Foto de archivo
A solo horas del inicio del proceso electoral interno en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), la máxima casa de estudios enfrenta una de sus mayores crisis institucionales: mientras el actual rector, Rubén “N”, fue detenido este viernes por el delito de violación equiparada, otra figura clave dentro del proceso sucesorio también arrastra señalamientos graves.
Se trata de Jenny González Arenas, exlideresa del Sindicato del Personal Académico de la UAZ (SPAUAZ) y hoy candidata a rectora, quien enfrenta una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) por presunta malversación de fondos en la compra de un inmueble con recursos sindicales. La operación, realizada a mediados del año pasado, involucró el uso de 32 millones de pesos, provenientes de un fondo de ahorros de los trabajadores, sin consulta previa a la Asamblea General del sindicato, como lo exigen los estatutos.
La compra fue efectuada por la Fundación SPAUAZ en una subasta en la que el sindicato fue el único postor. Sin embargo, el hecho detonó la inconformidad de varios agremiados, quienes acusaron a González Arenas de actuar de forma autoritaria, sin transparentar el destino del inmueble ni el origen de los recursos usados. A raíz de estos señalamientos, la Fiscalía inició una carpeta de investigación y Jenny solicitó un amparo contra una posible orden de aprehensión, mismo que le fue negado por no existir aún un acto consumado.
Mientras el escándalo del rector ha acaparado la atención pública, el caso de Jenny ha pasado relativamente desapercibido, a pesar de tratarse también de un proceso legal vigente que podría derivar en consecuencias penales o administrativas.
Ambos casos ocurren en el momento más delicado del calendario universitario: la renovación de 740 cargos académicos y administrativos. La situación ha dejado al descubierto no solo las pugnas internas dentro de la UAZ, sino también los vacíos normativos y éticos en el ejercicio del poder universitario.
