Desapariciones forzadas de los años 70, al análisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

ANAIZ ZAMORA MÁRQUEZ

Cimacnoticias

MEXICO, DF. La impunidad, la falta de acceso a la justicia, de la verdad y la memoria histórica de los crímenes del pasado, sobre todo los cometidos durante los años 70, son factores que permitieron que México viva hoy una crisis de Derechos Humanos (DH), que ha llevado a miles de mujeres a asumir el rol de defensoras y buscadoras de justicia.
 
Con ese argumento, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) expondrá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –durante su 153 periodo de sesiones que se realiza esta semana en Washington– la impunidad por las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas durante la llamada “guerra sucia”.
 
Mario Patrón, director del Centro Prodh, informó en conferencia de prensa que el próximo jueves su organización, junto con otros representantes de la sociedad civil, participará en una serie de audiencias ante la CIDH para evidenciar que el discurso de respeto a los DH que en dos años de gobierno ha mantenido Enrique Peña Nieto contrasta con la realidad de la población.
 
Este jueves 30 de octubre se llevarán a cabo las audiencias sobre detención ilegal de personas migrantes, la represión de la protesta social y libertad de expresión en México, y la audiencia de “guerra sucia”, desaparición forzada y ejecuciones en los años 70 y 80.
 
Para el Centro Prodh la consecuencia de no resolver los crímenes del pasado se hace más palpable que nunca. “México no se hizo cargo de la verdad y justicia del pasado, (por lo que) no se crearon las reformas necesarias que evitaran lo que ahora enfrentamos”, destacó Patrón.
 
A esa audiencia acudirá Martha Alicia Camacho Loaiza, víctima de desaparición forzada por parte de agentes de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), elementos de la Policía Judicial de Sinaloa y miembros del Ejército, en 1977.
 
Martha Camacho tenía ocho meses de embarazo cuando fue sustraída de su domicilio junto con su esposo Juan Manuel Alapizco; ambos pertenecían al grupo guerrillero Liga Comunista 23 de Septiembre.
 
La ahora activista en contra de las desapariciones forzadas presenció la tortura y ejecución de su esposo, y durante su estancia en prisión nació su hijo de ahora 37 años de edad.
 
En febrero de 2013 Martha fue notificada de manera oficial sobre el “no ejercicio de la acción penal” por motivos de prescripción de los delitos que denunció en su momento, es decir, se cerró el caso porque son delitos que no se pueden juzgar porque “ya pasó mucho tiempo”.
 
A la audiencia también acudirán las representantes de organizaciones como el Comité de Madres de
Desaparecidos Políticos de Chihuahua (CMDPCH) y la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa (UMHDS), pues son ellas quienes han asumido la exigencia de justicia ante tales violaciones a DH.
 
Stephanie Erin Brewer, del área internacional del Centro Prodh, recordó que en 2006 también hubo una audiencia en la materia, pero a ocho años de distancia “no hay ningún avance sobre estas investigaciones, y no se ha identificado o sentenciado a algún responsable”, situación que se hará del conocimiento de la CIDH.