Análisis de la situación en el Congreso Nacional a la luz de los derechos humanos: no hay tratamiento efectivo, ni vacunas, ni inmunidad de rebaño para combatir la pandemia, solo la prevención: OMS

Construir sistemas de salud universales y resilientes, la estrategia para enfrentarla

La Presidenta de la CDHEZ llama garantizar el derecho a la salud de las personas con enfermedades crónico degenerativas

Ma. de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) participó en el Congreso Nacional “Los Derechos Humanos ante el contexto por COVID-19” de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), mismo que fue celebrado de manera virtual con la participación de los 32 ombusdperson de los estados y la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En su intervención, Domínguez Campos destacó que ante el contexto de la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2 (COVID-19), es importante que las autoridades en materia de salud atiendan de manera integral a todas y todos los pacientes, incluyendo a los que sufren de enfermedades crónico degenerativas o en situación de emergencia clínica, a quienes disminuyó su prioridad de atención ante el cuidado de pacientes del COVID-19.

Enfatizó que el desabasto de medicamentos, falta de personal médico especializado y el retraso de estudios clínicos especializados en las diferentes instituciones de salud pública del país, ya se había manifestado previo a la pandemia, sin embargo, durante la misma se agudizó a tal grado que, muchas de las personas que acuden a hospitales no son atendidas de manera inmediata y oportuna, además aquellas personas que padecen enfermedades crónico degenerativas como cáncer, hipertensión, diabetes, enfermedades renales, lupus, artritis, parkinson, epilepsia, entre otras, no han recibido sus medicamentos, a pesar de ser derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), o de los Servicios de Salud estatales.

La ombudsperson hizo un llamado a las autoridades para garantizar el derecho de acceso a la salud y la vida de los pacientes, ya que esta problemática coloca a los pacientes en una situación de riesgo, al no ser atendidos de manera inmediata, ni recibir el medicamento de manera oportuna, lo que ocasiona el deterioro en su salud, ya que en muchos de los casos, son personas que no pueden contratar servicios médicos especializados privados, ni adquirir los medicamentos en el mercado debido a su alto costo, y esperan que las instituciones de salud cumplan eficientemente con su responsabilidad.

En ese contexto el representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en México, Cristian Roberto Morales Fuhrimann, señaló que esta problemática no es una situación exclusiva de México, sino que en toda América Latina se ha presentado la no atención de pacientes con enfermedades crónico degenerativas, debido a la reconversión de hospitales y la utilización del personal médico para atender enfermos de COVID-19, lo que ha representado una merma en la capacidad de respuesta del sistema de salud nacionales y estatales.

Refirió que muestra de lo anterior, es que 49 por ciento de los países no prestan servicios de salud de primer nivel, en 5 países se han pospuesto campañas de vacunación de sarampión, el 100 por ciento de los países han reportado reducción en los tratamientos ambulatorios de Tuberculosis, en 7 países han reducido las pruebas de VIH o presentan desabasto de las mismas, y todo esto en un escenario de intensificación de ciclos epidémicos de COVID-19 y afectaciones multidimensionales que impactan mayormente a la población con bajos ingresos. 

En su ponencia sobre el Panorama general de la situación e impactos de COVID-19 en México, Morales destacó que en la actualidad “no hay tratamiento efectivo, ni vacunas, ni inmunidad de rebaño”, por lo tanto, la estrategia para enfrentar esta pandemia mundial, es construir sistemas de salud universales y resilientes, a través de un acceso universal a la salud y cobertura universal de salud.

Lo anterior implica reorganizar los servicios de salud y planear el incremento de personal de salud; mantener la prevención y control de infecciones en todos los servicios de salud; optimizar el manejo clínico durante la atención, asegurar la cadena de suministros y abasto de medicamentos; proteger a los trabajadores de la salud en el trabajo y la comunidad; reducir la transmisión implementando el distanciamiento social; detectando, aislando y atendiendo los casos positivos previniendo complicaciones de COVID-19.

Añadió, que esto será posible si los sistemas de salud colocan en el centro de la actuación institucional los derechos humanos y el derecho a la salud, mediante el incremento de la inversión y aumento del gasto público en materia de salud, hasta por lo menos un 6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Morales Fuhrimann recordó la recomendación emitida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 2014, en la cual se comprometieron todos los países, incluido México, en aumentar su gasto con eficiencia, lo que no se trata sólo de invertir más dinero, sino de luchar contra la corrupción y el despilfarro, y adoptar un modelo de atención centrada en las personas, familias y comunidades, basado en la atención primaria de la salud, que es lo más eficiente y equitativo.

Durante la Inauguración del congreso se contó con la participación de Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob); Martha Delgado Peralta, Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Guillermo Fernández-Maldonado, Representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); y Nashieli Ramírez Hernández, Presidenta de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH).

Además, se realizó la firma de convenios de colaboración con la FMOPDH con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB) y el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).

Como parte del programa del congreso se analizaron temas como Impactos y retos de los derechos humanos en grupos de atención prioritaria, impartido por Pablo Yanes Rizo, coordinador de Investigaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL);  Retos y propuestas en materia de derechos humanos para las personas con discapacidad, a cargo de Catalina Devandas Aguilar, ex relatora especial sobre los Derechos de las personas con discapacidad de la ONU.

Además, las ponencias Retos y propuestas en materia de derechos humanos para las mujeres, otorgadas por Cristina Ayoub Riche, presidenta del Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO); Retos y propuestas en materia de derechos humanos para las niñas, niños y adolescentes, en voz de Luis Ernesto Pedernera Reyna, presidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas y Presidente del Grupo de Comités de Naciones Unidas.

Concluyendo con la presentación del tema Retos y propuestas en materia de derechos humanos para las personas migrantes, concedida por Dana Graber Ladek, representante de la OIM en México y las Reflexiones de cierre sobre los retos de los Organismos Públicos de Derechos Humanos, a cargo de Nashieli Ramírez Hernández, Presidenta de la FMOPH.