional donde 77 por ciento de la gente ya no deja que sus hijos salgan a jugar a la calle.

De 2008 a 2012, la tasa de homicidios de hombres adolescentes creció en la entidad 1.6 veces, pero aumentó 9 veces en mujeres.

El estado, hace cinco años, registraba una tasa de .3 por ciento en homicidios de mujeres menores de 18 años, mientras hoy es de 3.7 por ciento.

En términos de tasa, señala Meseguer, “Zacatecas ocupa el noveno lugar entre las entidades donde más niños y adolescentes mueren por homicidio. Nos ganan Chihuahua, Guerrero, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Morelos, Sinaloa y Nayarit”.

Asimismo, en el asesinato de niñas, el estado ocupa el quinto lugar nacional. “Para la población que tenemos es un problema muy grave”, dice.

Además, 6 de cada 10 zacatecanos viven en situación de pobreza.

Y para completar el diagnóstico, otros datos desalentadores:

“Es triste, pero Zacatecas tiene primeros lugares en cuestiones que no debería: 55 mil niños trabajadores, así como un alto consumo de alcohol. En bebidas embriagantes somos campeones entre niños y adolescentes”.

Y el puntillazo: 86 mil 958 niños en edad de educación obligatoria, no van a la escuela en la entidad.

En el diagnóstico, Meseguer resume:

1. Hay una falta de perspectivas, en especial en las comunidades marginadas; es necesaria una respuesta institucional de a de veras.

2. Existe un número creciente de niños, adolescentes y jóvenes involucrados en actividades delictivas.

3. Urgen políticas públicas integrales que vayan más allá de las medidas punitivas.

PANORAMA DESALENTADOR

Meseguer, cuya asociación Odisea trabaja en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), recuerda que la Consulta Infantil que realizó el Instituto Federal Electoral (IFE) en 2012, arrojó que en Zacatecas, una de cada 10 niñas de 6 a 9 años de edad, dijo que sufría maltrato por sus maestros.

Otro dato: 6 por ciento de las niñas de 10 a 12 años que se consultaron, aseguraron que han sufrido algún tipo de abuso sexual en la escuela.

El ambiente escolar también es hostil y el bullying no es un asunto de “niños malos contra niños malos”, expresa la entrevistada, al criticar la falta de seguimiento de las autoridades hacia estos datos que derivan en casos concretos que tendrían que atenderse.

Más adelante, admite que los asuntos relacionados con la violencia hacia las mujeres son descorazonadores, y aunque reconoce que la Secretaría de la Mujer es un logro, lamenta que carezca de los recursos políticos suficientes para llevar a cabo sus programas y que no tenga influencia en las demás secretarías, es decir, que no sólo sirva para otorgar créditos.

La Secretaría de la Mujer, agrega, “debe ser un órgano normativo que plantee y vigile que el resto de las dependencias, efectivamente, tengan un enfoque equitativo hacia las mujeres; no se trata de abrir una ventanilla más que diga: esta es el área de equidad de género en las secretarías, sino que en los programas se vea la perspectiva de lo que las mujeres requieren”.

Y da un ejemplo, relacionado con el cierre de escuelas en las zonas rurales de la entidad: ¿cuál es el impacto que tiene para las niñas, en particular? Responde que el traslado a las comunidades más grandes para que continúen sus estudios, cierra la oportunidad de que asistan a las aulas.

La Secretaría de Educación debería tener claras las consecuencias de cerrar los planteles, que afectan en mayor medida a las niñas, pues un papá es más fácil que permita que un hijo recorra varios kilómetros para llegar al plantel, que a una de sus hijas, por los riesgos de violencia e inseguridad.

Por qué no hay apoyo de transportes u otras facilidades para que las niñas no trunquen sus estudios, mediante sistemas semiescolarizados, por ejemplo, cuestiona la directora de Odisea y enseguida reafirma que las políticas públicas deben adecuarse a lo que la población requiere y no esperar a que los niños y niñas se adapten a lo que los burócratas están o no dispuestos a otorgar.

PERCEPCIÓN Y LAGUNAS JURÍDICAS

Basados en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública, hecha por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2012, las autoridades dicen que los delitos han disminuido, sin embargo, la percepción tiene ciertas inercias y la gente sigue preocupada por la situación de inseguridad, dice Xóchitl Meseguer.

