Lucía Melgar Palacios/ Transmutaciones

Cimacnoticias

El 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró en un comunicado “el valor de quienes dicen la verdad”, pese a la intimidación y aún a riesgo de su vida, y reafirmó “el papel esencial del periodismo y los medios libres” en todo el mundo, contra los abusos de poder y en favor de la información y la verdad. Se comprometió además a “promover medios libres, independientes y diversos alrededor del mundo”.

Esta postura contrasta con la de su antecesor, aficionado a atacar a los medios como “mentirosos”. Contrasta también con la del presidente de México, quien con frecuencia denuesta a medios y periodistas en un país donde el periodismo es una profesión de alto riesgo.

Si bien en México no hay leyes que formalmente censuren la información y hace unos meses fracasó el intento de promover una regulación del internet que implicaba censurarlo, quienes buscan informar con verdad acerca de la realidad enfrentan una situación compleja, plagada de obstáculos y peligros, sobre todo si se ocupan de asuntos que afectan los intereses obscuros de funcionarios, personajes públicos, empresas o criminales.

Como sabemos, desde hace dos décadas se han incrementado en México los ataques directos a profesionales de la comunicación al grado de que éste es uno de los países con mayor número de asesinatos, amenazas y otras formas de intimidación contra quienes develan verdades incómodas. A los asesinatos, desapariciones y ataques directos más impactantes, se añaden otras agresiones insidiosas como el abuso de las leyes para amedrentar al mensajero, lo que Artículo 19 denomina “acoso judicial” en su informe “Leyes del silencio”, también difundido el lunes.

En este estudio sobre la manipulación de la ley contra periodistas y medios en México y Colombia, la organización defensora de la libertad de expresión y el derecho a la información señala que las demandas penales, civiles y administrativas con el fin de acallar a periodistas aumentaron de una en 2015 a 13 en 2016, 21 en 2018 y 2019 y ¡39 en 2020!

Las demandas  penales por delitos de interpretación dudosa como “calumnia”, “difamación”, “injuria”,  las demandas civiles por “daño moral”, o los recursos al concepto de “propiedad intelectual” para obligar a eliminar contenidos de la red, se han usado en particular contra quienes cubren asuntos de  “corrupción, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y nepotismo”. 

Los casos específicos que sintetiza Artículo19 evidencian la animadversión a la transparencia y la crítica por parte de gobiernos y empresarios opacos y la colusión o ignorancia de los jueces, con valiosas excepciones. Además de la conocida demanda por “daño moral” contra Sergio Aguayo, se documentan casos menos publicitados, como el del abogado Roberto Saucedo y el periodista Arnoldo Cuéllar, acusados del mismo delito por funcionarios municipales y un empresario televisivo de Guanajuato que se sintieron afectados por la publicación de información acerca de contratos millonarios que podían implicar, entre otros, tráfico de influencias y “quebranto a las arcas municipales”. Como otros, los demandantes pedían “indemnizaciones” millonarias.

En Guanajuato este intento de censura no prosperó ya que, apegándose a la constitución y a lineamientos internacionales, la magistrada León López determinó que la información difundida tenía “relevancia pública”, no afectaba la intimidad de los involucrados y estaba protegida por la constitución. Este desenlace positivo demuestra la urgencia de que el poder judicial conozca la legislación nacional e internacional que protege la libertad de expresión, esté comprometido con la democracia y actúe con ética.

Aunque las agresiones físicas, los asesinatos y desapariciones de periodistas son más graves, estas manipulaciones de la ley contra la libertad de expresión también dañan: provocan daño psicológico, y económico, afectan a los acusados y a sus familias, y agravian en última instancia a la sociedad que ve limitado o coartado su derecho a saber.

Como expresó Biden en su comunicado “los ataques a la prensa son ataques a la democracia”.