Manuel Ibarra Santos
La endémica violencia criminal que azota a Zacatecas, producto de la lucha de los cárteles por el control territorial del mercado de las drogas, ha detonado un nuevo fenómeno desgarrador y doloroso, que hacía tiempo no se presentaba en la entidad, y que es el asociado al desplazamiento humano forzado de cientos de familias y de miles de personas que huyen de sus lugares de origen para resguardarse del clima de inseguridad que se padece.
Se ha reconocido por la autoridad en nuestro estado (por cierto, con bastante cinismo) que decenas de familias de comunidades rurales de los municipios de Monte Escobedo, Valparaíso y Jerez han tenido que huir de la violencia criminal que se experimenta en sus poblaciones, dejando olvidadas viviendas, tierras de labranza y demás bienes patrimoniales.
Sí durante décadas los zacatecanos han emigrado a otras entidades de la República y al vecino país del norte en la búsqueda de empleo digno o para no morirse de hambre, ahora lo hacen para no perder la vida en el cruce de las balas de las metrallas de los grupos delincuenciales.
En todo caso otros huyen también de sus comunidades para no terminar siendo reclutados, de manera forzada, para integrarse a las filas de los cárteles del narcotráfico.
El asunto no es sólo reconocer el fenómeno del desplazamiento forzado de miles de zacatecanos, sino de preguntarnos qué está haciendo el aparato de Estado para garantizar la protección de los derechos humanos de estos ciudadanos a vivir en paz, a la vivienda, al trabajo, a la alimentación, a la educación, a la salud de calidad y a gozar de medios dignos para la subsistencia.
Y si, el primer gran obstáculo a que se enfrentan las personas desplazadas de sus tradicionales lugares de origen de residencia, es a la escasez de medios para la subsistencia.
La última y más dantesca y traumática experiencia vivida en nuestro Estado relativa al desplazamiento forzado de seres humanos, debido a la violencia, se registró hace 107 años.
En 1914 huyeron de nuestra entidad, cientos y miles de familias, dejando virtualmente como poblaciones fantasmas sus comunidades, producto de la violencia revolucionaria vinculada a la batalla de la Toma de Zacatecas.
En esa ocasión, la estructura productiva y ocupacional se desmoronó, la hambruna cayó como un azote apocalíptico y la poca gente que se quedó desfalleció finalmente en una era de muerte, de incertidumbre y oscuridad.
Ahora, no es la violencia revolucionaria, pero si la violencia criminal, la que está provocando que cientos de familias zacatecanas tengan que huir para protegerse de la acción de los cárteles del narcotráfico. Es este un escenario cruel y trágico, que se profundiza debido a la incapacidad mostrada por el gobierno para proteger a los ciudadanos.
VIOLENCIA CRIMINAL VERSUS VIOLENCIA REVOLUCIONARIA:
Los hechos traumáticos que registra Zacatecas, nos acercan también a deslindar, distinguir y diferenciar las concepciones de lo que es la violencia revolucionaria de la violencia criminal, ésta última tan omnipresente en la actualidad en todas las latitudes de la geografía zacatecana.
Las revoluciones y las rebeliones sociales son fenómenos de identidad colectiva, que surgen del ímpetu ciudadano y de los núcleos organizados del poder para propiciar cambios, destruir viejos regímenes y construir nuevos.
La violencia criminal se desprende, en cambio, de la acción subversiva de las mafias para privilegiar el desorden, la impunidad y la ilegalidad. Trasgredir la ley y operar en la complicidad de autoridades deshonestas, es la base de la acción del crimen organizado.
Los altos índices de violencia criminal que hoy se viven en Zacatecas, no solamente están influyendo en producir una radical descomposición del tejido social, en calentar la economía, en pervertir las prácticas democráticas, sino también en estimular los dolorosos procesos de desplazamiento forzado de muchas familias y de miles de personas.
La violencia criminal se ha constituido en otro motor del fenómeno migratorio que ha caracterizado y distinguido por años a la sociedad zacatecana.
DESPLAZAMIENTO Y TRANSICIÓN GUBERNAMENTAL.
El desplazamiento forzado de familias y personas en Zacatecas se manifiesta y hace presente, en forma exponencial, coincidiendo con el proceso de transición gubernamental, así como con la terminación de la administración de Tello y la llegada de David Monreal, al gobierno de la entidad.
Uno de los fuertes compromisos que tendrá el gobierno de Zacatecas que entra en funciones el próximo 12 de septiembre será, precisamente, trabajar para reducir los altos niveles de violencia criminal que experimenta la sociedad. Pacificar la entidad es una de las mayores prioridades.
Pero junto a esto, se deberá avanzar en el diseño de un plan estratégico integral de apoyo en beneficio de las familias y las personas que han sido desplazadas de sus lugares de origen, debido a la inseguridad pública que padecen.
Será irresponsable no trazar líneas de acción gubernamental para atender las consecuencias de este lacerante fenómeno del desplazamiento forzado de seres humanos.