Refiere que hace unos días salieron las encuestas del Inegi sobre homicidios y, en efecto, el año pasado hubo un quiebre hacia la baja en el número de asesinatos en el país con 22 mil muertos, en tanto en 2011 –un año terrible- la cifra alcanzó los 25 mil.

No obstante, puntualiza, si bien han disminuido las defunciones totales, las muertes entre adolescentes siguen creciendo en México, y las de mujeres en particular.

Las cifras del Inegi coinciden con la percepción, ya que en los últimos años se ha incrementado la muerte de jovencitas, muchos de los casos vinculados al crimen organizado, añade.

“Esta es la parte más dramática y extrema de la violencia, pero esta no se construye de la nada. La familia es la raíz de muchas formas de violencia”, resume.

Por otra parte, manifiesta que en Zacatecas están vigentes “algunas tarugadas” como los delitos de honor, referidos a emociones violentas que pueden dar paso a la reducción de penas. Por ejemplo, un varón puede alegar que golpeó a su mujer “cegado” por cuestiones de honor.

O el robo de muchacha puede pasarse por alto si el raptor dice al juez que se casará; “entonces, no hay delito que perseguir, ya cumplió”, ironiza.

Apunta que 2 mil 600 niñas zacatecanas se embarazaron el año pasado y pregunta si alguna autoridad investigó cómo estaba la cosa, ¿si hubo abusos o violencia? No se investiga en qué circunstancias se embarazaron, no hay seguimiento institucional.

Informa que en la entidad más de 7 mil 300 menores de edad ya viven en pareja o lo han hecho, conforme a cifras oficiales.

Por si fuera poco, completa, en comunidades aisladas, con escasa presencia institucional, aún hay casos de incesto.

SIN APLICACIÓN, LEY DE PROTECCIÓN A INFANTES

Xóchitl Meseguer afirma que la violencia hacia los niños y niñas se vive desde la familia y llega hasta los casos en que está involucrado el crimen organizado, pero la respuesta institucional también tiene aquí una deuda pendiente con la sociedad.

Así como los crímenes mayores, violentos, crecen por la impunidad, también hay crímenes que destruyen vidas, “chiquitos, que no salen en las noticias de ocho columnas”, pero que pulverizan existencias de niñas y adolescentes en localidades, dramas que han crecido y cultivado al amparo de la impunidad.

En este mar de cifras y problemas dramáticos, trágicos, un punto bueno:

La titular de Odisea reconoce que en cuanto a la protección de niños, niñas y adolescentes, Zacatecas tiene una de ley de vanguardia, de las mejores a escala nacional.

Sin embargo, el regreso a la realidad es contundente: dicha normatividad no es efectiva, no se aplica.

Meseguer puntualiza que desde 2007 está pendiente la integración del Consejo Estatal para que esa ley de protección a infantes se lleve a la práctica. Ya pasaron 6 años y nada…

“Necesitamos que se haga realidad ese consejo, que su conformación no vaya a convertirse en un acto en el que los funcionarios se hagan tarugos, se saquen la foto, se den la mano. Se necesitan instrumentos prácticos, operativos, que el Código Penal de Zacatecas quite esas tonterías de los delitos de honor, que haya una edad mínima para contraer matrimonio”, reclama.

También se requieren dinero, políticas públicas efectivas, consejos que sí funcionen y una sociedad más participativa.

Exige que haya un programa de inclusión educativa para los más de 80 mil niños sin escuela.

“La vida de un niño debe transcurrir en la escuela, no en algún trabajo, ni rascándose la panza o estar en alguna pandilla, sino debe estar en la escuela”.

Se necesitan recursos económicos, no es suficiente tener buen corazón ni ideas geniales, enfatiza la entrevistada.

Sin embargo, la realidad es nuevamente adversa: el presupuesto destinado a la protección de niños y niñas se recortó 27 por ciento para el ejercicio federal 2014.

En 2012 a cada estado le tocaban 1.2 millones de pesos para proteger a niños trabajadores, a los explotados sexualmente, a los violentados; entonces a los 58 municipios zacatecanos les tocarían 50 mil pesos a cada uno, en promedio.

Y este año va a ser menos que eso…

Al gobierno del estado le toca reaccionar y responder, concluye Xóchitl Meseguer.