Manuel Ibarra Santos
La aprehensión de Ovidio Guzmán, líder del poderoso cártel de Sinaloa, el pasado cinco de enero en Culiacán, por elementos de las Fuerzas Armadas Mexicanas, representa un punto de quiebre en políticas anti/crimen del actual gobierno Federal y pone énfasis en la iniciativa del uso de un nuevo modelo de seguridad pública que, sin duda, traerá repercusiones en todo el país y de las que no escapará Zacatecas.
Se recupera con esta acción, en principio, el monopolio de la violencia legítima, función única y exclusiva que, en términos de nuestra Carta Magna, es facultad del Estado mexicano, para procurar en la sociedad equilibrios, legalidad y justicia (según la teoría clásica weberiana), y que en los últimos años ha venido siendo expropiada por la capacidad protagónica de fuerza y fuego impuesta por los grupos del crimen organizado.
La detención judicial de Ovidio Guzmán, un acto de impresionante combate a la impunidad y de justicia legal, le otorga al jefe de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, en la recta final de su administración, un excepcional escudo de legitimidad que, no es remoto que sea reconocida públicamente, por el presidente norteamericano, Joe Biden, en su visita a México.
El quiebre radical del modelo de seguridad pública en el país, al iniciar el tercer tercio del régimen del presidente Andrés Manuel López Obrador traerá inequívocamente reacomodos y ajustes operativos de fondo en este ámbito. Con esta decisión, cambia la lógica de la estrategia en la materia. Zacatecas con visión de planeación prospectiva, deberá estar preparado, para afrontar ese emergente escenario.
El cuarto año de la actual administración federal cerró con un saldo de 137 mil asesinatos asociados al narcotráfico, según datos oficiales del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con esas cifras, se puede afirmar que las organizaciones criminales se apoderaron (desde hace muchos años atrás) del monopolio de la violencia brutal, impune e ilegal, que ha originado efectos perniciosos profundos al desarrollo nacional.
En su libro La Política como Vocación, publicado en 1919, el pensador alemán Max Weber (1864/1920) desarrolló la teoría jurídica que sostiene que “debe ser el Estado el único propietario del uso legal de las armas y la violencia, para generar justicia y desarrollo”. Nadie más. Por supuesto no hay que dejar, nunca, esa tarea a las mafias del crimen.
El propio sociólogo Max Weber consideró “al Estado como aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia legítima”.
Desde la perspectiva weberiana, los principios que justifican el uso del monopolio de la violencia en manos del Estado, son los siguientes: 1).-La consolidación de la legitimidad en la sociedad; 2).-La fuerza de la autoridad para contar con la confianza del pueblo; 3).-Las bases para propiciar adecuados niveles de justicia; y 4).-La capacidad para construir una sólida cultura de la legalidad.
El poder público, invariablemente ha sido concebido y considerado a la luz de su especial relación con el uso racional y legítimo de la coacción, la fuerza y la violencia.
La aprehensión judicial de Ovidio Aguilar, por lo tanto, recupera la soberanía y capacidad del Estado mexicano frente a la acción de los grupos del crimen organizado. Esa tendría que ser la regla y no la excepción en el trato con los capos de las mafias delincuenciales.
LOS MILITARES EN LOS PUESTOS DE SEGURIDAD:
De acuerdo al Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2022, elaborado por el INEGI, una de cada cuatro instituciones estatales de seguridad, cuentan con un militar como titular.
De esos, el 13.4 por ciento, proceden de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); 10.1% de la Marina; y 3.3% de la Guardia Nacional o de antiguas policías federales.
En el caso de Zacatecas, de los 22 años transcurridos en lo que va del presente siglo, en casi un 70 por ciento de ese tiempo, han estado presentes como titulares de seguridad, los militares.
En los gobiernos de Miguel Alonso, Alejandro Tello y David Monreal, destacan los mandos militares en las instituciones de seguridad pública del Estado de Zacatecas.
El general Jesús Pinto Ortiz se desempeñó como secretario de seguridad pública, del gobierno de Miguel Alonso Reyes; el general Froylán Carlos Cruz, cubrió un tramo en ese mismo puesto con Alejandro Tello; y el general Adolfo Marín, es el actual secretario de seguridad en la administración de David Monreal.
LA SEGURIDAD PÚBLICA EN ZACATECAS.
Es claro que la seguridad pública es una de las más importantes prioridades del aparato de Estado, a fin de garantizar el orden, el cuidado del patrimonio, la integridad física y la vida de los zacatecanos.
El combate a la inseguridad y a la violencia criminal es, por mucho, el tema de temas de la sociedad zacatecana, si queremos prosperidad y desarrollo para nuestro Estado.
