Porfirio Muñoz Ledo
Resuena en todos los ámbitos de la sociedad la propuesta de una Cuarta Trasformación del país. El referente histórico resulta obvio, ya que alude a un cambio de grandes proporciones semejante a los que ocurrieron cuando la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana. La que estamos viviendo no tiene como desenlace la vía armada, por el contrario conduce a su cancelación. Se trataría, en el sentido hegeliano, de una superación dialéctica: el encuentro de nuevos paradigmas que reemplazan a los ya desgastados y por tanto inútiles. El debate sobre las drogas y en particular el uso del cannabis con fines no sólo medicinales sino lúdicos o “adultos”, encarnan en la urgencia de nuevas soluciones.
Lo propio de los “instantes democráticos”, como diría el Nigromante, es promover que la discusión de las ideas elimine los lastres del pensamiento conservador. La continuidad del espíritu libertario que conduce a la revisión de las normas e instituciones obsoletas. Para los positivistas estos cambios son obligados por evolución de la ciencia. En ese sentido el artículo tercero constitucional es claro: “el criterios que orientará a la educación –léase el Estado- se basará en los resultados del progreso científico, luchara contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”.
La distinguida jurista Olga Sánchez Cordero ha vuelto a ponerle el cascabel al tigre, proponiendo -en su talante progresista- los lineamientos generales para la regulación de la marihuana es su siembra, cultivo, cosecha, producción, etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, transporte, distribución, venta y comercialización. La reglamentación por parte del poder público a fin de encontrar “un equilibrio entre los programas de prevención y atención de adicciones y la realidad económica”. Se han retomado los más relevantes estudios de agencias internacionales, así como experiencias nacionales y locales que son alentadoras para el diseño de de una nueva estrategia.
Con enorme retraso nos proponemos revertir decisiones inoperantes tomadas hace cuarenta años a nivel mundial, mediando la sumisión de los países productores respecto de los consumidores y en el caso mexicano la abdicación de soberanía por la vía de nuestra inserción en el programa de seguridad de los Estados Unidos. A contracorriente la OEA trazó escenarios distintos para atajar el problema. Su informe se inclinó hacia la despenalización del consumo como elemento central de cualquier estrategia. Quedó claro que “la vía policial y represiva conduce al estancamiento, mientras se ignora que la drogadicción es una enfermedad y como tal hay que tratarla”. En 2016 la sesión especial de la ONU sobre drogas abogó a favor de otorgar alternativas para los consumidores, a través de políticas coordinadas que, sin atentar contra el derecho a la autoderminación personal, combatan las adicciones, desmantelen las complicidades e incrementen la capacidad del Estado para prestar servicios de salud.
Todas las luchas tienen padres fundadores. Entre nosotros las decisiones del general Lázaro Cárdenas, inspiradas por el Dr. Leopoldo Salazar Viniegra, a través de las cuales el Estado monopolizó la venta de enervantes en dispensarios públicos que dosificaban medicamente con el objeto de obtener resultados objetivos en la salud pública. Los reportes de seguridad de ese tiempo revelaron que la despenalización de esas drogas y su administración erradicaron el poder de los narcotraficantes y disminuyeron el tráfico ilegal.
A veces la Suprema Corte es menos conservadora de lo que suponemos. Desde el 2015 avaló el derecho fundamental de las personas mayores de edad a decidir libremente sobre sus actividades lúdicas, lo que en consecuencia invalida artículos de la Ley General de Salud. Sólo una política enérgica de salarios, empleos e inclusión social haría posible rescatar a una parte significativa de los más de quinientos mil individuos reclutados hoy por la delincuencia organizada, como lo afirma la Universidad de Harvard. La Comisión Latinoamericana de Drogas y Democracia nos ha ofrecido la receta: despenalizar el consumo de la marihuana y elevar las condiciones de vida y salud de la población.
