Zacatecas, Deben suspenderse permisos que pongan en peligro el medio ambiente, incluida la cacería, coinciden legisladores, autoridades, CDHEZ, entre otros

Proponen declarar la región como zona natural protegida

Se llevó a cabo una reunión de trabajo en la que diputados y diputadas locales, con la presencia de la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, de la presidenta de la CDHEZ, María De la Luz Domínguez Campos, junto con autoridades municipales de Monte Escobedo y representantes de dependencias protectoras del medio ambiente, analizaron la problemática de tala y caza inmoderada en la región.

La diputada Gabriela Pinedo Morales, presidenta de la Comisión Legislativa de Agua, Ecología, Medio Ambiente y Cambio Climático, convocante del encuentro, recordó que en las últimas semanas ha sido noticia la tala irracional en el municipio de Monte Escobedo.  Resaltó que destruir la flora y la fauna puede ser catalogado como ecocidio, ya que genera un severo daño al medio ambiente, así como malestar social.

“Vivir en un medio ambiente sano es un derecho humano” expresó la legisladora, y agregó que no garantizarlo implica que se vulneren otros derechos como la salud, la integración personal o la vida. 

Enseguida se dio lectura a un manifiesto a nombre del cabildo del ayuntamiento de Monte Escobedo, mismo que es representado por el alcalde Ramiro Sánchez Mercado. En el documento piden que de manera inmediata se suspendan permisos para tala o caza, y que se practique una inspección conjunta en la zona en mención. Solicitaron también que los permisos que se otorguen conlleven la obligación de generar programas de reforestación y repoblación de las especies, así como castigar con todo el peso de la ley cualquier irregularidad.

En su oportunidad, el diputado Felipe de Jesús Delgado de la Torre señaló que la región de Monte Escobedo requiere ser reforestada y no talada; fortalecer el medio ambiente debe ser una prioridad y no se puede permitir la destrucción de los bosques, concluyó.

A su vez, el diputado Luis Esparza Olivares, representante del décimo distrito, y que integra al municipio de Monte Escobedo, destacó que se ponga sobre la mesa esta problemática, asegurando que el Poder Legislativo del Estado fungirá como aliado en la salvaguarda y protección del medio ambiente. Solicitó que se dé seguimiento a las denuncias, y que el tema se aborde como un conflicto de carácter social.

En la reunión también participó el actual secretario general de la Legislatura, Le Roy Barragán Ocampo, quien calificó como preocupante que se sigan dando autorizaciones que afectan la vida silvestre de una región que en 2010 fue reconocida como la de mayor avistamiento de Águila Real en el país.

Las autoridades de la PROFEPA y de la SEMARNAT, representadas por María del Rocío Salinas Godoy, y José Luis Rodríguez León respectivamente, abordaron el procedimiento para la entrega de permisos, resaltando que desde 2013 se han dado 19 autorizaciones de tala. Se exhortó a los presentes a establecer denuncias formales. En tanto que el secretario del Agua y Medio Ambiente,  Luis Fernando Maldonado Moreno, expresó que es necesario encontrar soluciones y no culpables. En representación de Secmpo, José Rodríguez Elías dijo que hay una verdadera devastación de bosques y zonas agrícolas, y ahora es el momento de actuar.

Al hacer uso de la palabra, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre dijo que si bien el conflicto de la tala en Monte Escobedo puede que no sea ilegal, si es indiscriminado, lo cual debe ser de gran preocupación. Planteó que se busquen los mecanismos para revocar los permisos de tala en lo que se encuentra una solución y se realiza una investigación en el lugar. Se comprometió a elevar una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

Finalmente, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, María de la Luz Domínguez Campos,  consideró que la Profepa debe hacer una investigación detallada de las denuncias sociales, en la que podrá  participar el ayuntamiento de Monte Escobedo. Además dijo que sí debe considerarse la posible suspensión de actividades que pongan en peligro el medio ambiente, ya que su conservación es una obligación del Estado Mexicano. Propuso se haga una revisión a la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable y a la Ley de Vida Silvestre, con el propósito de hacer más exigentes los requisitos para el otorgamiento de permisos para este tipo de actividades.

En el evento estuvieron presentes la diputada presidenta de la mesa directiva, Susana Rodríguez Márquez, así como la diputada Alma Gloria Dávila Luévano.