*Reivindica la estrategia Pedro de León como funcionario de Sedesol y la destroza El Barzón a través de Alfonso Ramírez

*El activista Gerardo Mata critica que solo Fresnillo y Pinos estén considerados

Entre una andanada de descalificaciones a la Cruzada Nacional Contra el Hambre por activistas políticos y asociaciones, el coordinador de delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Pedro de León Mojarro, afirmó que “no se trata sólo de una jornada de entrega de despensas, sino de una estrategia de política pública para combatir la incidencia de la pobreza y del hambre y contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de la población vulnerable.

“Dependerá de la suma de voluntades, de la capacidad de articular acuerdos en el marco de la compleja pluralidad; de la decisión de poner a México por delante, de ser generosos con este gran país al que todo debemos”, declaró a través de un comunicado emitido por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Mientras tanto la organización política El Barzón, a través de su dirigencia encabezada por Alfonso Ramírez Cuéllar, cuestionó las limitaciones, por la precipitación de presentarlo en un corto plazo, sin convocar a las organizaciones civiles, a las universidades y a los expertos que pudieran aportar elementos para un programa mejor diseñado.

“El problema está en que se quedó demasiado lejos de la magnitud del problema que se pretende resolver, en la premura dejan de lado que, según el propio diagnóstico de la Sedesol los mexicanos en pobreza extrema suman 5.5 millones en el ámbito urbano y 6.3 en el  ámbito rural”, indicó Ramírez en una declaración.

Por la Sedesol, De León insistió en que se trata de garantizar el derecho humano al acceso permanente a una alimentación adecuada, en cantidad y calidad, para atender las necesidades alimentarias y nutricionales de los mexicanos, especialmente de quienes viven en condición de pobreza extrema.

Reiteró que el programa iniciará con la atención de 7.4 millones de personas de 400 municipios y aumentará paulatinamente hasta abarcar la totalidad de la población objetivo, tanto en zonas rurales como urbanas, en tanto entre activistas políticos como Gerardo Mata se cuestionaron sus alcances a solo dos municipios: Fresnillo y Pinos.

De León precisó que el programa se sustenta en cinco objetivos: cero hambre a partir de una alimentación adecuada; eliminación de la desnutrición infantil aguda; aumento de la producción de alimentos; reducción de las pérdidas post-cosecha y de alimentos, e impulso a la participación comunitaria y la movilización popular.

En ese sentido, comentó que en este enfoque integral se crea un Sistema Nacional de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, (Sinhambre) conformado por las Secretarías de Estado y organismos como el DIF, la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de las Mujeres, entre otros.

Además, se formará un Consejo Nacional como instancia para la construcción de acuerdos entre los sectores público, privado y social, en el que participarán líderes de opinión, sociales y religiosos; académicos, intelectuales, representantes de la sociedad civil y del sector empresarial, dijo el coordinador de delegaciones.

Abundó en que para garantizar la transparencia, la Secretaría de Desarrollo Social promoverá la integración de comités comunitarios, con ciudadanos que incidirán en el diseño, instrumentación y supervisión de las acciones implementadas y definirán las prioridades.

El diseño es una estrategia de inclusión y bienestar social que busca dar un piso mínimo de bienestar a 7.4 millones de mexicanos y mexicanas con más de tres carencias sociales, de acuerdo a la información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), finalizó De León.

En tanto los barzonistas consideraron a esta cruzada como un nuevo programa asistencialista y manifestaron que salvo la Sedesol, todo indica que Sagarpa, Semarnat, Energía y Economía seguirán fabricando pobres, como ha ocurrido en los últimos años.

Criticaron que la Cruzada no establece la jerarquización de políticas y programas y que entre los 400 municipios identificados por los índices de pobreza, menciona algunos que hace pocos años tenían las mejores expectativas. ¿Qué se hizo para llegar a esa situación?

