Hablaron expertas contra el matrimonio forzoso en América Latina; UNPFA y CLADEM presentan informes y diagnósticos

Elda Montiel

SemMéxico, Cd. de México, 12 de diciembre 2021.- Los impactos de la violencia sexual que viven niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe son incuantificables, es bien sabido que se violan sus derechos humanos, truncan sus proyectos de vida y esto repercute en afectaciones sociales.

En el marco de los 16 días de activismo contra violencia de género, el pasado 6 de diciembre, el Comité Latinoamericano y el Caribe para Defensa de los Derechos de la Mujer y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) presentaron dos investigaciones; la primera es un estudio exploratorio sobre las violencias de género y su incidencia en las muertes violentas de las niñas y adolescentes de la región y en la segunda presentan una sistematización de prácticas prometedoras, sus alcances y límites.

En la presentación, Marisa Graham defensora de los derechos de las niñas y adolescentes en Argentina señaló que la justicia sobre todo la penal es una carrera de obstáculos donde se revictimiza a las víctimas y sus familias».

Reconoció que en su país donde se tiene un alto estándar normativo de los derechos humanos de las niñas y adolescentes por lo cual puede estar orgullosa, en la practica el acceso a la justicia es lenta, y ante los casos de denuncia estos quedan archivados.

Es una preocupación investigar las causas, que muchas veces no son solo la pobreza porque se dan casos de incesto en diversas clases sociales. ¿Si no descubrimos las causas? ¡Como las erradicamos!  Tememos un montón de denuncias y padres que no son justamente procesados algunos son imputados y otros quedan impunes. Las jurisdicciones no trabajan de la misma manera algunas son injustas y en otras si hay avances.

La secretaria técnica del MESECVI, la peruana Luz Patricia Mejía, refirió que “la violencia sexual y otros tipos de violencia no solo tienen impacto en la vida sexual y reproductiva de las víctimas sino en el desarrollo de su potencial y por supuesto en su proyecto de vida”.

La abogada, Marcela Huaita, integrante del MESECVI refirió que debe reconocerse el acoso sexual en el ámbito educativo y del por qué debajo de los 18 años como se puede amparar a las niñas y niños de la tutela patriarcal en el caso de los matrimonios infantiles. No solo está en riesgo la salud física sino también la mental.

Centrada la atención en las niñas y adolescentes sobrevivientes y no obligarlas a embarazos forzados

Destaca la investigación que la a violencia sexual tiene una alta correlación con la presencia de embarazos forzados o no deseados, sobre todo en niñas y adolescentes entre 10 y 14 años, por lo que los Estados deben atender esta problemática dando la posibilidad a las sobrevivientes de desarrollo sus proyectos de vida sin imponerles embarazos forzados.

Preocupa la situación en Honduras, el Salvador, Nicaragua, Republica Dominicana donde la interrupción del embarazo está prohibida en todos los supuestos incluida la violencia sexual, así mismo, en Honduras, también está restringido el acceso a la anticoncepción de emergencia.

Las organizaciones internacionales proponen que la atención a la violencia sexual deberá estar centrada en las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes sobrevivientes.

El accionar de todas las instituciones tendrá que estar enmarcado por las necesidades y deseos de las sobrevivientes, tomando en cuenta la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchada, la restitución de sus derechos y la recuperación de sus proyectos de vida.

Tratarlas como personas sujetas de derechos conlleva la escucha atenta por parte de las personas adultas que están en los servicios de salud, educación, policial, judicial o cualquier otro estatal que presta servicios para prevenir, atender y sancionar la violencia sexual.  

La investigación realizada en alianza estratégica de Unpfa y CLADEM a través de la iniciativa regional Spotligth compendia 16 experiencias de 10 países de la región para reflejar las múltiples formas de atención y prevención de la violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres jóvenes fenómeno lacerante e inaceptable y que requiere atención inmediata por las autoridades y la sociedad.

Al conocer la problemática a profundidad de la violencia sexual que viven las niñas y adolescentes en la región de América Latina y el Caribe no se identificó una intervención que retome de manera integral los servicios que requieren las niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual. 

Observaron que en las intervenciones nacionales tienen mayor alcance territorial, pero son más las dificultades para monitorear la efectividad de sus acciones. Mientras que en las locales tienen mayor alcance territorial y son mayores las posibilidades de enfocarse en la recuperación de los proyectos de vida.

Que la violencia sexual contra niñas y adolescentes suele provenir de personas cercanas a ellas, incluidos los familiares. También fueron retadores los escenarios durante y después de la pandemia, y los del ámbito digital.     

Se debe legislar y generar un marco jurídico sólido que proteja los derechos de niñas adolescentes respecto a los efectos o consecuencias naturalizadas de la violencia sexual, así como homologar la edad permitida para contraer matrimonio y las causales no punibles para acceso a la interrupción legal/voluntaria del embarazo.

Consideran también necesario regular la rendición de cuentas del personal de salud, personas operadoras de justicia y otros funcionarios que revictimicen a las sobrevivientes de violencia sexual.

Que se observe la autonomía progresiva, la no revictimización y el restablecimiento de derechos como principios que orienten las intervenciones para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia sexual hacia niñas y adolescentes.

Mejorar el acceso a la justicia para niñas, adolescentes y mujeres jóvenes sobrevivientes de algún tipo de violencia sexual requiere de procedimientos judiciales o de cualquier otro tipo no revictimizantes que repare sus derechos y reconozcan la potenciación de su capacidad para tomar decisiones y que estas sean respetadas sin juzgar y con empatías por los prestadores de servicios gubernamentales. Incluyendo la decisión de interrumpir un embarazo forzado o no deseado.

Además de fortalecer la generación de leyes que promuevan la autonomía de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes sobre sus cuerpos, involucrar el entorno para prevenir y atender la violencia sexual hacia niñas, adolescentes y mujeres jóvenes.

La atención integral requiere de equipos multidisciplinarios, al mismo tiempo que es indispensable involucrar a la comunidad, la familia, la escuela y el entorno mas cercano de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes para así comprender a profundidad las causas y consecuencias de la violencia sexual, y responsabilizarles en las respuestas de prevención, atención y sanción.

Desestructurar la naturalización de la violencia sexual contra  niñas, adolescentes y mujeres jóvenes requiere de la sanción social, cultural y política y de la habilidad de entornos seguros.

Fortalecer el enfoque de prevención de la violencia sexual dentro de las acciones de los Estados, construir alianzas estratégicas entre actores de la sociedad civil, académica, agencias de naciones unidas, e instancias gubernamentales.