Ejido Atotonilco, Jiménez del Teul, Zac. Ejidatarios se resisten al despojo; denuncian que el mega proyecto de la presa Milpillas acabaría con el río y la vida de comunidades

Con lágrimas y voz entrecortada dijo don Javier Sánchez, uno de los ejidatarios, “no queremos ser desplazados. Si nos quitan el río aquí se acaba nuestra vida”, clamor en este municipio de más de 4 mil habitantes, ocupante del primer lugar en pobreza en el estado, mismo que se ubica a 300 kilómetros al noroeste de la capital zacatecana.

Durante más de dos horas se volvieron reiteradas las alusiones en muchas voces a historias que se empalman en el tiempo, que causaron migraciones por el despojo, violencia y pobreza, en las que los más desposeídos se ven obligados a abandonar sus lugares de origen. En esa circunstancia se ven ellos.

Alrededor de 300 habitantes, principalmente ejidatarios, pequeños propietarios y productores están en rebelión contra la construcción de la presa Milpillas que ocupará 126 hectáreas de los ejidos de Atotonilco y El Potrero, en tanto, su presagio, es que por la gran magnitud cortará el río Milpillas-San Andrés y dejará sin agua zonas de cultivo, ganadería y huertas familiares en 14 comunidades río abajo, en perjuicio de miles de pobladores.

Es una zona geológica de la Sierra Madre Occidental, territorio de cañones, mesetas y sierras. El municipio es atravesado por un gran cañón a lo largo del río referido. Recibe el agua de varios manantiales y alimenta la cuenca formada en la cabecera municipal.

En las obras proyectadas, aseveraron que las cosas se hicieron “al revés”, con una visión desde los escritorios, a escondidas, para garantizarles el agua, más que a la gente de las zonas urbanas, a las mineras y a la planta cervecera Modelo, asentada en Calera, que son las responsables del abatimiento de los mantos acuíferos en Zacatecas, señaló con indignación el maestro lugareño Jaime Valdez.

La gente ya detuvo la maquinaria de la empresa Real del Camino, con la amenaza de embargarla ante notario público, por invasión y daños a sus tierras. También han presentado una denuncia ante el Ministerio Público, el Registro Agrario Nacional y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDHEZ) por las presuntas irregularidades en los procedimientos que establecen las leyes, la falsificación de documentos, la intromisión de la Policía Estatal y en general la violación a sus derechos.

EL MIEDO A PERDER EL AGUA Y TODO

El mega proyecto fue concebido desde 2014, con supervisiones de las autoridades para la construcción de la gran presa que almacenaría 64 millones de metros cúbicos. La cortina se alzaría 87 metros y el temor es que la de por sí escasa corriente vea su fin, termine con la vida de flora y fauna, además de sepultar la producción agrícola y pecuaria que representan el sustento de las familias.

El miedo habita en los pobladores que se reunieron con el ánimo de ser escuchados por las diputadas visitantes en la ocasión, Gabriela Pinedo y Alma Dávila, respectivamente del Partido del Trabajo (PT) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quienes permanecieron ante el contingente por espacio de dos horas para conocer el conflicto que se vive ahí, agudizado en lo reciente por el inicio de trabajos con maquinaria pesada para abrir accesos hacia donde se construirá la presa.

Ahí, las representantes populares reconocieron que las versiones encontradas sobre la situación que prevalece se pasean por los corrillos del poder político, medios de información y grupos de opinión pública, por lo que fue necesario acudir para escuchar de la propia voz qué ocurre en el lugar y qué es lo que los ejidatarios quieren.

“CASTIGOS” E INTIMIDACIÓN

Hombres y mujeres vencieron su temor y tomaron el micrófono. Se rebelaron en contra de la imposición de la presa, lloraron, se encolerizaron, aplaudieron la defensa de su patrimonio y corearon un “no a la presa”. Se quejaron de ocho días sin energía eléctrica y agua potable en sus hogares, “estamos castigados”, aseguraron.

Varios, ya fueron intimidados y confesaron que tienen miedo. Denunciaron a operadores de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA) que, aseguraron, se manejan con engaños y mentiras vendiéndoles espejitos “como si fuéramos tontos”. Mencionaron que levantaron firmas de los alumnos de todas las escuelas. ¿A ver cómo para qué?, interrogaron. Les ofrecen becas, despensas, apoyos, pero no los han convencido.

Algunos ejidatarios de El Potrero ya cedieron, reconocen, los indemnizaron, pero ¿qué puede hacer la gente con unos miles de pesos para su futuro, tal vez vivir un tiempo, y después qué?, planteó otro de los afectados, quien señaló que inicialmente querían pagarles 5 mil pesos por hectárea.

