Desde Conacyt se atizan las tensiones en el CIDE
Lucía Melgar Palacios
Cimacnoticias
Por afán de escapismo “surrealista”, desde los escenarios palaciegos se nos presenta en estos días una comedia grotesca, digna de Valle Inclán, risible si este segundo año pandémico no fuera ya dramático.
Mientras que la pandemia, el encierro y la crisis económica han traído muerte, desgracia personal y social, endeudamiento, incertidumbre o miseria a millones de personas, desde el gobierno se crean problemas o agudizan los existentes para luego despotricar contra enemigos imaginarios, opositores legítimos o ciudadanía crítica del actuar gubernamental.
Como si destruir fuera transformar y México pudiera darse el lujo de desperdiciar sus recursos humanos y monetarios y minar el sector educativo y científico, persiguiendo a sus integrantes, imponiendo dogmas, directivas y directores, contrarios a la pluralidad, la diversidad y la libertad de cátedra, en vez de resolver el conflicto provocado en el CIDE, desde Conacyt se atizan las tensiones. Se planta y descalifica a estudiantes y docentes, rechazando el diálogo, y se les amenaza con imponer vigilancia policiaca en sus instalaciones en 2022. ¿Por qué amedrentar a quienes defienden su escuela?
El razonamiento autoritario que lleva a crear un problema en una institución educativa para advertir a otras puede resultar aceptable para seguidores del régimen que rechazan el sentido crítico. Sin embargo, es grave. Más grave aún cuando del sector educativo se pasa a una institución encargada de velar por la democracia ejercida en las elecciones y se monta un peligroso conflicto en torno a una consulta “popular” de “revocación de mandato” que la ciudadanía no ha pedido, ideada e impulsada por un presidente que presume de altísima popularidad, apoyada por un partido que sueña con mantenerse en el poder y ahora defendida por suspirantes a la presidencia que, en estricta lógica, deberían preocuparse por el presente del país y por la estabilidad en 2024.
Si esta consulta era tan imprescindible, ¿por qué la mayoría en el Congreso no le dio al INE los fondos necesarios para cumplir con sus obligaciones habituales y llevarla a cabo? Porque no es necesaria. Porque así crean nuevos pretextos para nuevas diatribas contra las instituciones “incómodas”. Porque buscan distraernos de fallas y carencias que nos importan más que “ratificar la alta popularidad del presidente” (Ebrard), jugar a “quitar y poner al presidente” (Delgado), cuando para eso hay elecciones, o exigir más “austeridad republicana” (Sheinbaum).
Las lamentaciones y denostaciones al uso serían sólo ridículas si viviéramos en su México paradisiaco donde, según nos dicen, se preservan los derechos humanos, se camina hacia la felicidad y se destila amor al prójimo, y no en este México desigual y violento, donde cada día es más difícil imaginar un futuro habitable.
A modo de llamado al sentido de realidad de quienes gastan pólvora en infiernitos, recordemos algunos hechos que dan cuenta del país que tenemos. Sólo en 2020-21 lloramos la pérdida de casi 300 mil personas por Covid, sin olvidar las muertes evitables causadas por falta de atención médica y medicinas; lloramos la muerte violenta de más de 70 mil personas, entre ellas más de 7 mil mujeres, la desaparición, hasta la fecha de 100 mil personas, entre ellas niñas, niños y adolescentes. A este duelo personal y colectivo se añaden el sufrimiento por secuelas del Coronavirus y otras enfermedades, el trauma que dejan las violencias acumuladas, desde la violencia física y psicológica en la familia hasta las extorsiones, secuestros y masacres en las zonas más conflictivas.
Padecemos además la militarización que se traga la segunda proporción más alta del presupuesto y debilita las instituciones civiles; miramos con estupor la expansión del crimen organizado que contribuye a la crisis de derechos humanos, comprobamos la impunidad que favorece la multiplicación de víctimas, mientras Coneval nos confirma que la pésima distribución de la riqueza no se modifica con políticas asistencialistas. Mientras esas políticas erradas propician el ascenso del autoritarismo, se mantienen los recortes a salud, educación, cultura, prevención de violencia, medio ambiente; se minimiza la crisis económica, se trivializa la violencia misógina, se tolera o fomenta el maltrato a las personas migrantes.
Transformar esta realidad debería ser la prioridad y preocupación primordial del ejecutivo y su gabinete, de gobernantes estatales y de quienes en el congreso deberían dejar la cortesanía y actuar como dignos representantes ciudadanos.
