Zacatecas, Zac. La Legislatura pide explicación a Segalmex y a la SFPF investigue irregularidades hasta en el transporte de la gramínea

Por presuntos actos de corrupción en la aplicación del programa  de préstamo de semilla de frijol encabezado por Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), la LXIII Legislatura aprobó un punto de acuerdo para que se aclare la implementación de esta estrategia y se investiguen las posibles irregularidades.

El diputado Armando Perales Gándara presentó esta iniciativa que fue considerada urgente y avalada este jueves por las y los integrantes de la Asamblea.

En la exposición de motivos, el legislador promovente explicó que los productores zacatecanos han denunciado una serie de irregularidades como, por ejemplo, el traslado del frijol del estado de Zacatecas hacia Durango, pese a que en la entidad hay centros de cribado y de beneficio de este grano suficientes y con la tecnología necesaria.

Con este traslado, los afectados señalan que no están teniendo beneficios económicos; un hecho particularmente preocupante en el actual contexto de crisis generada por la pandemia del Covid-19.

Otra de las quejas, agregó Perales Gándara, es que los camiones para trasladar el frijol a Durango ni siquiera se están contratando entre transportistas zacatecanos sino que se han otorgado los contratos a líneas de transporte de Jalisco.

Ante esta situación, la LXIII Legislatura exhortó en un primer momento a Segalmex para que presente a las y los diputados zacatecanos un informe detallado y con el soporte documental necesario, en relación a las licitaciones que se han lanzado para asignar los contratos de transporte y de beneficio del frijol dentro del programa de préstamo de semilla para el ciclo primavera-verano 2020.

También solicitaron a la Secretaría de la Función Pública federal que inicie una investigación por estos posibles hechos de corrupción y de conflicto de interés y, si procediera, denunciar a quien o quienes resulten culpables en caso de un delito.

Asimismo, este jueves se dio a conocer que hasta el momento 40 ayuntamientos han aprobado ya la reforma constitucional que se avaló en diciembre del año pasado en materia de transparencia y datos personales.

Con ella se limita la posibilidad del gobernador de objetar el nombramiento de algún comisionado del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y protección de Datos Personales  a tan sólo un plazo de cinco días hábiles desde la designación.

INICIATIVAS

Evitar la deserción escolar tras la emergencia sanitaria con becas y apoyos a estudiantes

La perspectiva que se tiene en cuanto a los indicadores de pobreza tras la emergencia sanitaria por el Covid-19 es alarmante, ya que se estima que los zacatecanos en esta condición pudieran incrementarse casi un 10 por ciento, pasando de 755 mil a casi 900 mil.

La diputada Mónica Borrego Estrada dio estos datos y expuso que para enfrentar esta situación un elemento fundamental será la educación de calidad y garantizar que, pese a la crisis económica que se avecina, no se incrementen las cifras de deserción y abandono escolar.

Por ello, presentó una iniciativa de punto de acuerdo por la que se busca exhortar al gobernador Alejandro Tello Cristerna a que implemente, de manera urgente, un programa compensatorio extraordinario de becas, apoyos y atención alimentaria, enfocado a los alumnos de educación básica de escuelas localizadas en zonas con bajos niveles de desarrollo humano y altos índices de pobreza social.

La legisladora expuso dos posibles fuentes de obtención de recursos para poder implementar esta acción: la primera es la gestión y la segunda, que es la que se sugiere como principal opción, es el presupuesto del Sistema DIF Estatal puesto que debe destinarse a este tipo de programas para el apoyo de la población vulnerable, además de que no sufrió modificaciones. La iniciativa fue enviada para su análisis a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Periodos de Administraciones Estatal y Municipales, en concordancia con el ejercicio fiscal

A fin de que los periodos de los gobiernos estatal y municipales comiencen con el ejercicio fiscal del año inmediato siguiente al de la elección que corresponda, y de esta manera lograr que exista una consolidación de los aspectos legales, contables, fiscales, el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez planteó ante el Pleno una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que propone reformar los artículos 57, 59, 72, 82 y 118 de la Constitución local.

El legislador explicó que con esta reforma,  además de facilitar la fiscalización de los recursos por periodos que correspondan al ejercicio fiscal completo, se permite que los gobiernos ejerzan los recursos públicos anualizados, de acuerdo a su plan de trabajo anual.

