Elizabeth Castro

SemMéxico

La presentación del “Índice de Estado de Derecho en México” causó revuelo, el documento elaborado por el World Justice Project México (WJP) puso a consideración de especialistas, ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil, lo que parece un panorama poco alentador.

De acuerdo con WJP “el Índice ofrece nuevos datos organizados en ocho factores que enmarcan el concepto de Estado de Derecho: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Los puntajes de estos factores reflejan las perspectivas y experiencias de más de 25,000 ciudadanos en todo el país y de más de 1,500 especialistas, además de los resultados de una multiplicidad de encuestas sobre estos temas.” Es decir, la medición abarcó aspectos sensibles como la percepción ciudadana y datos preexistentes respecto a los temas que conforman el índice y que han sido recabados por el INEGI, la CNDH, el INAI, la SEGOB y el CIDE.

Medir la adherencia al Estado de Derecho es algo complejo, sobre todo en un país que durante los últimos años ha intentado transformar de fondo la procuración y la impartición de justicia adhiriéndose a disposiciones internacionales, y promoviendo el pleno respeto a los derechos humanos; mientras lucha contra los “reformadores” que se oponen a fortalecer el poder judicial y que buscan mermar la autonomía de las nacientes fiscalías para convertirlas en brazos punitivos del gobierno en turno.

Los resultados que presenta WJP nos hablan de los retos que como sociedad deberemos enfrentar, en un momento de cambio y transición se hace necesario demandar el fortalecimiento del Poder Judicial al Congreso de la Unión y a los Congresos Locales. Aspectos como la corrupción, el nepotismo, la opacidad en los procesos judiciales, los malos tratos a las víctimas y la deficiente investigación criminal, deberán ser atacados de fondo en aras de fortalecer el Estado de Derecho en todo el país.

Oaxaca se encuentra en la posición 16 dentro del índice y las calificaciones más bajas las obtuvo en los siguientes rubros: Investigación penal eficaz 0.22, justicia civil asequible y sin procesos burocráticos 0.23, participación ciudadana 0.24, ausencia de homicidios 0.25, cumplimiento regulatorio eficaz 0.27, debido proceso en procedimientos administrativos 0.27, justicia civil expedita 0.28, las personas conocen sus derechos 0.28

Estos ocho componentes indican los mayores retos que enfrenta Oaxaca para la implementación de un estado de derecho, los homicidios, como lo he dicho en notas anteriores, no son casos aislados, sino que dan cuenta de un fenómeno que de no ser atacado seguirá incrementando los niveles de inseguridad en el estado.

Lo que respecta al acceso a la justicia civil, la investigación penal y el conocimiento de nuestros derechos, hacen referencia a las acciones y medidas que el poder judicial de la entidad debería implementar en aras de fortalecer la procuración de justicia, la cual se muestra como el eslabón más débil de la cadena con solo 0.22 en lo que respecta a la investigación, y aunque muchos insistan en decir que el problema es el Sistema de Justicia Penal, los indicadores desagregados muestran lo contrario, no es el sistema sino los ejecutores, quienes deberían investigar no lo hacen, no saben o no pueden o no quieren hacerlo.

Finalmente, la participación ciudadana seguirá siendo un tema pendiente en tanto no existan mecanismos eficientes que la promuevan, en este rubro el derecho al acceso a la información pública obtuvo 0.45 de calificación, es decir, no cumplimos ni con la mitad del ideal requerido.

El Índice de Estado de Derecho en México debe servir como un diagnóstico y una ruta de hacía dónde dirigir la atención del gobierno, qué áreas fortalecer y en cuáles es necesario invertir un mayor número de recursos. Y aunque Oaxaca se encuentra en la posición 16, esto no debería ser un consuelo, por el contrario, debe hacernos reflexionar ¿qué falta para que nuestra entidad mejore?, ¿acaso no podemos aspirar a ser uno de los 10 estados con mejor adherencia al estado de derecho?, ¿qué tienen que decir Rubén Vasconcelos y Raymundo Tuñón al respecto?

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