La senadora Claudia Anaya cita el estimado de 30 mil menores reclutados para la comisión de delitos y que prevalezca enfoque jurídico de tratarlos como delincuentes y no como las víctimas que son

Para proteger a las niñas y niños que son usados por grupos criminales para actividades ilícitas, la Senadora Claudia Anaya propuso incluir el tipo penal de “reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos armados” en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

La también secretaria de la Comisión de Justicia, resaltó en su iniciativa de reforma que los niños que son usados como “halcones”, cocineros, empacadores y/o vendedores de droga, realizan también tareas que ponen en peligro su vida, tales como espiar, vigilar, realizar patrullajes o transportar armas, mientras que algunos otros, son explotados sexualmente por las organizaciones criminales y todos ellos "son en realidad víctimas, no criminales, pues su situación de vulnerabilidad causada por la pobreza, el abandono y el descuido institucional y del Estado, los convierte en presas fáciles de los malhechores".

La senadora destacó que en México, no tenemos cifras claras sobre cuántos infantes y adolescentes han sido reclutados por el crimen organizado, pero especialistas y académicos, calculan que son cerca de 30 mil menores que están involucrados en la comisión de unos 22 tipos de delitos (desde tráfico de droga, hasta secuestro de personas, extorsiones, contrabando, piratería, corrupción, etc.) y hasta el momento, el enfoque es tratarlos como criminales y no como víctimas, destaca en su propuesta.

“Es momento de reconocer que a estos menores de Edad, el Estado les ha fallado al negarles sus derechos a la protección y a la reparación del daño, es decir, no pueden ser considerados como sujetos activos por la comisión de un delito, mientras no realicen una conducta ilícita; mas bien, el hecho que sean reclutados por un grupo criminal, debe ser castigado por la Ley y por lo tanto la autoridad, debe prevenirlo, investigarlo y sancionarlo, como cualquier otra violación a los derechos humanos”, subrayó.

Su propuesta en el caso de ser aprobada,  ayudará a que México cumpla con la recomendación que realizó el Comité sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas en 2015 en relación a la protección de menores usados por grupos armados.