De esta forma se cumpliría con el ejercicio del presupuesto y la totalidad de sus obligaciones adquiridas y, a su vez, podrán informar de sus actividades y del estado que guarda la administración de todo un periodo anual fiscal.

Ley Estatal para la Protección a Personas que Intervienen en Procedimientos Penales

Considerando como una necesidad que el Estado cuente con un sistema de justicia penal equitativo y eficaz, que respete los derechos fundamentales tanto de las víctimas como de los sospechosos y delincuentes, la diputada María Navidad Rayas Ochoa presentó la iniciativa de Ley Estatal para la Protección a Personas que Intervienen en los Procedimientos Penales en Zacatecas.

Su objetivo es establecer las medidas y procedimientos que garanticen la protección y atención de estas personas cuando se encuentren en situación de riesgo o peligro por su participación en el proceso penal o como resultado del mismo.

Apuntó que como legisladores “debemos prevenir la victimización, proteger y asistir a las víctimas, y tratarlas con humanidad y respeto a su dignidad; ellas deben tener acceso a los mecanismos judiciales que les permitan buscar vías de recursos y así obtener una pronta reparación por los daños sufridos”.

Reforma para que Organismos Operadores de Agua Potable trabajen sin Contratiempos

Para permitir que los organismos operadores de agua potable funcionen sin contratiempos y se evite, así, una deficiente prestación del servicio, el diputado Raúl Ulloa Guzmán presentó una iniciativa que reforma la Ley de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Zacatecas.

La modificación se plantea al párrafo 4 del artículo 29 y consiste en establecer que cada miembro del Consejo Consultivo durará en su encargo tres años.

A su vez, también se busca modificar el párrafo primero del artículo 38 para determinar la obligatoriedad de que en el órgano de gobierno de los organismos operadores intermunicipales, la presidencia sea rotativa cada año de entre los municipios que firmen el convenio de colaboración.

Instaurar un Informe Anual de trabajo de las Comisiones Legislativas

Con el afán de legitimar al Poder Legislativo, la diputada Emma Lisset López Murillo planteó reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento General del Poder Legislativo para establecer la obligación de rendir un informe anual del trabajo realizado por cada comisión legislativa.

Este acto de rendición de cuentas deberá estar encabezado, de acuerdo al planteamiento, por la diputada o el diputado que presida cada uno de estos órganos. La legisladora aseguró que el seguimiento de los trabajos realizados en el seno de las comisiones legislativas permitirá afinar los temas y los objetivos planteados.

Recalcó que son las comisiones las que realizan el trabajo técnico que es de suma importancia ya que está estrechamente relacionado con la forma de organización del Poder Legislativo para cumplir propiamente con la función legislativa.

Establecer por ley la atención médica a domicilio

Los diputados Héctor Adrián Menchaca Medrano y Jesús Padilla Estrada, así como la diputada Gabriela Evangelina Pinedo Morales propusieron una iniciativa de decreto que tiene como fin agregar una fracción al artículo 5 de la Ley de Salud de la entidad.

El objetivo es facultar al Estado en materia de salubridad para que se pueda brindar la atención médica a domicilio a pacientes cuyas condiciones de salud les imposibiliten a acudir personalmente a los centros de salud y de esta forma dar continuidad a sus revisiones médicas.

Haciendo alusión a la situación de salubridad y consecuencias que ha ocasionado la pandemia que actualmente se vive en el mundo, el diputado Héctor Menchaca destacó que con la propuesta se trata de garantizar el derecho a la protección de la salud y lograr un acceso más equitativo al servicio médico, mejorando la calidad de vida, particularmente, de la población más vulnerable.

Eliminar la carta de no antecedentes penales de la legislación estatal

Pese a que desde la Constitución Política del país se establece como un derecho humano la no discriminación, la diputada Gabriela Pinedo Morales y los diputados Héctor Menchaca Medrano y Jesús Padilla Estrada consideraron que aún persisten prácticas discriminatorias sistemáticas que obedecen a patrones culturales que se han desarrollado en la sociedad mexicana.

Una de estas situaciones se encuentra en el sistema de justicia y tiene que ver con la constancia de no antecedentes penales como requisito para la obtención de un trabajo, lo que frena las posibilidades de la reinserción social de las personas que han cumplido sentencia por algún delito.

