Ciudad de México. Fue aprobada hoy en la Cámara alta: no resuelve de fondo la urgencia sanitaria: Anaya; aproximadamente 5 mil reos podrán lograr su preliberación: Geovanna Bañuelos

El hacinamiento en las cárceles, sumado a la falta de disponibilidad de servicios básicos como el agua en el 70 por ciento de dichos centros, pone en riesgo a las personas privadas de la libertad frente al coronavirus y más allá de la liberación de población penitenciaria, la senadora priista Claudia Anaya propuso reforzar las medidas sanitarias y eficientar los procesos judiciales de quienes se encuentran ahora presos sin sentencia, a través de una reforma a la  Ley Nacional de Ejecución Penal, del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley General de Salud.

Por su parte, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, afirmó que La Ley de Amnistía, abona a la reconstrucción y fortalecimiento del tejido social y acerca la justicia a miles de mexicanos que se encuentran en los Centros de Readaptación Social Federales acusados injustamente, postura de su grupo parlamentario, Partido del Trabajo, en la Cámara de Senadores

POSTURA DE CLAUDIA ANAYA

Anaya Mota subrayó la obligación de las autoridades judiciales de respetar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, entre ellas, preservar su dignidad y su salud, así como cumplir con los compromisos internacionales signados por nuestro país ante la Organización de las Naciones Unidas plasmadas en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y  del Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, donde queda establecido con claridad la obligación de contar con médicos calificados en todo establecimiento de reclusión, los cuales velarán por la salud física y mental de los internos, quienes tienen en todo tiempo el derecho a recibir gratuitamente atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario.

Además recordó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó el pasado 30 de marzo a las autoridades responsables, se proveyeran las medidas para atender los efectos de la contingencia sanitaria producida por la epidemia del covid-19, acorde con la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Sin embargo, para la Senadora es indispensable y necesario que haya una reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que queden plenamente asentadas las obligaciones para que en caso de alguna pandemia, las autoridades puedan actuar y tomar todas las medidas preventivas y de mitigación sanitaria, destacando entre ellas, adelantar el beneficio de la libertad condicional a quienes se encuentren a menos de tres meses de cumplir la mitad de la sentencia siempre que no hayan cometido delitos graves, o bien, la persona se encuentre en condición de vulnerabilidad por edad avanzada, condición de salud, discapacidad, embarazo, lactancia o maternidad de hijos menores de cinco años.

En el Código Nacional de Procedimientos Penales, propone que mientras exista una epidemia sanitaria, los jueces solo concedan la prisión preventiva en casos excepcionales, cuando la seguridad de las víctimas este comprometida y usen otras medidas cautelares para evitar así la sobrepoblación de las cárceles donde el distanciamiento social sea una condición para mantener protegida la salud.

Respecto a la Ley General de Salud, la senadora plantea incluir a la población penitenciaria para que los encargados de los centros de readaptación, informen a las autoridades sanitarias, sobre el número de personas contagiadas así como a tomar medidas de exclusión de los enfermos para evitar la propagación de las epidemias.

Por último, la senadora afirmó que la Ley de Aministía tiene objetivos nobles, como liberar mujeres y campesinos acusados de narcotráfico, pero éste no es el momento de llevarla a cabo porque “no resolvería el tema de fondo, que es liberar del hacinamiento de las cárceles, porque finalmente, quedan dentro muchísimas personas sin sentencia y sin servicios fundamentales como el agua, tan vital para mantener su salud en medio de una pandemia como el coronavirus”.

“La iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal, se centra en contados tipos penales de competencia federal, mientras que mi propuesta, se centra en todas las personas recluídas en el país, en respetar sus derechos fundamentales y preservar su salud a través de la atención y la protección de la población penitenciaria y si hubiere acciones colectivas, las personas exclusadas, estarían en su casa en 48 horas”, subrayó.

ARGUMENTACIÓN DE GEOVANNA BAÑUELOS

Al aprobar la Ley de Amnistía enviada al Congreso de la Unión por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en medio de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, Geovanna Bañuelos sostuvo que cobra relevancia humanitaria.

La amnistía es un instrumento político y jurídico, mediante el cual el Poder Legislativo extingue la acción penal y las sanciones de quienes cometieron determinados tipos de delitos, indicó

Esta ley, adopta de manera primordial, un enfoque de reinserción y rescate, que atiende directamente la situación de pobreza en México, así como los problemas estructurales del sistema de justicia mexicano, como es el caso de la falta del debido proceso a integrantes de pueblos indígenas.

“La amnistía no significa dejar salir a las calles a asesinos y a violadores como malintencionadamente o por ignorancia se ha mencionado”, enfatizó la legisladora.

Por el contrario, con la amnistía se puede lograr perdonar a personas que fueron forzadas a trabajar con el crimen organizado que fueron culpadas injustamente o que cometieron conductas antisociales en condiciones de notable vulnerabilidad.

Bañuelos de la Torre, aseguró que en estos momentos sólo con voluntad política y empatía cívica lograremos enfrentar, la actual crisis que atenta contra la salud de los mexicanos, a causa de la pandemia por Covid-19.

“Con su aprobación, aproximadamente 5 mil reos a nivel federal y estatal podrán lograr su preliberación, con lo cual se reduce el número de contagios por Covid-19 al interior de las cárceles”, destacó la senador petista.

Finalmente, subrayó que la ley responde a las recomendaciones de las autoridades de salud, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y organismos defensores de los derechos humanos.  

Los delitos que estarán sujetos a la Ley de Amnistía contemplan; la interrupción del embarazo, incluyendo a los médicos practicantes del procedimiento, delitos contra la salud, destacando el consumo de narcóticos, en una dosis claramente limitada.

Así como, el robo simple, no reincidente, la sedición y delitos políticos, con excepción del terrorismo y los delitos cometidos por integrantes de pueblos indígenas y no se les haya garantizado el debido proceso.