Foto de Internet
La reforma del Artículo 3, fracción XXI, inciso a), de la Constitución mexicana dio al Congreso de la Unión la facultad para legislar sobre desaparición forzada de personas y tortura, entre otras materias.
Así, en diciembre pasado [2015] el Poder Ejecutivo Federal presentó una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Lo anterior en un contexto donde la tortura alcanza cifras alarmantes. En el informe sobre su visita a México en 2014, el relator de Naciones Unidas sobre Tortura, Juan Méndez, precisó que esta y los malos tratos son generalizados y que policías municipales, estatales y federales las practican de manera sistemática, lo mismo que parte de las fuerzas armadas, principalmente contra personas detenidas en relación con delitos de alto impacto ligados a crimen organizado.
Entre el 1 de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2014, en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC, documentamos 79 recomendaciones y 104 quejas por tortura, además de 4,404 quejas por la comisión de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
La iniciativa del Poder Ejecutivo Federal carece de elementos mínimos para considerarla seria y eficaz en la erradicación de la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes
En ese mismo periodo la Procuraduría General de la República informó sobre 4,055 denuncias relacionadas con tortura, acerca de las cuales hubo solo 11 consignaciones y cinco sentencias, lo cual nos habla de una impunidad generalizada en este delito.
A pesar del contexto referido, la iniciativa de ley del Poder Ejecutivo Federal carece de los elementos mínimos para considerarla seria y eficaz en la erradicación de la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. Uno de sus contenidos que preocupa mayormente es la responsabilidad de superiores jerárquicos, pues solo contempla sancionar por los actos de tortura que cometan sus subordinados a los superiores inmediatos.
Proponemos que se retome la formulación del Estatuto de Roma que prevé responsabilidad cuando «bajo su autoridad y control efectivo» los subordinados de una autoridad civil cometan el delito de tortura, y en caso de superior militar cuando este «actúe efectivamente como jefe militar».
A este problema se suma a la ausencia de consecuencias procesales efectivas contra los tratos crueles y de facultades de atracción de la PGR, entre otros aspectos centrales.
Finalmente, consideramos que para erradicar la tortura deben eliminarse prácticas como el arraigo y el abuso de la flagrancia y la cuasi flagrancia, aparte de reformarse el Código de Justicia Militar atendiendo a los estándares de derechos humanos y administración de justicia.
Consulta también:
«Tortura en México, «fuera de control», literal; denuncias aumentan 600%: AI»
«La crisis de derechos humanos en México demanda una mayor respuesta por parte del gobierno mexicano»*
«Congreso mexicano aprueba reforma histórica en materia de derechos humanos»*
«Limita Senado fuero militar»*
* Licenciada en Derecho por la UNAM y maestra en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica por la Universidad de Alcalá de Henares. Desde 2014 coordina el Área de Investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC.
