Lucía Lagunes Huerta / Zona de Reflexión
Cimacnoticias
El feminicidio de las periodistas Yessenia Mollinedo Falconi y Johana García Olivera, en Veracruz, nos revela el fracaso de la política de protección en México.
Quienes nos dedicamos a defender el derecho de periodistas a ejercer su trabajo en libertad creímos que el sexenio de Enrique Peña Nieto había sido el peor, con 47 asesinatos de periodistas, pero la realidad nos rebasa.
En estos cuatro meses y 12 días del año han sido asesinados 12 periodistas: 3 mujeres y 9 hombres; y en lo que va del sexenio 59 periodistas mujeres y hombres, y aún nos quedan dos años para que termine el actual gobierno federal.
El incremento de crímenes contra periodistas es una evidencia irrefutable que la política de protección gubernamental no está funcionando no sólo porque está concentrada en el Mecanismo de Protección, lo cual de por sí la limita, sino porque ahora esta instancia esta más débil que nunca, sin una verdadera dirección, con un vaciamiento de personal capacitado en la protección, y sin una política de prevención como lo mandata la ley, pues ni siquiera hay una persona responsable de esa área desde noviembre del año pasado y hoy una sola persona coordina la unidad recepción de casos, de seguimiento y análisis de riesgo y lleva el control de calidad.
A costa de qué vemos al responsable del Mecanismo, Enrique Irazoque, en gira por el país para promover su Ley General de Protección, pese a que en todos los foros se muestra un rechazo a la ley y se pide un fortalecimiento del Mecanismo.
Si hoy se hiciera el diagnóstico de esta instancia, dudo mucho que fuera tan optimista como en 2019 y en lugar de las 104 recomendaciones probablemente tendríamos el triple.
Los crímenes de las periodistas Yesenia Mollinedo y Johana García, directora y camarógrafa del periódico “El Veraz”, en Cosoleacaque, Veracruz, recuerda que la daga sobre quienes hacemos periodismo en México sigue encima de nuestras cabezas.
Y si somos mujeres periodistas la descalificación es rápida y expedita, pero no así la justicia. (condición que compartimos con el resto de las víctimas de feminicidio por el simple hecho de ser mujeres).
Hemos visto cómo los rumores que en torno a ambas periodistas se han desatado en estos días, es una práctica permanente cuando se trata de una periodista.
Por qué se dedica tanto tiempo en desprestigiar a las periodistas más que en investigar para esclarecer el crimen y dar con los responsables materiales e intelectuales, pues cada crimen impune, permite que se vuelva a repetir.
Por qué el presidente no manda un mensaje claro de rechazo a la violencia contra periodistas en lugar de alimentar la estigmatización y enviar condolencias con cada asesinato.
Dónde está La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y sus 14 mil millones de pesos que le fueron asignados para este año, de los cuales 88 por ciento son para el pago del personal que ahí labora.
Por qué Veracruz sigue siendo la entidad más mortífera para ejercer el periodismo sin que ninguno de los crímenes ocurrido ahí se haya esclarecido, Desde el feminicidio de la periodista Yolanda Ordaz en 2011, la emblemática Regina Martínez en 2012, Anabel Flores (2016) y María Elena Ferral (2020) y a ellas se suma Yesenia y Johana (2022).
Cada que se criminaliza a las periodistas ligándolas a supuestos delitos, así sin más, desvían la atención de los motivos del asesinato, empañan su trayectoria periodística, lastiman a las familias, rompen la empatía con la víctima y tratan de justificar el crimen, que es injustificable.
Es doloroso ver cómo medios de comunicación y periodistas se suman a las campañas de desprestigio contra quienes ya no pueden defenderse.
A este país le urge recobrar la esperanza. En lugar de gastar dinero en buscar sacar una ley que no irá a la problemática de fondo, se debe, verdaderamente, fortalecer el Mecanismo de Protección, no sólo con más recursos sino con mejor personal, crear una verdadera política de prevención que pase por Palacio Nacional para dejar de estigmatizar a medios y periodistas.
Trabajar en la política interior para construir con cada institución y en cada entidad federativa un acuerdo de acción conjunta que camine en ambas rutas la protección y la prevención.
De no hacerlo, este gobierno pasará a la historia no sólo como el más mortífero para periodistas, sino el que dejó ir la oportunidad de hacer el cambio que se requiere para protegerlos y se conformó con cambiar la Ley.
