Manuel Ibarra Santos

           La violencia alcanzó en Zacatecas ya una cúspide inusitada, nunca antes vista en la entidad, que se ha manifestado como una epidemia roja que está dejando una estela de muerte por todo el territorio y que parece indicar que el crimen organizado <como lo expresó en sus teorías el sociólogo Charles Tilly>, ha servido, desde una perspectiva conspirativa, para reconstituir las estructuras del Estado y propiciar una purga entre las élites políticas y gobernantes.

            En su memorable ensayo “Guerra y Construcción del Estado” (1980), el politólogo norteamericano Charles Tilly (1929/2008) confirió al crimen organizado y a la violencia que éste genera, un papel fundamental en la conformación de las estructuras estatales y en el control de los grupos políticos mediante la coacción, la intimidación y la extorsión.

            Desde esa concepción, la violencia criminal y el control de la fuerza, son elementos y condiciones determinantes para la formación, surgimiento y estabilidad del aparato de Estado.

            Incluso, narra Charles Tilly, que en muchas nuevas democracias de Centro América y el Cono Sur, han utilizado este mecanismo de legitimación, a través de uso de procedimientos ilícitos (y de grupos criminales), para controlar a las tradicionales élites económicas y financieras corruptas, que se oponen al cambio de régimen.

            Por si fuera poco, se concibe también a la violencia y a la guerra criminal, como el principio de la acumulación de capital, la monetarización de la economía y la construcción de las nuevas estructuras burocráticas que permitan al Estado el control férreo de la sociedad y sus grupos.

            El Estado se convierte así, en un actor racional criminal, cuya función esencial es la coacción e intimidación de los grupos sociales y la purga de las élites políticas, sobre todo de aquellas que se han convertido en un obstáculo para proyectos de una nación determinada. ¿Estará pasando eso en Zacatecas?

            Surgen otras preguntas que debemos hacernos al respecto: ¿En nuestro Estado se estará utilizando la fuerza de la violencia criminal para hacer los ajustes y purgas entre las élites políticas? ¿En la lucha por el poder, el pueblo se ha quedado en medio de la guerra? ¿El calentamiento de la plaza mediante el crimen, es una forma de evidenciar las debilidades de los grupos en el poder?

            Solo el tiempo mismo nos irá aportando elementos de racionalización y entendimiento pleno de las causas y orígenes de la violencia criminal que hoy experimenta Zacatecas y que se manifiesta como un azote que afecta todas las dimensiones de la sociedad.

            Lo que es cierto es que el fenómeno de la violencia amerita ser enfrentado con políticas integrales de corte transversal, no sólo policiacas y criminológicas, sino también que involucre una movilización de esfuerzos sociales, culturales y económicos.

            Entre más se tarde la implementación de acciones concertadas y debidamente planeadas, mayores serán los efectos perniciosos en contra del desarrollo de Zacatecas.

            De hecho, la violencia criminal se ha erigido como una pesada losa que presiona en contra del crecimiento económico y el desarrollo humano pleno de Zacatecas.

            La epidemia de la violencia criminal en el Estado de Zacatecas está dejando consecuencias y repercusiones ominosas, brutales y ruines por su impacto, que tendrían que estarse combatiendo con eficacia y eficiencia desde las instituciones públicas y en alianza con la sociedad organizada.

            Por lo demás, efectivamente, el combate a la violencia criminal requiere de la adecuada coordinación entre los tres niveles de gobierno, en donde la administración federal tenga un papel protagónico central.

            Pero sin duda, en Zacatecas se debe tomar la iniciativa de diseñar un plan estratégico de acción, con un conjunto de políticas que operen tareas, no sólo en el ámbito policiaco y criminológico. Se debe ir más allá de eso.

            El combate de la violencia criminal requiere, igualmente, de acciones en materia de políticas sociales, culturales y económicas. Esto es esencial, para integrar un amplio frente de políticas, de corte transversal, que involucre de manera responsable, por igual, a todos los entes públicos y a la sociedad.

            El fenómeno reclama de una movilización del Estado y la sociedad organizada, para enfrentar en conjunto el problema de la violencia criminal que hoy experimenta al pueblo zacatecano.

            Y es evidente que, entre más se tarde en actuar con eficacia por los organismos públicos competentes, los daños que se propicien en contra de la sociedad zacatecana, será más severos y devastadores.

            El desafío “rojo”, el de la violencia criminal, exige una atención eficaz y debidamente planificada.