Sara Lovera y Lucrecia Maldonado
México, D.F. (SEMlac).- En los últimos 20 años la situación de las mujeres en Latinoamérica ha mejorado lenta, pero sostenidamente, asegura la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) al evaluar la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing en un informe que se presentará en Nueva York la próxima semana.
El balance deja resultados heterogéneos e insuficientes, con variaciones y ritmos diferentes entre países y entre el medio urbano y rural.
Lo más preocupante para CEPAL es la debilidad institucional para aplicar políticas públicas. No hay suficiente presupuesto y reconocimiento a los institutos, ministerios o secretarías de la mujer y, aunque existen leyes para frenar la violencia contra las mujeres en todo el continente, la impunidad y la desigualdad social conspiran en contra.
Al examinar la economía y la pobreza, el informe afirma que la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres requiere un cambio estructural de gran calado.
Muchos países han avanzado en sus legislaciones, pero no hay un cambio de mentalidades, lo que dificulta que las mujeres ejerzan su autonomía y logren la igualdad.
A lo largo del examen de CEPAL hay una crítica velada a los gobiernos que prefieren desarrollar programas asistenciales y de apoyo a las mujeres pobres, dejando de lado los que realmente les den herramientas para su "empoderamiento" y desarrollo.
El reto ahora es consolidar logros alcanzados; estos, afirma, "corren riesgo de retroceder debido al peso de la cultura política y social" en la región.
El informe regional sobre el examen y la evaluación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, divulgado el 28 de febrero último, contiene datos que serán debatidos en la próxima sesión de la Comisión de la Condición Jurídica de la Mujer de la ONU (marzo 9-19) en Nueva York, a donde acudirán 166 delegaciones oficiales y unas 5.000 mujeres del mundo.
Discurso no discriminatorio
El informe reconoce exitosos cambios jurídicos y que casi desaparecieron las leyes abiertamente discriminatorias en América Latina y el Caribe. También es general el reconocimiento a la igualdad entre mujeres y hombres en constituciones, leyes específicas, planes nacionales, proyectos y programas.
Un hito es el reconocimiento en varios países a la diversidad de familias; reformas al matrimonio "las que, más allá de su importancia jurídica, demuestran cambios culturales significativos".
El acceso de las mujeres a puestos de representación política y su presencia en todas las esferas de toma de decisiones ha crecido en la región. Son cambios en la cultura democrática. Se aprobaron reformas al poder ejecutivo, al legislativo, al sistema electoral y las leyes de cuotas son cruciales, aunque, afirma reiteradamente el informe, "falta imponer las sanción en caso de incumplimiento".
En estos 20 años, "seis mujeres fueron elegidas democráticamente para la presidencia y cuatro de ellas han sido reelectas, lo que da cuenta de otro cambio cultural positivo que muestra una ciudadanía distante de los estereotipos asociados a la participación política de las mujeres".
En Cuba, 48 por ciento de las representantes de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral) son mujeres. Hay paridad en México, Costa Rica, Venezuela y Ecuador.
La autonomía económica
El progreso para conseguir la autonomía económica de las mujeres ha sido pausado e insuficiente. Preocupa la importancia de reducir las diferencias salariales; poco se avanza en cambios del mercado laboral entre mujeres y hombres como punto fundamental para combatir la pobreza en la región. Todavía en las áreas de decisión económica es casi nula la participación femenina.
La participación laboral de las mujeres, según CEPAL se ha mantenido sin cambios, las mujeres que poseen un nivel educativo más alto, menores cargas familiares y más recursos para adquirir servicios de cuidado, tienen una mayor participación económica. No hay cambios en la estructura del mercado laboral y si a esto, "se suman los datos sobre distribución del tiempo entre mujeres y hombres, se observa que los costos de la participación laboral han sido asumidos de manera individual y privada por las mujeres".
Las políticas públicas no han contribuido a mejorar las condiciones de acceso de las mujeres al mercado laboral, ni a garantizar el trabajo, lo que se traduce en un su poca capacidad para acceder a remuneraciones equivalentes a las de los hombres o al derecho a la pensión para poder enfrentar la vejez sin depender de otra persona.
En la mayoría de los países latinoamericanos, las mujeres constituyen una porción importante de los grupos con menores ingresos. Una de cada tres mujeres no posee ingresos propios, mientras que uno de cada 10 hombres se encuentran en esa condición.
Países como Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala y Honduras presentan las mayores brechas entre zonas urbanas y rurales en la proporción de mujeres sin ingresos propios. Mientras que Ecuador y México son los únicos países de la región donde la proporción de mujeres sin ingresos propios en la zona urbana es mayor que en la zona rural.
En 2011 las mujeres dedicaban en promedio 38,2 horas semanales en el empleo formal remunerado y los hombres 44,8, y ocupan lugares más precarios y con menores retribuciones.
En los países con información disponible, el tiempo que las mujeres dedican al trabajo no remunerado es al menos el doble del que dedican los hombres a este tipo de tareas y puede llegar a ser hasta cuatro veces mayor, como en los casos del Brasil, Costa Rica y Ecuador.
