Plan b*
LYDIA CACHO
Cimacnoticias
Otilia es trabajadora doméstica, mujer fuerte, madre soltera que se esfuerza por sus tres hijos, uno de ellos con hidrocefalia. Ella y su familia dejaron de entregar la basura al camión que pasa cada tercer día.
Prefieren arrumbarla en el patio que une las dos casitas familiares en una zona marginada de puerto Morelos, cerca de Cancún. La guarda porque el gobierno del estado creó un programa denominado “Basura por alimentos”.
Cada tanto vienen los camiones rojos, con gente vestida de rojo y el escudo tricolor del PRI muy visible, a recorrer el barrio. Esperan a 100 familias que hacen fila con sus triciclos de panadero cargados de basura; el teatro es interminable.
Les entregan canastas básicas kilo contra kilo, generalmente más de lo que necesitan de ciertos alimentos, así que unos días después revenden latas de frijoles, aceite, arroz, etcétera.
Todo el pueblo paga el predial e impuestos que cubren la cuota de levantamiento y procesamiento de basura, pero al gobernador Roberto Borge se le ocurrió la genial idea de utilizar recursos públicos en un proyecto profundamente populista y paternalista.
En lugar de persistir en el proyecto de educación para el reciclaje y reutilización de basura y desechos orgánicos, triplica el presupuesto en un gasto no solamente inútil sino que crea dependencia, corrupción y desgaste social.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció a Otilia y su familia que el programa nacional de ahorro energético exige que lleven todos los focos antiguos de su casa para que les entreguen focos ahorradores.
Otilia explica al responsable del proyecto en el pueblo que ellas usan pocos focos en casa y sólo tienen un recibo de luz; “pues consígase recibos de otros vecinos para que le demos más. No sea malita seño, apóyenos, tenemos que entregar 10 mil focos en tres días”, le dijo el responsable de la CFE.
Ella pensó que eso es corrupción, decidió no pedir recibos prestados; otros sí lo hicieron por miedo a que les cortaran la luz.
Ramiro tiene 60 años y luego de 27 horas sentado en una silla del hospital, lo atendieron. Fue diagnosticado con cáncer de piel, ha dedicado 30 años de su vida como albañil a construir hoteles en Cancún.
El médico le explica que debido a la crisis económica, los médicos tienen la orden de posponer cualquier tratamiento oncológico hasta nuevo aviso. No pueden darle la radiación que según el propio médico era urgente: de vida o muerte.
Le recomienda que vaya a la Sedesol, que se inscriba en un programa Oportunidades y lleve a toda su familia por alimentos y servicios médicos. El hombre dice que eso no es necesario que lo único que quiere es su tratamiento.
El médico lo convence de que sólo si va a Oportunidades y toda la familia firma lo pueden recomendar para que el hospital privado Galenia le haga la radiación con 80 por ciento de descuento.
Ramiro está agotado, espera al rayo de sol con seis miembros de su familia, llenan papeles, dan sus credenciales de elector, firman documentos y les entregan cajas con aceite, frijoles y leche.
Él insiste en que no necesitan comida, la representante de Sedesol le dice: “Pues si no la necesita, véndala y así junta un dinerito extra”. Con su papel de Oportunidades sellado va a pedir la beca. Le dicen que espere unos seis meses.
Cientos de miles de historias se suman a la crónica diaria que muestra con claridad cómo se teje estratégicamente el entramado de la corrupción social a través del paternalismo y las medidas populistas ordenadas por el gobierno de Peña Nieto y reproducidas por alcaldes y gobernadores.
Hay una clara estrategia de condicionamiento que viene de arriba hacia abajo para desmovilizar la dignidad individual, para crear dependencias donde no las había, para someter a la desesperanza a quienes tenían esperanza de sobrevivir enfermedades crónicas o mortales.
No es la condición humana lo que Peña Nieto quiere domesticar (como dijo hace unos días), es la condición de ciudadanas y ciudadanos libres la que quieren someter a un sistema de controles que inhabilita a la gente para hacer lo correcto.
Porque no se trata sólo de rebelarse o de resistir la impunidad, o de marchar ante la injusticia; hay algo más estratégico, más perverso, más típicamente priista al estilo de Echeverría: la reinstitucionalización del paternalismo de la pequeña corrupción ordenada, sugerida y facilitada por las instituciones gubernamentales.
No se trata de negar que hay miles de mexicanos dispuestos a mentir, sobornar o corromperse, sin duda los hay. De lo que se trata es de señalar el condicionamiento estratégico que surge del poder hacia las bases de la pirámide.
Las estrategias de opresión y manipulación para que la sociedad se convierta día con día, entre la pobreza, la basura, la electricidad y la ausencia de salud, en cómplice de un sistema que desperdicia recursos para mantener el estado de opresión que poco a poco medra el ánimo individual, que desgasta, angustia, irrita y distrae a la gente de lo importante.
Vemos ahora más clara que nunca la revolución institucionalizada: los gobiernos haciendo la guerra permanente a la sociedad, para mantenerla atrincherada en sus hogares, en sus problemas, para morir con balas militares, o lentamente en una sala de espera mientras la seguridad social se privatiza.
No es la condición humana que señala Peña Nieto, es la estrategia política la que hay que transparentar y desarticular, cueste lo que cueste.
Twitter: @lydiacachosi
*Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.