Zacatecas."Vivimos en un estado de Derecho”, señaló el coordinador general Jurídico de Godezac

Ganó litigio al Gobierno del Distrito Federal para uso de la Casa de Cultura en el DF

Logros, actualización de 29 reglamentos; punta de lanza en juicios orales; Ley de Registro Civil, entre otros

Faltan entre cinco y seis reglamentos para la Ley de Tránsito, reconoció

TERESA MORALES DUKE/ EXPRESS ZACATECAS

Las leyes y la política van de la mano y estoy convencido de que vivimos en un estado de Derecho, lo que no debe asustarnos, declaró el titular de la Coordinación General Jurídica (CGJ) del Gobierno del Estado, Uriel Márquez Cristerna, entrevistado en el  programa Los Periodistas, del 97.9 FM Radio Zacatecas, expresión en particular frente a la controversia constitucional de la Presidencia de la República, derivada de la reforma educativa publicada a principios de abril en el caso de Zacatecas.

De igual forma su premisa se insertó en el litigio, recién ganado en primera instancia, —y en el que personalmente se involucró— frente al Gobierno del Distrito Federal, mediante el cual se revalidó al Gobierno de Zacatecas el uso del inmueble que a partir de 2008 se le permisionó e inexplicablemente, al cambio de gobierno, trató de cancelarse a finales de 2010, cuando su vigencia corría hasta 2016.

Con buena madera de abogado que le viene del padre Uriel Márquez Valerio, prominente zacatecano de larga trayectoria como catedrático de la máxima casa de estudios, servidor público y por su ejercicio profesional destacado, el funcionario le fue mancuerna en sus comienzos como litigante.

A su llegada como colaborador del actual gobernador Miguel Alonso Reyes, mencionó Márquez Cristerna, el primer reto fue actualizar y enderezar 29 reglamentos de todos los órdenes que mantenían un rezago promedio de casi dos décadas.

El funcionario sostuvo que esta primera encomienda del mandatario del estado, quedó superada y tomó dos años de trabajo, aunque reconoció que los reglamentos de la Ley de Tránsito, con avances significativos, aún están sin concluir, cuestión que también tiene que ver con lo delicado de sus contenidos y los tiempos del jurídico interno de la propia Dirección del ramo, a quien compete directamente la tarea.

Informó que conforme a los últimos acuerdos tomados por las instancias que participan en este quehacer, se trata en este momento de priorizar el reglamento general de la Ley en la materia y en seguida trabajar en otros ordenamientos específicos como el relativo a las marchas, el alcoholímetro, las multas de la Secretaría de Finanzas, entre otros.

El coordinador general Jurídico, reconoció que la preocupación actual es no cometer el error del pasado en materia de reglamentos  y conforme se den las necesidades de adecuación, trabajar en la vigencia y aplicación de estas leyes secundarias, a tono con la realidad. Es de mencionarse que por 18 años permanecieron intocados muchos de ellos, generando obsolescencia.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN

Abordado por Los Periodistas respecto a la controversia Constitucional por la reforma a la Ley de Educación, que aún no notifica el Poder Judicial Federal al estado de Zacatecas, pero que ha trascendido en los medios de información del país, confirmó que por ese medio se sabe que el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos, promovió dos controversias en materia de educación, una frente a los estados de Oaxaca, Michoacán, Sonora, Chiapas, y en otro paquete más reciente, Baja California y Zacatecas.

Esa controversia contra Zacatecas no se conoce aún formalmente, aunque obviamente va en contra de los actores, el Legislativo y el Ejecutivo, este último por la publicación de la Ley, y hay que decir, indicó, difícilmente se podía aplazar habiendo la instrucción del Legislativo. Es un proceso Constitucional que viene de lo Federal, y aquí, a partir del artículo 60 de la local, precisó el funcionario.

Repuso a lo anterior, “que no nos asuste, estamos en un estado de Derecho”. Se está a la espera de este juicio que se promueve en única instancia, de acuerdo a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución federal. Regularmente, este proceso tarda varios meses, acotó el entrevistado.

Retomó que el gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes, presentó a la 61 Legislatura del estado la iniciativa en materia de educación, acorde, en armonía, con la reforma constitucional federal correspondiente. “Cuidó bastante los derechos adquiridos de los trabajadores de la educación, que de por sí se los cuida la propia carta magna”.

Abundó en que hubo once foros para esta reforma en Zacatecas y una reunión nacional ex profeso, pero una vez que se presentó ante el Legislativo del estado, fue ahí donde sufrió algunas modificaciones. Se publicó el pasado 2 de abril y luego vino esta controversia que aún en lo específico se desconoce en Zacatecas.

En la información que trascendió en los medios sí se dan a conocer causales de la controversia en el caso de otros estados, pero en lo que atañe a Zacatecas, no se aborda el punto exacto de la inconformidad del jurídico de la Presidencia de la República.

CASA DE LA CULTURA EN EL DF

Aunque el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal revocó la suspensión del permiso otorgado por el Gobierno del Distrito Federal al Gobierno de Zacatecas para el uso de un inmueble que funcionó desde 2008 como Casa de la Cultura de Zacatecas en la capital del país, las autoridades del DF decidieron llevar el juicio a una segunda instancia, declaró Márquez Cristerna.

