Rosalba Rivera*/ Nuestras voces en el camino
Cimacnoticias
El pasado 11 de octubre se conmemoró el Día Internacional de las Niñas, establecido el 19 de diciembre de 2011 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para reconocer sus derechos y los desafíos que enfrentan en el mundo. Parte de éstos son los relacionados con la movilidad.
México enfrenta un contexto complejo y contradictorio en la práctica para respetar los derechos humanos de la niñez y la adolescencia migrante en su territorio. En 2021, el número de niñas y adolescentes migrantes en nuestro país continúa aumentando -de enero a agosto de 2021 los eventos de detención de niñas y adolescentes subió en un 332 por ciento, pasando de 2 mil 616 en 2020 a 11 mil 297 en 2021-, al igual que las violaciones a sus derechos, aun cuando los avances en el marco normativo de protección a la infancia han sido importantes e históricos.
De acuerdo con UNICEF, en promedio, 275 niñas y niños migrantes se encuentran en el territorio todos los días. De los cuales, 68 por ciento viaja acompañado y 32 por ciento no acompañado. 43 por ciento del total provienen de Guatemala, El Salvador y Honduras. Aunado a que desde 2014 se ha registrado una tendencia de viaje en unidades familiares.
En enero de este año entraron en vigor reformas al marco jurídico nacional en materia de niñez y migración, representando un gran paso hacia la protección de niñas, niños y adolescentes en contextos migratorios, en tanto que prohíben la detención migratoria de esta población y establecen que las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes son la única autoridad facultada para protegerles y determinar su interés superior.
Este paso fue importante pues además se estableció la realización de evaluaciones caso por caso para evitar la devolución expedita de niñez y adolescencia a sus países de origen de donde la mayoría huye de situaciones de violencia, inseguridad, pobreza y abandono. Estas reformas extienden esta protección a las familias, incluidas las adolescentes que viajan con sus hijas e hijos.
Estos tres países se ubican entre los más mortales del mundo para las mujeres, con una violencia de género grave que incluye violencia sexual, violencia familiar y feminicidio, además de que reina la impunidad en sus respectivos sistemas de justicia. En 2018, El Salvador reportó una tasa de feminicidio de 10.2 por 100,000 mujeres; Honduras de 5.1; y Guatemala tenía una tasa ligeramente superior al promedio mundial en 2.6. Este dato resulta interesante si tomamos en cuenta que las niñas y adolescentes a menudo salen de sus países por violencia en razón de género, ya sea hacia ellas o sus familias.
En Honduras, por ejemplo, la tercera parte de las mujeres se casan o forman uniones tempranas cuando todavía son adolescentes como salida a la violencia de su núcleo familiar, no obstante, también se enfrentan a la violencia por parte de sus parejas. Por lo tanto, buena parte de las adolescentes migrantes que cruzan por México buscan escapar de la violencia y de la pobreza.
De acuerdo con una investigación sobre la situación de las adolescentes hondureñas en México, las condiciones que las obligan a migrar son una intersección de discriminación, violencia familiar, física, distribución desigual de la comida, la salud, la educación y la carga de trabajo del hogar. La violencia por parte de las pandillas y grupos criminales se ha caracterizado como feminicida, convirtiéndolas en territorio tanto de venganza como de desprecio, pocas veces acceden a la justicia.
Las niñas y adolescentes suelen viajar de manera acompañada. En 2019, 85 por ciento de las niñas y las adolescentes viajaron acompañadas y en 2021, 80 por ciento. Mientras que la niñez solicitante de asilo en México, hasta septiembre de 2021 representó 22 por ciento del total de las personas solicitantes de protección ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
Una vez en México, las niñas y adolescentes enfrentan retos no sólo para su regularización migratoria o reconocimiento de la condición de refugiadas, sino también para acceder a la salud -incluida la psicológica, sexual y reproductiva-, la educación y el trabajo digno.
En este contexto y pese a los avances normativos, la administración de López Obrador sigue implementando una política migratoria de contención, securitización de las fronteras y criminalización de la migración, en consonancia con la política migratoria estadounidense.
Los esfuerzos de contención migratoria como el despliegue de más de 27 mil elementos de la Guardia Nacional en ambas fronteras mexicanas y los operativos del Instituto Nacional de Migración sólo demuestran el orden de prioridades en un país donde los Derechos Humanos de los sectores más vulnerables, como las niñas y las adolescentes migrantes, queda en los últimos lugares de la agenda.
Si bien es cierto que México enfrenta presiones políticas y económicas históricas, también tiene responsabilidades internacionales adquiridas para priorizar la concreción de los derechos de la niñez y la adolescencia migrante desde una mirada interseccional.
*Coordinadora de Infancia Migrante, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (Imumi)
