Opinión
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Unam6HazelZamoraLucía Melgar Palacios/ Transmutaciones

Cimacnoticias

Mientras la atención del público se distrae con ocurrencias gubernamentales, los problemas urgentes se acumulan y agravan. Además de los ataques a críticos y personas defensoras del territorio, entre otros, sigue su curso la violencia contra las mujeres, desde el acoso tolerado, la ausencia de justicia para las víctimas de violación, hasta la desaparición sin fin de mujeres y niñas, y ahora la estigmatización en el discurso oficial (y filtraciones falaces) de quienes denuncian las violencias machistas en la UNAM (situación que urge resolver con diálogo inteligente y abierto).

Aunque cada caso tiene aristas y matices distintos, hay que insistir en que estas violencias no se van a difuminar con descalificaciones, medidas “apagafuegos” o discursos “bien intencionados”, sino con políticas públicas integrales para mujeres y niñas, basadas en la profesionalización en Perspectiva de Género de los servidores públicos.

Aunque se han presentado múltiples argumentos para preservar el tipo penal del feminicidio, es evidente que el gobierno hace oídos sordos y que el propio fiscal de la república no tiene claro ni lo que es “género” ni la especificidad de la violencia que se ejerce contra las mujeres. Por ello, además de insistir en que este delito se mantenga en el Código Penal Único, hay que subrayar la urgente necesidad de profesionalizar en perspectiva de género, de arriba a abajo, a todos los servidores públicos, en particular al personal del sistema de justicia, para que entiendan qué es la violencia contra las mujeres, sus motivos particulares, y ejerzan cabalmente sus responsabilidades, y acabar con la negligencia e irresponsabilidad, ya condenadas, entre otras, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de “Campo algodonero”.  

Profesionalizar en violencia, con PEG, a todo el personal de justicia es urgente también para que traten de manera adecuada a quienes denuncian violencia sexual, acoso o violencia familiar, en vez de maltratarlas e inhibir la denuncia. Profesionalizar, que no “sensibilizar”, al personal permitirá además diseñar políticas públicas para prevenir estas violencias, que no van a disolverse con acciones y alertas improvisadas. Las experiencias exitosas de prevención requieren de tiempo, planeación, redes de profesionales, ética y compromiso, y participación ciudadana.

Brindar una atención acorde a la magnitud y complejidad de este problema también exige responder a las necesidades diversas de la población femenina. Llama la atención, en este sentido, que en la recién “inaugurada” Agencia modelo especializada en delitos sexuales-6 la remodelación (incompleta) incluya espacio para niñas y niños pero no para adolescentes, quienes necesitan un trato especializado. También es inadecuado que se siga invisibilizando la violencia sexual contra mujeres mayores enviándolas a otra instancia de “adultos mayores” como si ellas no padecieran también violencia machista. Si esto sucede en una instancia “especializada”, es obvia la necesidad de cambio en otras.

La urgencia de conjuntar prevención, atención profesional y sanción efectiva, con PEG, puede ejemplificarse con casos de niñas y mujeres violadas que a veces ni siquiera saben que deben buscar tratamiento médico inmediato y se enteran meses después que están embarazadas, o que intentan denunciar y no pueden, porque no hay ministerio público disponible o éste o la médica legista las maltratan. Así aumenta la cifra negra y los violadores quedan en libertad de acechar a otras víctimas.

Las violencias machistas siguen dejando a mujeres, niñas y familias en la indefensión por la negligencia de autoridades incapaces de reconocer que prevenir y combatir la violencia machista exige profesionales, con sentido ético. Necesitamos por ello que las instancias a cargo de la política de igualdad y contra la violencia defiendan los derechos de las mujeres, en coordinación con la sociedad organizada, y exijan los recursos necesarios para la profesionalización de su personal y el de instancias como la FGR, para prevenir y sancionar esta violencia y brindar a las víctimas la atención que merecen.   

Es lamentable que quienes encabezan Inmujeres, Conavim, Segob e instancias locales encargadas de la “política de género” sigan callando ante la ausencia de política de Estado para las mujeres.

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