Personal sanitario y judicial antepone creencias religiosas, denuncian

ANAIZ ZAMORA MÁRQUEZ

Cimacnoticias | México, DF.

Aunque a nivel nacional las mujeres tienen derecho a interrumpir su embarazo cuando es producto de una violación sexual, en los hechos muy pocas mexicanas –sobre todo niñas y adolescentes– pueden acceder a esta causal legal de aborto.

Lo anterior sucede, en gran medida, por la falta de voluntad política para generar los mecanismos que hagan accesible ese derecho, y debido a que el personal sanitario y de procuración de justicia opera a partir de “creencias personales”, e incluso desconoce que tienen la obligación de garantizar el aborto legal.

Uno de los temas que especialistas de diversas disciplinas debatieron durante el coloquio “Debates contemporáneos en derechos reproductivos” –que hoy concluyó en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)– fue el acceso al aborto legal en casos de violación sexual, derecho íntimamente ligado al acceso a la justicia para las víctimas de este delito.

Alma Beltrán y Puga, abogada integrante del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), presentó el caso de “Rosa”, niña de 14 años de edad, habitante del Estado de México, quien luego de ser víctima de violación por parte de su padre durante dos años consecutivos, y amenazada para que no denunciara los hechos, presentó un embarazo.

La gestación fue detectada por su madre y su madrina tras 16 semanas de embarazo, cuando la adolescente pidió que la llevaran a un médico por malestares físicos. Acudieron ante el Ministerio Público para denunciar los hechos y solicitar el aborto legal, pero fue negado debido a lo avanzado de la gestación.

De acuerdo con el artículo 151 del Código Penal del Edomex, si bien se permite el aborto por violación, sólo procede durante las primeras 12 semanas.

Con el apoyo de GIRE y la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser), “Rosa” pudo interrumpir su embarazo, ya que éste representaba un riesgo para su salud.

A decir de la abogada, el caso ejemplifica a la perfección la realidad de miles de niñas y adolescentes que no pueden acceder al aborto legal y seguro en caso de violación, incluso cuando es su derecho, al mismo tiempo que evidencia la falta de acceso a la justicia, que además de una sanción penal al agresor tiene que ver con que la víctima acceda a una reparación integral del daño.

En ello coincidió Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres, organización civil guanajuatense que desde 2000 ha acompañado a niñas víctimas de violación sexual a quienes se les ha negado el derecho al aborto legal.

Contó que desde su experiencia puede asegurar que “aunque la violencia sexual es la causal vigente en todo el país, es la más inaccesible para las mujeres”.

Lo que tiene que ver con que las y los servidores públicos anteponen sus “creencias personales, religiosas o partidarias” a los derechos de las mujeres, y se ha detectado que parte del personal médico no sabía que la causal de aborto por violación es legal.

A lo que se suma que cuando las mujeres denuncian, las autoridades judiciales “les niegan la información o les mienten: no les dicen que pueden interrumpir ese embarazo, pero sí que pueden dar en adopción al producto, e incluso el sistema de atención a víctimas las acompaña a los servicios de salud para que ahí las supervisen en el proceso de gestación, con lo que se garantiza que el embarazo llegue a término”, criticó Cruz Sánchez.

Aunque se trate de menores de edad –casos en los que es evidente que el embarazo es producto de violación sexual–, “en las autoridades siempre está la duda y la sospecha de que mienten y que están denunciando la violación sólo porque quieren interrumpir su embarazo”.

Gustavo Ortiz Millán, doctor en Filosofía, expuso que el tema de discusión no debe ser si se está en contra o no del aborto, sino la forma en que se respetarán los derechos de las mujeres, pues todas las posturas extremas que penalizan la interrupción del embarazo desconocen la realidad y las transgresiones a las garantías de las mexicanas.

Puso como ejemplo que según cifras oficiales, al año se denuncian 112 mil violaciones sexuales, siendo el Edomex la entidad con más casos (2 mil 900) seguida del Distrito Federal.

En el 13 por ciento de casos en los que las mujeres reportaron la violación, el ataque ocurrió antes de los 10 años de edad; 65 por ciento, entre los 10 y 25 años, y en 70 por ciento las víctimas son familiares.

Además, entre el 7 y 26 por ciento de las violaciones sexuales derivan en un embarazo no deseado, lo que generará consecuencias negativas en la vida de las mujeres.