Saúl Escobar Toledo
SemMéxico
Ha llamado la atención, en diversos medios de comunicación, que en el Proyecto de Presupuesto para 2023 el gobierno piense destinar una cantidad sustancial de recursos para el rubro de pensiones: alrededor de 1.6 billones de pesos.
Esta cantidad representa más de la cuarta parte del gasto programable (que no incluye el pago de la deuda pública ni las participaciones a estados y municipios) calculado para el próximo año. Es decir, uno de cuatro pesos del gasto federal se destinará al pago de pensiones y el resto a salarios y programas de educación, salud, infraestructura, etc.
Para entender más claramente este asunto, hay que señalar que las pensiones se clasifican en dos categorías: las que se pagan, principalmente, por medio del sistema privado manejado por las Afores (pensiones contributivas) y las que se entregan con recursos provenientes únicamente del gobierno, el programa de personas de la tercera edad (pensiones no contributivas.) La partida para las primeras asciende a 1.3 billones, la segunda a 335 mil millones de pesos; en otras palabras, el sistema privatizado requiere del 80 por ciento del presupuesto destinado a este renglón y el público, el 20 por ciento.
Lo anterior puede resultar extraño ya que las pensiones contributivas, como su nombre lo indica, se financian con aportaciones de las trabajadoras y de los trabajadores, las y los patrones y el gobierno, mientras que las no contributivas sólo con dinero púbico. ¿Cómo es posible entonces que las pensiones que reciben aportaciones de empleados/as y empleadores/as salgan mucho más caras que las que no reciben estas aportaciones?
Además, las pensiones contributivas incluyen a un sector de la población mucho menor: se ha calculado que la cobertura alcanza a menos del 50 por ciento de la población de 65 años y más, mientras que, según cifras del gobierno, el programa de personas mayores (no contributivo) está cerca de alcanzar al 100 por ciento de la población de ese rango etario.
Esto se debe a que el sistema Afores sólo protege a las y los trabajadores inscritos en la seguridad social, mientras que el Programa gubernamental es universal, sus beneficiarios/as son todas las personas: ocupadas y no ocupadas, trabajadores/as activos o no, formales e informales.
El enorme desembolso público destinado a las pensiones se explica, fundamentalmente, por el fracaso del sistema manejado por las administradoras privadas (Afores). Éste, no ha cumplido con las metas prometidas: su cobertura es muy limitada y el monto de las pensiones han sido exiguas para la inmensa mayoría de los trabajadores/as inscritos en ese programa.
Además, las erogaciones que ha tenido que realizar el gobierno han aumentado cada año y mucho más de lo calculado debido al cambio de sistema y para que las y los trabajadores reciban la pensión mínima garantizada.
En fin, que la privatización de las pensiones ha resultado excesivamente cara e injusta. Estudios detallados acerca del sistema, sus falencias y costos para el erario y para la población, pueden encontrarse en diversas ediciones de la revista El Trimestre Económico (nos. 343, 2019; 344, 2019 y no. 355, 2022).
De ahí que los gobiernos de varios países de América Latina, en la última década, hayan decidido establecer un segundo pilar o programa de pensiones, no contributivo, para ampliar la cobertura y mejorar los ingresos de las personas mayores. En algunos países, este programa es focalizado, pero en México, desde la reforma constitucional de 2020, es universal. Según el último informe de la Secretaría de Bienestar 10.5 millones de personas recibirán, en los próximos días, un pago bimestral de tres mil 850 pesos.
Desde el punto de vista político, hay que recordar que se puso en marcha, por primera vez, en los primeros años de la administración de López Obrador cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (2000-2006). El programa tuvo tanta aceptación que puede considerarse que fue uno de los factores que le permitió postularse a la presidencia de la República en las elecciones de 2006.
Como sabemos, los resultados oficiales no le reconocieron el triunfo por unas cuantas décimas y muchos alegaron un fraude electoral que documentaron con diversas pruebas. Se desató, además, una movilización social de gran envergadura.
El éxito político del programa también puede constatarse por el hecho de que los gobiernos del PAN y el PRI lo adoptaron, aunque de manera focalizada, posteriormente, primero en 2007 y luego en 2013. Asimismo, fue recomendado por los organismos internacionales que reconocieron las insuficiencias del sistema privatizado.
Convertir este programa en un derecho universal y dotarlo de los recursos necesarios, desde el principio de su gobierno, ha sido también un elemento que explica el alto nivel de aceptación del Presidente entre las mexicanas y los mexicanos durante estos años.
Puede afirmarse entonces que el fracaso del sistema privatizado, una de las reformas fundamentales del neoliberalismo, fue la justificación, oportuna y acertada, para construir otro sistema paralelo, que incluye a todas y todos los mexicanos adultos mayores. Y, con ello, adquirir un gran apoyo político.
Así, para el presupuesto de 2023, el gobierno ha decidido aumentar los recursos en más del 40 por ciento (de 238 a 333 miles de millones de pesos) con relación a lo aprobado el año pasado, lo que representa el 82 por ciento del total de los recursos asignados a la Secretaría del Bienestar. Lo anterior, principalmente, para aumentar el monto de la pensión que recibirán las personas mayores.
El objetivo, aseguró Hacienda, es que para 2024, el último de esta administración, alcance 6 mil pesos bimestrales.
Esta estrategia tiene, sin duda, un propósito de justicia social pero, al mismo tiempo, una clara intención político electoral.
Sin embargo, aunque este programa resulte más barato y justo, el naufragio del otro sistema, el de las Afores, sigue siendo un asunto muy problemático. El presidente López Obrador además de impulsar el derecho constitucional a la pensión no contributiva, logró que el Congreso aprobara una reforma al sistema privatizado. Esta reforma permitirá que más mexicanos/as reciban una pensión de las administradoras privadas y mejorará el monto de esa prestación ya que habrá mayores aportaciones de las y los empleadores y el gobierno, y reduce las comisiones cobradas por las Afores.
Así que ahora tendremos, en 2023 y en los siguientes años, mayores recursos públicos destinados para las pensiones contributivas y no contributivas. El problema es que el aumento de esas erogaciones, sobre todo para el sistema de las Afores, representan un serio riesgo para las finanzas públicas. Varios analistas consideran que, en unos cuantos años, se presentará una crisis de tal magnitud que requerirá medidas drásticas. Éstas pueden consistir en varias opciones: algunos han propuesto aumentar la edad de retiro para los sistemas contributivos; otros señalan la necesidad de una reforma fiscal de una magnitud considerable ya que tendría que alcanzar para financiar las pensiones y otros gastos en materia de salud, educación, infraestructura productiva, etc.
Hay otra opción: cambiar el sistema privatizado. Otras naciones lo han hecho. De acuerdo con la información de la OIT, 18 países ya revirtieron la privatización de las pensiones: entre 2000 y 2010, la República Bolivariana de Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bulgaria, Argentina, Eslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania, Estado Plurinacional de Bolivia, y Hungría. Posteriormente, Croacia y Macedonia, Polonia, Federación de Rusia, Kazajistán, República Checa y, por último, Rumania (2017).
Según Berenice Ramírez, estos países crearon un administrador público de pensiones, aumentaron la cobertura, extendieron los beneficios no contributivos e incrementaron la tasa de remplazo (el monto de la pensión que reciben los beneficiarios).
Desde nuestra perspectiva, lo deseable es que, esta opción se considere como una de las prioridades reformistas de los próximos gobiernos. La política y la economía no parecen admitir otro camino.
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