Manuel Ibarra Santos

El litigio que en la actualidad se discute en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el cobro en Zacatecas de impuestos ambientales, pone en el centro del debate un tema de la mayor importancia para la república, que tiene que ver con la construcción de un renovado pacto fiscal federal, que permita una distribución más justa y equitativa -a Estados y municipios-, de los ingresos producto de la recaudación tributaria nacional.

Ese es el mérito de la iniciativa tomada por Jorge Miranda, secretario de Finanzas de la administración estatal, quien formuló, hace un par de años, la propuesta de gravar fiscalmente en materia medio/ambiental las actividades de las grandes empresas, muchas de ellas trasnacionales, que operan en Zacatecas, con el interés de obligar a que estas compañías dejen más recursos económicos para el desarrollo de la entidad.

El otro objetivo fue plantear políticas tributarias innovadoras en materia de carácter ambiental.

En la actualidad la Federación ejerce y controla el 80 por ciento de los ingresos tributarios de la nación, lo cual es un indicador del asfixiante centralismo prevaleciente que dibuja, además, el fenómeno de que en México ha existido por siglos un federalismo de cabeza y al revés.

El artículo dos de la Ley de Coordinación Fiscal estipula que el Fondo General de Participaciones a Estados y municipios se constituirá sólo con el 20 por ciento de la recaudación tributaria nacional. Pero el grueso del pastel, es decir, el 80 por ciento de los impuestos, los concentra el gobierno de la República. Se necesita ya modificar esa inercia de la historia.

En los países auténticamente federalistas, sobre todo los de la Unión Europea, destinan a los gobiernos locales hasta un 40 por ciento de la recaudación fiscal nacional, mientras a las administraciones centrales se le canaliza un 60 por ciento.

En México, la recaudación de Estados y municipios representa apenas el 0.9% del PIB/Nacional, mientras que el promedio del resto de los países de la OCDE es del 5.5 por ciento.

En nuestro país se requiere incrementar las competencias recaudatorias de los gobiernos locales, para romper la dependencia asfixiante que tienen de la federación.

LOS IMPUESTOS AMBIENTALES Y LA CORTE.

Ante la propuesta de Miranda Castro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación convalidó constitucionalmente que el Estado pueda cobrar los impuestos de emisión de gases a la atmósfera, así como el de emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua.

En cambio, se invalidó el impuesto por remediación ambiental en la extracción de materiales, por ser competencia de la Federación e igualmente se declaró inconstitucional el impuesto al depósito o almacenamiento de residuos, pues va en contra de la proporcionalidad tributaria, argumentó la Corte.

El mérito de la iniciativa de Jorge Miranda está en que tuvo la visión y la determinación <el carácter, pues> de plantear una alternativa sobre impuestos ambientales y de proponer una revisión que fortalezca al federalismo fiscal mexicano, para que a Estados y municipios se les den mayores competencias y potestades.

La propuesta jurídicamente bien argumentada del zacatecano secretario de finanzas, marca un precedente de positivo debate, altamente razonable para instrumentar políticas fiscales más justas y equitativas.

MÉXICO Y LOS IMPUESTOS ECOLÓGICOS:

En la actualidad México es el país perteneciente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que menos impuestos ambientales tiene y cobra, e incluso se ha llegado al extremo de que en ocasiones se les ha condonado y subsidiado, con la finalidad de mostrar interés en la promoción y estímulo a la inversión de capitales privados.

Existen naciones de la Unión Europea (como Italia, Finlandia, Dinamarca, Países Bajos y Suecia, entre otros) con ingresos fiscales por el cobro de impuestos ambientales que representan en promedio el 4.5% de su producto interno bruto; en México apenas representan el 0.1 por ciento de su PIB, lo revela el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).

En el territorio zacatecano dominado por grandes empresas mineras, se requiere explorar nuevas políticas fiscales para gravar con justicia la industria extractiva, para que no dejen sólo limosnas y miserias a la población.