Opinión

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Poco a poco, los zacatecanos hemos ido pasando de experimentar asombro ante los hechos de violencia que segan la vida de las personas, a una especie de resignación que te inmoviliza y ofusca el pensamiento. Hace un mes, cuando el presidente López Obrador visitaba nuestro estado, Fresnillo le dio la bienvenida con 13 homicidios ocurridos en la madrugada de ese viernes 26 de febrero. Este jueves santo, se dio cuenta de 9 más en solo 24 horas.

De nada sirve recordar aquel “contrato con Zacatecas”, del entonces candidato a gobernador Alejandro Tello con la ciudadanía, profusamente difundido el 5 de mayo del 2016 en plena campaña electoral, donde se establecían sus compromisos para garantizar la seguridad y que se firmaba al calce por el hoy jefe del Ejecutivo del Estado con la famosa frase: “si no cumplo me voy”.

Y es que, el Informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común, del Centro Nacional de Información al corte del 28 de febrero de 2021, ubica a Zacatecas, por segundo mes consecutivo, como el número uno en mayor número de víctimas de homicidio doloso a nivel nacional sin que se escuche en correspondencia ningún cambio de estrategia ni de mandos.

Por años han tratado de convencer a los zacatecanos, que se trata de ajuste de cuentas y enfrentamiento entre grupos del “crimen organizado” para, con ello, justificar la falta de resultados en el logro de la seguridad pública que merecemos todos los zacatecanos, y que aún seguimos esperando. Sin embargo, un día sí y otro también, se da a conocer la muerte de zacatecanos, todo ellos honorables mientras no se demuestre lo contrario, que sin deberla ni temerla, son victimados en actos de violencia. Baste recordar al médico especialista Héctor Ruiz Calzada y al MVZ Juan Alberto Piña Flores, ambos reconocidos y estimados integrantes del personal docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas y dedicados a su profesión.

Según el Artículo 3 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública de Zacatecas, “la función de seguridad pública es una responsabilidad conjunta del Estado y sus municipios, que se desarrollará en sus respectivos ámbitos de competencia, por conducto de las Instituciones Policiales, del Ministerio Público, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, de las autoridades en materia de justicia para adolescentes, así como por las autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley”.

En otras palabras, no hay ni para donde hacerse, en las autoridades zacatecanas y sus instituciones está la responsabilidad esencial para otorgar el preciado servicio de la seguridad a los habitantes del estado. Es una pena que a 4 años 6 meses de ejercicio, y a medio año de su conclusión, el actual gobierno del estado, no haya logrado contener la violencia generalizada que atenta contra la vida, y tampoco reconocer la fallida estrategia para darle un giro a tiempo y tratar de mejorar las cosas. Ahora, tiempo ya no hay porque se está a punto de concluir el mandato. Es demasiado tarde. Tello no cumplió ni se fue.

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