Por separado, el residente regional de la Procuraduría Agraria, Loreto Ordaz, informó que el último acuerdo es de 50 mil pesos por hectárea, aunque desconoció cuántos ejidatarios ya han aceptado y recibido el dinero.

Hay una voz, clara, “queremos nuestro río, el agua, la tierra que nos da para vivir; no queremos presa. Que nos dejen como estamos”.

Dicen mujeres como Amelia de la Rosa que de por sí el agua es poca, pero cada año siembran cebolla, tomate, chile, ajo, cacahuate, camote; don José Trinidad Ramos, dice tener sus “animalitos”, ganado menor, que bebe agua del río y escasea mucho por las sequías recurrentes, ahora con la presa, “todo se acabaría”.

Los relatos siguen ilustrando una historia de tres años plagada de anarquía. Atañe a omisiones y procedimientos erráticos, atropellados, como si quisieran burlar, apresurar, imponer, de acuerdo con declarantes como la de Jaime Valdez, quien es maestro de la escuela Telesecundaria, y aseguró fue amenazado de despido por oponerse al proyecto.

Hay mujeres que se acercan a los reporteros para quejarse porque ya no pueden lavar en el río. La ropa se enmugra, quién sabe qué sustancias le estarán echando. “Nos han hecho mal”.

VARIAS COMUNIDADES DESAPARECERÍAN, SEGÚN VALDEZ

Si se hace la presa, prácticamente desaparecería el municipio de Jiménez del Teúl, ya que solo podrían sobrevivir cuatro comunidades. Otras, como La Luz, Carretas, Mesquite Blanco, Nogacha, La Laguna, Luis Moya, San Cipriano, entre otras, desaparecerían por la pérdida del río, del agua.

Los señalamientos de los declarantes van en contra los abusos la Secretaría SAMA, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Procuraduría Agraria, el Ayuntamiento y cuantas más autoridades que han pasado por alto a los ejidos como primera instancia para “dar permiso”.

DEVASTADOR, IMPACTO AMBIENTAL

Desde hace semanas el agua del río se tornó de color gris cemento y es que aproximadamente dos kilómetros arriba del río, sobre este punto de Atotonilco, ya estarían trabajando algunas máquinas en la limpieza y excavación.

El ecólogo Carlos Carrillo, en el lugar de los hechos, pregunta dónde está el estudio de impacto ambiental, quién lo conoce, si existe. Afirma que centenares de especies de flora y fauna se ven amenazadas, algunas que están en peligro de extinción perderían su hábitat; mencionó algunas variedades de magueyes, así como aves, peces y hasta mamíferos que morirían o emigrarían, algunas que son especies endémicas, precisó.

TRAS CUATRO AÑOS, TODO ESTÁ LISTO, MENOS LOS HABITANTES AFECTADOS

Planeado entre los años de 2014 y 2016, el Sistema Milpillas, consistente en presa y acueducto, está previsto para construirse a lo largo de cinco años a partir de 2017. Su costo es de más de 6 mil millones de pesos. Solo el ducto abarcaría 167 kilómetros.

La cortina de la presa se ubicará a dos kilómetros sobre el lecho del río, agua arriba, con una altura de 87.5 metros de alto por 270 de largo, aproximadamente, de acuerdo con SAMA.

La cortina permitirá almacenar 67 millones de metros cúbicos agua del río, que se potabilizarán y enviarán al corredor Fresnillo, Enrique Estrada, Calera, y la zona metropolitana, que abarca Zacatecas, Guadalupe, Vetagrande y Morelos.

Está previsto para abastecer al corredor más poblado de Zacatecas, donde habitan alrededor de 500 mil personas.

Existe una concesión por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para un uso de 42.3 millones de metros cúbicos, y quedarán disponibles 24.7 millones de metros cúbicos para lo que se requiera en la zona donde se construirá la presa, según el documento oficial.

Conagua licitará y ejecutará la presa. En tanto que Gobierno del Estado licitará y ejecutará el acueducto.

Uno de los apartados consigna que “los ejidatarios de esta zona no se quedarán sin agua río abajo, puesto que la presa solo retendrá 15 por ciento del flujo total de la cuenca, lo cual significa que seguirá escurriendo el agua cortina abajo y, por ley, se debe respetar 10 por ciento del escurrimiento como gasto ecológico”. No obstante, los ejidatarios están incrédulos, debido a que “de por sí, el agua es poca y no alcanzará para el llenado de la presa”.

Hasta el momento, la información oficial de SAMA es que el proyecto avanza e incluso ya está licitada y asignada la mayor parte de las obras, documentación que puede consultarse en el sitio oficial, sin embargo, en los últimos días la empresa Camino Real tuvo que retirar la maquinaria del ejido Atotonilco debido al conflicto con los ejidatarios y las medidas legales que anunciaron.