A su vez apuntaron que apenas si menciona la necesidad de mejorar los ingresos rurales; no menciona al empleo y los salarios urbanos, es decir no se atacan las causas, no se busca terminar con el problema.

También deja de lado que en realidad la población con carencias por acceso a la alimentación suman 19.6 millones en la zonas urbanas y 8.8 millones en las áreas rurales.

En el anuncio que se hizo ayer y en el Decreto que se publicó este día, no hay ningún elemento que permita suponer que habrá correcciones en las políticas públicas aplicadas en los últimos años, las cuales han provocado millones de pobres en el campo y la ciudad. No hay menciones al crecimiento de la economía, como condición básica para evitar que más mexicanos lleguen a situación de pobreza, dijo Ramírez Cuéllar.

En los transitorios del Decreto se establece un plazo de treinta días naturales para la primera reunión de la Comisión Intersecretarial y para que la Sedesol expida los lineamientos para la organización y funcionamiento del Consejo Nacional contra el Hambre, señala El Barzón.

“El problema está en que eso plazos dejan la posibilidad de que la Comisión y el Consejo discutan los cambios que se requieren en las reglas de operación, para promover la producción y el ingreso de los pequeños productores agrícolas o para asegurar que las disposiciones para proveer alimentos a la población objetivo, se convierta en una demanda que beneficie a esos productores. De hecho, el presupuesto del Programa Especial Concurrente aprobado por los Diputados fue inercial en el sentido de destinar el 80% de los recursos a los productores más ricos y sólo 20% a los más pobres”

De hecho, El Barzón insiste en la necesidad de consolidar en una sola empresa a Liconsa y Diconsa, de modo que, además de desarrollar capacidad para atender a la población objetivo de la Cruzada, también tengan capacidad para suministrar alimentos para los desayunos y la atención que proporciona el DIF, así como a las instituciones públicas de Seguridad, Salud y Educación,  generando una demanda que permita regular el mercado de alimentos básicos que define la Ley de Desarrollo Rural Sustentable: maíz; caña de azúcar; frijol; trigo; arroz; sorgo; café; huevo; leche; carne de bovinos, porcinos, aves; y pescado.

No establece plazos y tampoco define las causas de la pobreza y cómo eliminarlas. Curiosamente, muchos de los municipios incluidos entre los 400, son aquéllos que no hace mucho tenían los mayores niveles de ingresos y atraían importantes flujos de migrantes y tenían expectativas de crecimiento. Hoy tienen zonas depauperadas, sin generación de empleos, asentamientos urbanos desordenados y nula atención a las familias y jóvenes, convirtiéndose en peligrosos núcleos de delincuencia. ¿Qué respuesta se va a dar a eso?

Además, muchos de esos municipios que no atendieron sus necesidades sociales coinciden con los que ocupan las listas entre los más endeudados. ¿Seguirá la impunidad contra eso?

Los barzonistas sostienen que el programa tampoco establece las líneas de coordinación con las entidades responsables de regular el financiamiento y las políticas arancelarias, Hacienda y Economía. En los últimos años, la primera dejó sin crédito a los pequeños productores y la segunda impuso una terrible competencia desleal, abriendo cupos de importación en tiempos de cosecha, para beneficiar a los grandes intermediarios. 

Por supuesto, la Cruzada contra el Hambre requiere asumir las observaciones de los expertos mexicanos, retomar las experiencias y la producción de indicadores, como el de tallas y pesos, absurdamente abandonado en las últimas administraciones. Y por supuesto, urge garantizar la vigilancia de la sociedad, para obligar a corregir y dar rumbo al programa, para evitar el clientelismo y la intromisión de los grandes monopolios.

Urge establecer el combate a la pobreza y el hambre como una prioridad que lleve a establecer la coordinación de todas las secretarías, jerarquizando una política común encabezada por la Secretaría de Desarrollo Social, indican en el documento emitido hoy.

“De otra manera, el programa apenas anunciado será uno de tantos, un barril sin fondo, sin resultados en un entorno en el que los problemas crecen”.