Zacatecas. Los sujetos obligados son regidores, síndicos, secretarios y trabajadores de nuevo ingreso en los 58 ayuntamientos

Para evitar el enriquecimiento ilícito a través de la función pública, la Secretaría de la Contraloría Municipal brindó un curso de orientación y apoyo a los trabajadores del Ayuntamiento de Zacatecas.

Fernando Becerra Chiw, titular de la Secretaría de la Contraloría Municipal, encabezó las dos sesiones ofrecidas al síndico, regidores, secretarios, directores y servidores públicos con obligación de presentar declaración patrimonial y de interés inicial y de modificación.

En el salón de cabildo de las instalaciones de la Presidencia Municipal de Zacatecas, se dieron informes sobre cómo hacer la declaración patrimonial ante la Contraloría, luego de que a este ente se le delegara la revisión con la implementación de la Ley General del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción.

Los datos recabados se condensarán en una plataforma creada por el Consejo Ciudadano del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, que aún está en formación; por lo pronto, éstos se resguardarán en papel y corresponderá sancionar a la Contraloría Municipal.

Para cumplir con esta obligación, los servidores públicos tienen hasta el 31 de mayo como fecha límite para llenar el formato expedido en las Contralorías Municipales de los 58 ayuntamientos del territorio zacatecano.

Si no se hace, advirtió el contralor Fernando Becerra, se iniciará un procedimiento de responsabilidad administrativa por ocultar información y se procederá a las sanciones, como también se actuará si se detectan anomalías en la declaración.

En el formato se deberán proporcionar datos básicos, como cuánto percibe de salario el sujeto obligado, qué ha adquirido de bienes materiales durante los últimos meses; también deberá dar cuenta de los ingresos y egresos tanto del cónyuge como de los dependientes económicos.

Todos los trabajadores que han ingresado al servicio público a partir del 19 de julio de 2017 deberán declarar sobre su patrimonio, incluidos elementos de Seguridad Pública y hormiguitas, porque así lo marca la ley.

De acuerdo con Becerra Chiw, esta práctica evita que se dé el enriquecimiento ilícito a través de la función pública, de que haya un mal uso del erario y, en consecuencia, se da certeza a la ciudadanía de que se actúa de forma transparente.