El funcionario explicó que a partir de la entrada de este gobierno, en septiembre de 2010, el Gobierno del Estado promovió a un juicio ante el TCADF ya que existía un permiso otorgado por el Gobierno del DF, con vigencia de 2006 a 2016, para ocupar un inmueble de su propiedad en la capital del país para Casa de la Cultura de Zacatecas.

En ese inmueble la administración anterior aplicó una inversión de 15 millones de pesos para su habilitación y funcionamiento, y obviamente, se justificaba el litigio para el aprovechamiento de dicho permiso, pero el Gobierno del DF se rehusaba a  cumplir con la vigencia del documento, y antepuso una declaración de extinción del permiso administrativo.

Las autoridades capitalinas emitieron una notificación y trataron de quitar la ocupación del inmueble, pero el juicio dio la razón al Gobierno de Zacatecas y el TCADF resolvió revocar dicha decisión, en tanto repuso la ocupación del edificio al estado.

Márquez Cristerna explicó que el procedimiento fue la promoción de un juicio de nulidad para solicitar la suspensión, y la que de inmediato le concedió  el Tribunal ya citado, dándole posesión absoluta del edificio.

“Lo ganamos en primera instancia, pero el gobierno del DF está yéndose a otra instancia, una segunda y última, que está por resolverse”, precisó casi sin dudar en que la primera decisión del Tribunal será ratificada.

ACELERACIÓN EN MATERIA JURÍDICA

El trabajo en la Coordinación General es variado y abundante, mencionó, quien reconoció que la Ley de Firma Electrónica en puerta en Zacatecas tendrá un impacto importante, toda vez que regularmente son de 700 a mil 500 los documentos que debe firmar a diario en su oficina. Se manifestó convencido de que es necesario rebasar la situación actual mediante el uso de la tecnología.

“El trabajo es realizado por un equipo de casi 220 abogados. Solo el Instituto de la Defensoría Pública dispone de 90 litigantes”, especificó.

El coordinador reconoció que con la llegada del presidente Enrique Peña Nieto a la primera magistratura de la nación, se vino una avalancha de reformas que obligó a los estados de la República a hacer lo propio en distintas ramas.

En este momento, Zacatecas se aplica, ejemplificó, en la discusión de la nueva Ley General de Víctimas.  El trabajo respecto a dicha ley lo realiza la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Hay que sentarse a escuchar y a socializar con la academia y la ciudadanía, indicó al mencionar que se llevan a cabo foros para tal fin.

En particular, Márquez Cristerna puso de relieve los logros de Zacatecas, como uno de los estados que van en la punta de lanza en materia de juicios orales. A partir de este año, dijo, se incluyeron al sistema cinco distritos judiciales más, a 2015 serán otros cinco y se cerrará el sexenio en 2016 con otros cuatro. Es un compromiso del gobernador, una reforma que viene de 2008 y que  debe concluirse en ocho años, puntualizó.

LEY Y REGLAMENTACIÓN DE TRANSITO

Respecto a la Ley de Tránsito, se publicó, pero en su parte transitoria traía consigo hacer varios reglamentos, motivo por el que continúan reuniones de trabajo para ese fin con la instancia jurídica de la Dirección del ramo, la Secretaría de Seguridad, sus respectivos abogados y el titular de la Coordinación Jurídica, dijo.

El encargo Constitucional de hacer los reglamentos es al Ejecutivo, pero tiene muchos brazos. De acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública, del artículo 37, cada dependencia tiene sus direcciones jurídicas. A ellas toca elaborar estas leyes secundarias, explicó.

En el caso de Tránsito se requiere hacer entre cinco y seis reglamentos. Va muy avanzado el trabajo. Uno de los compromisos es que salga primero el reglamento de la propia ley. Otros, serán los de las marchas, el alcoholímetro, multas impuestas por la Secretaría de Finanzas, entre ellos.

La postura de Márquez Cristerna respecto a la reglamentación faltante, la expresó en términos de que hay quienes objetan la aplicación de esta ley, pero “cualquier abogado sabe que con solo la publicación, es aplicable”, sentenció.

En el caso de Tránsito, el último reglamento data de principios de los 80. Sin duda es mucho trabajo el que espera, pero tienen que realizarlo los responsables, reiteró.

En ese sentido, explicó que la CGJ, a través de la Dirección de Estudios Legislativos y Consultoría Legal, es un filtro, un embudo, en su carácter de revisor, es decir, el proceso final.

El compromiso es empezar a sacar los reglamentos y no se pueden sacar al “ahí se va”, por lo delicado de la materia y su trascendencia social, indicó.

"En la Coordinación hay otras tareas, como es el relativo al Registro Civil, en el cual Zacatecas ya tiene una ley que nos sirve de mucho. Entre las tareas está modernizar las notarías, 54, de las cuales funcionan solo 37 por diversos problemas y hay ocho vacancias, también corresponde a la dependencia la legalización de firmas con un banco federal, estatal y municipal para su cotejamiento constante, la apostilla o certificado auténtico de origen para la expedición de documentos en países de extranjero", finalizó.