Porfirio Muñoz Ledo
La palabra que más resonó en el reciente debate presidencial fue amnistía. En un alarde de ignorancia y mala fe, el aprendiz de fascista Ricardo Anaya condenó esta figura sin el menor análisis; mientras el chacal de Nuevo León propuso una pacificación medieval basada en mutilaciones, lapidaciones y penas capitales. Por ello es indispensable precisar el concepto. La amnistía no es otra cosa que la condición para transitar de un estado de guerra a uno de paz.
Tolstoi, lejos de describir la guerra como una virtuosa experiencia donde se forja la grandeza de un país, expone la monstruosa sangría que acarrea y las indescriptibles penurias que golpean a la sociedad. La estupidez macabra de quienes desatan los cataclismos armados en nombre del patriotismo y valores marciales.
La tranquilidad pública deriva esencialmente de la cohesión social y de la búsqueda infatigable de la verdad. Este es el tema central para entender al país y resolver sus problemas. Estamos envueltos en el culto a la violencia de Estado que desató Calderón, quien debiera ser juzgado por su irresponsabilidad incendiaria. La torpe continuidad del peñismo produjo, en un periodo equivalente, tantos muertos como una revolución prolongada. Esa estrategia se impuso desde el exterior. Es resultado de las servidumbre que pactamos con la política de seguridad de los Estados Unidos en el TLCAN, el ASPAN y la Iniciativa Mérida. Antes, la violencia en México se encontraba en “niveles mínimos históricos”, por lo que no había crisis de seguridad que justificara el despliegue de fuerzas armadas.
Es imperativo cancelar la estrategia fallida. Aplicar mecanismos de paz previstos por la ONU en casos como el nuestro. La amnistía es un paso ineludible. En su etimología griega significa “sin memoria”, esto es, la amnesia formalmente decretada sobre hechos que pudieran calificarse como heroicos o delictuosos. El olvido es distinto del perdón. Éste se expresa en el indulto (indultus) como una gracia concedida por el Jefe de Estado a un condenado por la justicia. En cambio, la amnistía es una decisión legislativa que abarca a un número indeterminado de personas arrastradas a la guerra por la pobreza, la falta de oportunidades o leva forzada. También comprende al personal castrense que por órdenes superiores cometió crímenes como en Tlatlaya. Es famosa la Ley de obediencia debida y punto final promovida por Raúl Alfonsín en Argentina al finalizar la dictadura.
Es preciso juzgar con firmeza a quienes emitieron las órdenes, no a los que las ejecutaron, como explica Hannah Arendt. La amnistía ha sido clave para las transiciones democráticas. El caso español es paradigmático: omitió juzgar los crímenes del franquismo en aras de la gobernabilidad. Los procesos de pacificación en El Salvador, Honduras y Guatemala no podrían ser entendidos sin los Acuerdos de Paz de Esquipulas, igual que el Acuerdo de Paz en Colombia, contemplan la participación política plena de los rebeldes.
Benito Juárez decretó la amnistía a favor “de los enemigos de la República presos por traición, sedición y demás delitos políticos”, aunque fueron fusilados Maximiliano, Miramón y Mejía, cabezas del proyecto imperial. Madero en 1910 propuso amnistía para facilitar que el general Díaz abandonara el poder. Cárdenas promovió una ley similar para militares o civiles que hubiesen participado en rebeliones -incluyendo a los cristeros- durante el convulso período postrevolucionario. Ávila Camacho la concedió a favor de civiles y militares responsables de delitos políticos. Luis Echeverría, en 1976, la promovió para los implicados en el movimiento estudiantil de 1968 y en la Guerra Sucia.
Ahora mismo, en la Asamblea Legislativa de la CDMX, todas las fuerzas políticas aprobaron por unanimidad una amnistía para los procesados por delitos durante las manifestaciones entre el 1º de diciembre de 2012 y 1º de diciembre de 2015.
La amnistía es rigurosamente constitucional. La Carta de 1857 (artículo 72, fracción XXV) y la de 1917 (artículo 73, fracción XXIII) facultan al Congreso de la Unión para concederla. Tiene que hacerse de acuerdo a convenciones y tratados internacionales, respetando los derechos humanos, particularmente de las víctimas. Esta medida es complementaria de un plan focalizado en el financiamiento del crimen organizado, el combate al tráfico de armas y las políticas de prevención y salud pública; no en la criminalización de los últimos eslabones del proceso delictivo, que son también víctimas. Es la reconciliación nacional.
