Manuel Ibarra Santos

En el informe del presidente López Obrador, presentado el domingo pasado a la Nación, en su apuesta no sólo por un cambio de gobierno sino de régimen, reiteró su ofrecimiento de sentar las bases para derrumbar la dictadura de la corrupción, flagelo pernicioso que le cuesta al país casi 10 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto Nacional, que se traduce en miles de millones de pesos, que se van por  la cañería y que, de lo contrario, serían suficientes para combatir la desigualdad y la pobreza social que afecta a la sociedad mexicana.

Liberar a México del pacto de impunidad y de corrupción del que han gozado las elites políticas privilegiadas, es una de las más altas prioridades del gobierno de la República y más cuando se ha significado por ser una de las demandas más sentidas de la sociedad.

Desmontar el edificio de la democracia corrupta y del Estado corrupto, que ha dominado por años y décadas la vida de México, sería suficiente para presumir que se ha convertido en un éxito la cuarta transformación (4T). Pero combatir este fenómeno resultará difícil y complejo, sino se constituye en una responsabilidad colectiva y no solamente en una tarea aislada del jefe del Ejecutivo federal.

El deshielo y transformación del viejo régimen en uno nuevo, tiene que pasar necesariamente por dinamitar las estructuras institucionales de la corrupción.

Andrés Manuel López Obrador insistió en su informe que el esfuerzo que realiza está dirigido a la construcción de un nuevo régimen político. Para lograr ese fin, se requiere concretar varios objetivos adicionales: 1).-construir un renovado sistema nacional de partidos, porque el actual resulta inoperante para la democracia mexicana; 2).-forjar un modelo económico justo, diferente al que ha prevalecido en las últimas décadas; y 3).-impulsar la re/ingeniería de las instituciones públicas del Estado mexicano, debido a que las heredadas por los anteriores gobiernos son profundamente anacrónicas.

López Obrador se ha propuesto como meta -de manera obsesiva y tozuda- lograr la transformación del país. El camino y las decisiones que se tomen, podrían ser traumáticas y complejas, por los intereses enraizados que se estarán tocando.

LA LEGITIMIDAD DE AMLO.

Andrés Manuel López Obrador llegó al contexto de la presentación de su informe cubierto y protegido por una fuerte capa de legitimidad y legitimación política, avalado por el 70 por ciento de los mexicanos, según dieron cuenta la mayoría de las encuestas realizadas en esta coyuntura. Muchos argumentaron que ese nivel de apoyo obedeció a los programas sociales ejecutados en este periodo.

Los adversarios y enemigos de López Obrador y de la Cuarta Transformación (4T) tuvieron que digerir los datos demoscópicos que revelaron los elevados niveles de apoyo con que cuenta el presidente de la República. Los opositores se replegaron y tendrán que repensar sus argumentos y propuestas para erosionar la popularidad de AMLO.

Gracias a los programas sociales, en estos nueve meses, el gobierno federal entregó apoyos a 8 millones de adultos mayores que representan el 94 por ciento del total de los existentes en el país; se han otorgado en conjunto 10 millones de becas a estudiantes de todos los niveles escolares; 790 mil discapacitados han recibido ayudas económicas específicas; y 930 mil “ninis” han sido beneficiados a través del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, entre otras acciones.

En una actitud autocritica López Obrador aceptó la urgencia de contar con mejores resultados en economía, al igual que en políticas de prevención y combate a la inseguridad y el crimen organizado.

RETAZO INFORMATIVO: ¿EDUCACIÓN DE CALIDAD?

Reconocimiento a la eficiencia o a la ineptitud. En este marco de acontecimientos, en el sector educativo se realizaron algunos cambios burocráticos. Llego a la subsecretaría de educación media superior y superior, Ubaldo Ávila, quien en el gobierno de Miguel Alonso se desempeñó como subsecretario de educación básica y normal.

En lo que no se deparó al hacer el nombramiento, es que en esa área se ubicaron algunos de los responsables de la pasada administración que no trabajaron en la conciliación oportuna con la federación sobre el número de plazas para ser incorporadas al FONE, a fin de que pudieran ser financiadas por el Gobierno de la República, hecho que mantiene con un gran boquete financiero a la administración de Alejandro Tello. Ubaldo Ávila tiene mucho que explicar al respecto: ¿Por qué no lo hizo? ¿Cuál es su involucramiento en ese evento? ¿Fue por omisión? ¿Quién más estuvo implicado? ¿Quién se lo recomendó al gobernador, porque esa persona no le ayuda, en nada?

Con el tiempo dicha designación, está en riesgo de convertirse en un monumental reconocimiento a la irresponsabilidad. Y eso también es corrupción.