Lucía Melgar Palacios /Transmutaciones

Cimacnoticias

El debate acerca del aborto está desde hace décadas plagado de falacias. La Iglesia católica ha contribuido a la confusión con sus ataques contra la “ideología de género”, espantapájaros que distorsiona los postulados del feminismo y de los estudios de género.

No son nuevos entonces los gritos de “sí a la vida, no al aborto” que el domingo pasado recorrieron Reforma y otras avenidas del país. Lo nuevo y preocupante es la espectacularización de la maternidad adolescente que se llevó a cabo en la Ciudad de México mediante un ultrasonido realizado en público a una chica de 15 años con un embarazo cercano a término.

Si bien toda creencia religiosa o ausencia de ésta merece respeto y está protegida por la Constitución, manipular las creencias o convicciones personales con fines políticos impide, o cuando menos, obstaculiza las decisiones informadas. En este caso, el Episcopado , junto con organizaciones antiderechos, convocó a marchar en todo el país “por la mujer y  por la vida”, contra las determinaciones de la SCJN contra la criminalización total del aborto y la libertad de conciencia médica ilimitada.

Además de preguntarnos, si en un Estado laico es correcto que la jerarquía religiosa intervenga abiertamente en la vida pública o participe en una manifestación, cabe volver a señalar la apropiación del discurso “de la vida” para afirmar dogmas contrarios a la ciencia, que ni en el propio catolicismo son absolutos.

Seguir mintiendo acerca del inicio de la vida, equiparando embrión y feto; abogar porque en las constituciones estatales se proteja “la vida desde la fecundación”; mentir sobre las consecuencias del aborto en la salud física y mental de las mujeres, con estudios falsos, como han documentado diversas especialistas, y plantear que con la prohibición del aborto y su criminalización se defiende a “la mujer” y a “la vida”, es alzarse contra los derechos y libertades de niñas, adolescentes y mujeres, cuya autonomía ya está restringida por la violencia, la violencia sexual, la precariedad y la doble moral.

Habrá quien diga que “el 48 por ciento de la población está contra el aborto”, lo cual es dudoso: la medición depende de cómo se  formule la pregunta. Cuando se indaga si alguien está de acuerdo con penalizar a la mujer que aborta, el porcentaje es mucho menor; en cambio si se equipara el aborto con un “genocidio”, como se dijo el domingo, y se habla de “asesinatos” de bebés, no hay quien pueda estar de acuerdo. La cuestión es que con 12 o 14 semanas no hay “bebé” sino embrión, vida en potencia no viable ni, menos, “persona”.

Los grupos antiderechos repiten este discurso falaz, rebatido desde la ciencia y las ciencias sociales, porque “la defensa de la vida” apela a las emociones. Nada dicen, en cambio, acerca de las vidas mutiladas por la violencia sexual o el feminicidio. Esas vidas no importan.

Ahora distorsionan también la decisión de la SCJN sobre la objeción de conciencia médica como si convirtiera a los médicos/as en víctimas de un Estado cruel y no se limitara a delinear normas para impedir que con la objeción aplasten los derechos de las mujeres o pongan su vida en peligro.

Si ya la propagación de falacias es preocupante, usar a una adolescente de 15 años para espectaculizar la imagen del feto, exhibir a la chica y aplaudir este atentado a su privacidad como un magno” baby shower”, es deleznable. También es mentiroso: la defensa del aborto legal y seguro no elimina plazos ni atenta contra la maternidad elegida.

Ante este uso y abuso de una menor de edad, la Secretaría de Gobernación y el Inmujeres no pueden callar ¿Dónde quedó la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes? ¿Qué consentimiento pudo dar “Ana”? ¿Por qué se escogió a una menor de edad para exhibirla así? ¿No preocupa que una chica de 15 años esté embarazada?

La legalización del aborto, por demás limitada en cuanto existen causales explícitas y en los cuatro estados donde se ha despenalizado los plazos son cortos, no obliga a nadie a interrumpir su embarazo, sólo permite que quienes no pueden o no quieren continuar un embarazo tengan la posibilidad de interrumpirlo sin arriesgar su salud y su vida.

La despenalización es un acto de justicia social, en favor de una maternidad libremente elegida para todas las mujeres.