CIDH exhorta a Estado mexicano a reforzar mecanismos para protegerlos, así como a defensores de derechos humanos
Cimacnoticias | Ciudad de México
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al gobierno mexicano a reforzar estrategias para la protección de periodistas tras la exacerbación de los ataques contra la prensa y el registro de 10 asesinatos de periodistas por su labor en lo que va del año.
"Nos alarma la cantidad de casos que parecen exacerbar la violencia contra la prensa en México. Es urgente revisar e implementar cambios en las políticas de prevención y protección, así como en los entes que deben investigar estos crímenes", expresó a través de un comunicado Edison Lanza, relator para la libertad de expresión de la CIDH.
Dentro de las demandas expuestas en el comunicado, la Relatoría Especial llamó a reforzar el Mecanismo Federal de Protección para personas defensoras y periodistas, además de dotar de recursos y dar prioridad a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
La oficina de la CIDH indicó que sólo en el primer semestre de 2019 han contabilizado 10 asesinatos contra periodistas que podrían estar vinculados con su labor. Estas pérdidas, señalaron, “se dirigen a silenciar a quienes son más indispensables para dar a conocer la situación de conflicto e inseguridad, corrupción y criminalidad de algunos estados de México.”
Por lo que la Relatoría llamó al Estado mexicano a que investigue de forma completa, efectiva, imparcial, y esclarezca los móviles de estos crímenes y determine la relación que pudieran tener con la actividad periodística.
También observó con preocupación el incremento de ataques contra las empresas de medios de comunicación en el país, hechos que en su parecer “evidencia que la crisis de violencia contra periodistas en México persiste”.
El relator recordó que en el Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en México 2018, recomendó al gobierno mexicano implementar una política de prevención, protección y justicia; además de adoptar un discurso público de reconocimiento a la labor periodística.
Sobre todo, exhortó a poner en marcha planes de contingencia en estados como Guerrero, Veracruz y Chihuahua, donde hay un particular riesgo para el ejercicio del periodismo.
Pese a esto, el gobierno mexicano no ha hecho lo propio. Tan sólo en lo que va del año ya se tienen registrados 10 asesinatos perpetrados contra periodistas, entre ellos el perpetrado en junio contra la reportera del “Diario Presente” en Tabasco, Norma Sarabia Garduza.
La violencia contra las personas periodistas ocurre también en forma de intimidación, amenaza y destrucción de material, así lo indica el principio noveno de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH. Tal es el caso de lo ocurrido contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro, quien fue víctima de allanamiento en su hogar el 21 de julio.
Dos sujetos desconocidos ingresaron a la periodista, de donde robaron equipo de trabajo y material periodístico, además mataron a una perra que protegía la casa y a otra la envenenaron.
VIOLENCIA CONTRA MUJERES PERIODISTAS
La violencia no ha cesado desde sexenios pasados, sólo durante el mandato de Enrique Peña Nieto se registraron un total de 422 agresiones contra mujeres periodistas entre 2012 y 2018.
De acuerdo con el informe “Herencia de un sexenio: Simulación y Desplazamiento. Violencia contra mujeres periodistas 2012-2018”, realizado por Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC), las modalidades de violencia más ejercidas fueron por parte de grupos de personas y a veces frente a testigos, violencia institucional y violencia digital.
Según el informe, las mujeres periodistas viven una doble condición de riesgo debido a que su género las coloca en desigualdad frente a los hombres. Además, viven violencia estructural que reproduce sistemáticamente discriminación, opresión y exclusión contra ellas.
Lo anterior también fue visibilizado por el Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en México 2018, en el que se menciona que las mujeres periodistas deben lidiar con entornos amenazantes específicos.
Tan sólo en el estado de Guerrero, diversos miembros de la sociedad civil indicaron que habían registrado al menos 23 casos de graves agresiones contra mujeres periodistas ocurridas desde 2014.
Varias mujeres periodistas informaron sufrir acoso mientras realizaban algún reportaje, a menudo ejercido por autoridades públicas, y a veces incluso agresiones físicas por policías o miembros de las fuerzas de seguridad.
Sumado a esto, la falta de perspectiva de género en las etapas de investigación, juzgamiento o protección provoca que no se atienda adecuadamente la particularidad de la situación de las mujeres periodistas.
Por ello, la Relatoría Especial continúa recomendando a las autoridades adoptar medidas concretas, adecuadas y efectivas para prevenir, investigar, enjuiciar y castigar ataques y otras formas de abuso contra mujeres periodistas.
