Porfirio Muñoz Ledo
El Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana, estableció que si la remuneración básica de los trabajadores recuperara durante este sexenio el valor adquisitivo que se alcanzó en 1976, se efectuaría la distribución más efectiva del ingreso que haya habido desde la Reforma Agraria. Sería además una señal consistente de que comienza a abandonarse el ciclo neoliberal e instaurar otro que pretende reducir las enormes brechas de desigualdad entre los mexicanos, como fuente de productividad y ampliación del mercado interno.
Representa también una herencia indiscutible de Ricardo Flores Magón en su proyecto de regeneración nacional. Postula la obligación del Estado, como parte integrante de la comisión responsable de fijar esas remuneraciones, de garantizar el mandato constitucional que a la letra dice: “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.
Durante los últimos cuarenta años el salario mínimo se ha depreciado en 82%, hasta el 1 de enero de este año. Ello nos ubica, según la CEPAL, como el único país de América Latina en el que su ingreso básico era inferior a la línea de bienestar. La OCDE señala por su parte, que la mano de obra mexicana es la peor pagada de los 35 países miembros. Se ha comprobado además, a lo largo del período en el que estuvo vigente el TLCAN, que una de las causas más poderosas de la migración ha sido la pauperización de las remuneraciones del trabajo. La relación entre el salario promedio norteamericano y el mexicano pasó de 5 a 1 en los años setentas a 17 a 1, según un informe reciente del Congreso de los Estados Unidos. Desde que se decidió la renovación de ese tratado se desató tanto en Canadá como en la Unión Americana, la exigencia elemental de compatibilizar los salarios en los tres países a fin de evitar el “dumping laboral”.
La promoción de la Secretaria del Trabajo para llevar el salario mínimo a $102.68 pesos y en los estados fronterizos a $176.72 pesos, coloca por primera vez en cuatro decenios a esa remuneración por encima de la Línea de Pobreza por persona. A pesar de los avances conseguidos, es menester utilizar los criterios basados en estudios objetivos por parte de organismos autónomos, que define con claridad la porción que se destina al salario dentro del sector productivo. Por ejemplo, Coneval sostiene que cuatro de cada diez trabajadores mexicanos recibe un salario que no alcanza para adquirir los insumos de la canasta alimentaria familiar, calculada con base a dos dependientes económicos. Por añadidura, el Inegi señala que en 26 de las 32 entidades federativas el ingreso laboral empeoró entre el segundo y tercer trimestre del 2018, como consecuencia del incremento de los precios de los productos incluidos en la Línea de Pobreza Extrema.
La decisión tomada va en sentido correcto, pero hemos considerado indispensable reforzarla mediante un mecanismo permanente con fuerza de ley, que establezca el salario mínimo en dos veces la Línea de Pobreza por Ingreso Urbana, lo que equivaldría a $6,072.48 pesos mensuales por trabajador. Una medida paliativa como la que este gobierno ya tomó se convertiría en una política permanente con objetivos económicos de expansión y efectos sociales de dignidad.