Otro dato que se especifica es que, en la región, en estos últimos 20 años, ha disminuido la proporción de mujeres que se emplean en el servicio doméstico, pasando de 15 por ciento a 11,6 por ciento. Bolivia y Ecuador redujeron esta proporción en más de 40 por ciento, ubicándose en el grupo de países latinoamericanos con menor proporción de mujeres empleadas en esta categoría.
En el otro extremo se encuentra Costa Rica, donde el empleo en el servicio doméstico ha crecido 60 por ciento. México, señalan, destaca por la adopción de leyes a favor de las trabajadoras domésticas y también por la inclusión en la Ley Federal del Trabajo del concepto de trabajo decente con perspectiva de género; así como la prohibición de discriminación por género o estado civil, realizar, permitir o tolerar actos de hostigamiento o acoso sexual, y exigir certificado médicos de no embarazo para el ingreso.
En este terreno, el desafío de los países latinoamericanos es desarrollar políticas que no solo mejoren el acceso al mercado de trabajo de las mujeres y apoyen su permanencia en él, sino que integren el trabajo no remunerado y el trabajo remunerado.
"Tendrán que abocarse de manera fehaciente a desarticular las barreras de la segmentación ocupacional que mantiene a las mujeres mayoritariamente en los sectores de servicios y cuidados", señala el citado informe.
En salud y violencia CEPAL no puede medir
La salud de las mujeres y la violencia contra ellas son dos temas que los países destacan en sus reportes como temas fundamentales, no solo haciendo alarde de los avances, sino subrayando los desafíos que quedan pendientes.
Como problemas prioritarios, la mayoría de los informes han resaltado la mortalidad materna, las dificultades en el acceso a la salud sexual y la procreación responsable, así como el cáncer cérvico-uterino.
En cuanto a la violencia contra las mujeres, una de las principales lacras que se mantienen y persiste como un problema en aumento en la región, el gran obstáculo es la lentitud de la justicia y la falta de programas de prevención, pese a que la mayoría de los países tienen legislación que reconoce la violencia contra las mujeres. Es todavía un desafío la tipificación del feminicidio como delito.
CEPAL destaca que muchos países no evalúan la eficacia o no de programas y políticas públicas destinadas a eliminar la violencia contra las mujeres. Por eso CEPAL no cuenta con un panorama regional que permita identificar la magnitud del problema de la violencia, debido a la escasa recolección de información estadística y a que los registros administrativos en general aportan datos aislados sobre ciertos servicios sin permitir un diagnóstico completo.
La mortalidad materna, destaca el informe, no solo no ha disminuido sino que las cifras disponibles -que no siempre dan una dimensión real del problema- hablan de crecimiento y de la desigualdad de acceso a una correcta atención en salud.
"La mortalidad materna continúa siendo una gran herida del desarrollo en la región y uno de los mayores problemas es que no existan métodos confiables para su medición", subraya CEPAL.
En la práctica, la autonomía física de las mujeres enfrenta aún cuestionamientos que se convierten en restricciones a los derechos reproductivos, como por ejemplo el acceso al control de la fecundidad, la ausencia de educación sexual y la imposición de una maternidad no deseada.
Una consecuencia es el embarazo en la adolescencia. En la región la tasa de fecundidad juvenil es una de las más altas del mundo. "Este es un nudo no resuelto que contribuye a perpetuar el ciclo de pobreza, vinculada con la deserción escolar y las dificultades para la vida laboral".
Respecto de la trata de mujeres con fines de explotación sexual o laboral, el informe apunta que los países de la región han incorporado nuevas normas y leyes con el fin de frenar este tipo de violencia.
Once países de América Latina y cuatro del Caribe cuentan con leyes específicas para combatir la trata de personas, y varios países han desarrollado planes de acción en la materia. En el caso de México se recalca que la Procuraduría General de la República cuenta con el Centro de Denuncia y Atención Ciudadana (CEDAC), que opera en diversas áreas.
Además, se creó una Fiscalía Especial para la atención de la violencia contra las mujeres y la trata de personas, que recibe denuncias vinculadas a los delitos de su competencia y atiende de manera integral a las víctimas.
Los desafíos
Los retos son muchos e importantes: "la perspectiva de género debe permear la medición del desarrollo, el diseño de estrategias y los objetivos de las políticas". Hoy urge garantizar la autonomía económica y física de las mujeres, así como su acceso a la toma de decisiones en todos los niveles, dice CEPAL.
Como desafíos a futuro, los países deberán desarrollar políticas que no solo mejoren el acceso de as mujeres al mercado de trabajo y apoyen su permanencia en él, sino que integren el trabajo no remunerado y el trabajo remunerado.
Tendrán que abocarse de manera fehaciente, además, a desarticular las barreras de la segmentación ocupacional que mantiene a las mujeres mayoritariamente en los sectores de servicios y cuidados y deberán superar la brecha salarial existente entre ellas y los hombres.
Los países de América Latina y el Caribe deben además "asegurar la autonomía física, económica y en la toma de demisiones de las mujeres para lograr una verdadera igualdad de género en la región"
Finalmente, el informe señala, a modo de conclusión, que las trasformaciones ocurridas durante 20 años, aunque dispares, son profundas. Los que hay que esperar ahora es que, cuando se determine la agenda para el desarrollo después de 2015, los países de la región le den el impulso necesario para lograr la igualdad real y el desarrollo sostenible.
