Zacatecas. Exageradas y injustificadas plazas amparan a “juniors y cuates”, señaló la diputada Soledad Luévano en rueda de prensa

Se usa el instituto para pago de favores político-partidistas, denunció

En conferencia de prensa conjunta con diputados de oposición, en la que se anunció la celebración de un foro de seguridad social para analizar la reforma del Issstezac, con la participación del diputado federal Javier Salinas Narváez, presidente de la comisión de Seguridad social en la cámara baja, la diputada Soledad Luévano Cantú, dio a conocer a la opinión pública la nómina completa del Instituto, como prueba de que llamó “malos manejos”.

La legisladora local dijo que el Gobierno del Estado y los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) están ansiosos por que apruebe la nueva ley, “bajo el argumento de que el instituto está quebrado, pero que la realidad es que no quieren que los trabajadores conozcan la iniciativa y se enteren de los malos manejos en el instituto”, imputó.

Una vez entregada la copia de la nómina completa, Luévano cantú informó que el director general del instituto tiene a 20 personas para atender sus asuntos; “estamos hablando del personal de la dirección general y su secretaria particular, incluso han contratado personal eventual para poder atender las necesidades del director. “Todo este personal representa un costo de casi 7 millones de pesos al año, dinero podría utilizarse para el pago de pensiones”, declaró.

La legisladora afirmó que también detectaron  a varios operadores políticos del PRI y a los   “juniors” de funcionarios de alto nivel en el Gobierno Estatal.

Los nombres que más destacan son los siguientes:

El director del Instituto, Víctor Rentería, quien según la legisladora  no tiene ninguna experiencia en materia de seguridad social, pero es un efectivo operador financiero del PRI y percibe un salario de 77 mil 938 pesos mensuales.

Francisco Javier Bonilla, quien es primo del diputado federal Fito Bonilla y quien percibe un salario de 66 mil 976  pesos.

Jorge Rodríguez Márquez, quien es hermano del secretario de Infraestructura y percibe un salario de 66 mil 976 pesos.

Víctor Hugo Salas, quien  percibe un salario 66 mil 876 pesos.

Juan Antonio Ruiz García,  quien era secretario del Ayuntamiento de la capital en el gobierno de Arnoldo Rodríguez y quien percibe un salario de 66 mil 876 pesos.

Maricela Dimas, operadora política en la campaña de Carlos Peña, quien percibe un salario de 56 mil 254 pesos.

Alfredo Mendoza Villalpando, quien es hermano de Javier Mendoza Villalpando, coordinador de atención ciudadana del Gobierno del Estado y quien percibe un salario de 30 mil pesos mensuales.

Marco Vinicio Flores Guerrero, hijo de Marco Vinicio Flores, secretario de Educación del Estado y quien percibe un salario de 31 mil 780 pesos al mes.

Pablo Huizar Vázquez, quien en sobrino del secretario de la Función Pública, Guillermo Huizar Carranza y percibe un salario de 24 mil 200 pesos.

José Antonio Márquez Vargas, cuyo único mérito fue ser el médico particular del gobernador del estado y  quien percibe un salario de 66 mil  876 pesos mensuales.

José Josué Mojarro Trujillo, sobrino de Pedro de León Mojarro y quien percibe 23 mil 100 pesos mensuales.

La diputada afirmó que se ha utilizado  Issstezac para pagar favores políticos mediante el tráfico de influencias para inflar la nómina del instituto.

“El tráfico de Influencias y los salarios desmedidos son una de las razones principales de la quiebra del instituto. Son tantos los compromisos políticos que se pagan con una plaza ahí, que se duplican funciones, por ejemplo, tienen un departamento mercadotecnia, otro de imagen, otro de publicidad, otro de relaciones públicas y el de comunicación social”.

Afirmó que se duplican funciones para abrir plazas para los operadores  políticos del PRI, también denunció que en Paraíso Caxcan  trabajan casi 200 trabajadores, donde,  funcionarios y amigos del gobierno reciben atenciones a costa de los trabajadores

“Que no nos venga el gobernador con que el Issstezac está quebrado, lo quebraron el nepotismo y el derroche, por eso no podemos aprobar una reforma mientras que no se sancione a los responsables. Todos sabemos de la quiebra pero se quiere que los platos rotos los paguen los trabajadores”

Finalmente, Los legisladores de oposición exigieron los resultados de la auditoría realizada al Issstezac y la entrega de un nuevo estudio actuarial serio.