Rafael Rodríguez, docente investigador de la Unidad Académica de Derecho de la UAZ
El docente investigador de la Unidad Académica de Derecho (UAD) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Rafael Rodríguez Rodríguez, expuso un análisis del Artículo 4º Constitucional, el cual establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley, además, define las bases y modalidades para el acceso a los servicios y determina la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.
El especialista subrayó que este marco legal busca construir un sistema de salud para el bienestar, con el objetivo de garantizar la extensión progresiva de los servicios, tanto en cantidad como en calidad, y asegurar atención integral y gratuita para quienes carecen de seguridad social.
Asimismo, la legislación sanciona actividades que atentan contra la salud pública, como el uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos, así como la producción y distribución de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas, incluido el fentanilo.
Sin embargo, el docente investigador Rodríguez advirtió que, en la práctica, el derecho a la salud se convierte en una ficción jurídica de altísimo costo humano. Al proclamar que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, el Estado formula una promesa que su propia estructura institucional y sus mecanismos de operación sistemáticamente incumplen.
En su reflexión, invitó a cuestionar no solo si la salud es un derecho o un privilegio, sino cómo un derecho constitucionalmente reconocido y prescrito en la Carta Magna termina transformándose en un privilegio caro y difícil de alcanzar para la mayoría de los mexicanos. El problema, enfatizó, no es la ausencia de leyes, sino un diseño institucional incapaz de combatir la desigualdad en el acceso a los servicios.
Como ejemplo, recordó el tránsito del Seguro Popular al IMSS-Bienestar, que más que una reforma sustantiva representa un cambio de siglas políticas. Las resistencias de la clase política y económica han impedido consolidar un sistema universal de salud real. El resultado es que un alto porcentaje del gasto en salud proviene directamente del bolsillo de las familias, lo que refleja una privatización silenciosa: el gobierno no garantiza medicamentos ni cirugías oportunas, y transfiere el costo final a los hogares. Así, el derecho a la salud se convierte en un bien de consumo reservado para quienes pueden pagarlo.
Finalmente, el investigador señaló que mientras no se atiendan las causas estructurales —como la corrupción endémica— y la salud no se desligue de la política, será imposible establecer un verdadero modelo de salud pública que trascienda la medicina curativa.
Aunque la cobertura nominal de afiliación supera el 80%, la cobertura efectiva —el acceso real y oportuno a servicios de calidad— probablemente no alcanza al 60% de la población. Esta brecha entre el derecho formal y el acceso real constituye el principal desafío del sistema de salud mexicano y explica por qué, para millones de personas, la salud sigue siendo más un privilegio que un derecho plenamente ejercido.