Por ello, atendiendo también a los llamados que ha hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para eliminar toda normativa que sustente la permanencia de este acto discriminatorio, las y los legisladores propusieron cambios en la Constitución Política del Estado, en la Ley del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones de la entidad y la Ley de Hacienda estatal.

Prohibir fraccionamientos cerca de actividades contaminantes como las ladrilleras

Con el objetivo de evitar que continúen creciendo las zonas habitacionales afectadas por actividades que dañen la salud o el medio ambiente, como el caso de las ladrilleras que están dentro de las manchas urbanas, la diputada María Edelmira Hernández Perea propuso una iniciativa para reformar el Código Territorial y Urbano del estado.

La legisladora señaló que en el ámbito municipal se tramitan y autorizan principalmente los desarrollos habitacionales y es en ese nivel de gobierno  donde en muchas ocasiones “no se toman con seriedad las obligaciones medioambientales; basta echar un vistazo a los diversos fraccionamientos construidos sin cumplir con el cuidado del medio ambiente o, peor aún, establecidos sin garantizar un medio ambiente sano ya sea por su ubicación o colindancia con instalaciones fabriles o con predios cuyo uso es ajeno al habitacional, como el caso de los cercanos o colindantes con ladrilleras”.

Con la reforma planteada se incorporaría en la norma la prohibición de construir viviendas  en áreas aledañas a zonas de actividad industrial contaminante o donde operen ladrilleras para evitar que los problemas que actualmente existen en algunas regiones del estado continúen multiplicándose.

Erradicar la violencia y el acoso laboral en el sector público

Para garantizar que la Ley del Servicio Civil del estado esté alineada a las disposiciones federales en materia de violencia y acoso laboral, el legislador Eduardo Rodríguez Ferrer propuso reformar esta legislación con la finalidad de incorporar estos dos conceptos en el artículo 2, de forma que se homologue a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

Recordó que la Ley del Servicio Civil es la que regula las relaciones laborales entre los poderes del Estado, en los municipios, entidades paraestatales y paramunicipales y sus trabajadores, y concluyó que es urgente que se modifiquen estas disposiciones.

El diputado consideró que es una obligación y también un compromiso de la LXIII Legislatura el impulsar políticas que busquen eliminar estas prácticas que “socavan los derechos de quienes las padecen. Evitemos más sufrimiento psicológico, más humillaciones, desmotivación, la pérdida de la autoestima y promovamos políticas frescas y efectivas que abonen a un clima libre de violencia y acoso laboral” se argumentó.

Garantizar los derechos de la niñez en el sistema penitenciario estatal

Ante la grave situación que atraviesa el sistema penitenciario y teniendo en cuenta que en algunos penales, como los destinados exclusivamente a mujeres, hay menores de edad que conviven al interior con sus madres, la diputada Roxana del Refugio Muñoz González presentó una iniciativa para garantizar los derechos y la protección de estas niñas y niños.

La reforma a la Ley del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones del estado propuesta por la legisladora busca que la custodia dentro del centro penitenciario sea hasta los 5 años, con posibilidad de ampliar el periodo en los casos en los que los menores tengan alguna discapacidad.

Asimismo, se establece la obligación del Estado de adecuar todas las cárceles que alberguen niñas y niños, y aquellas en las que haya visitas de los menores a sus madres, para que se respeten sus derechos y se privilegie el interés superior de la niñez.

Al momento de la separación por haber cumplido la edad máxima de estancia al interior del penal, se plantea que el sistema penitenciario deba implementar un proceso “sensible y gradual”, permitiendo además el contacto frecuente entre la madre y sus hijos e hijas.

Reformar la constitución para eliminar influyentismo y garantizar imparcialidad en Poder Judicial

El diputado Pedro Martínez Flores propuso modificar la Constitución Política del estado para ampliar los requisitos que deben cumplir las personas que aspiran a ser magistrados o jueces de primera instancia del Poder Judicial de Zacatecas.

La reforma se aplica al listado de criterios que deben cumplir las y los aspirantes a estos puestos, en la que se agregan precisiones a la fracción relacionada a la consanguinidad y que actualmente establece que para poder acceder a estos cargos no se debe tener parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado con los demás magistrados del tribunal ni con el fiscal.

Con el planteamiento leído este jueves se agregaría la prohibición de tener parentesco hasta el grado referido con magistrados tanto en activo como en situación de retiro.

El diputado apuntó que es necesario este cambio ya que “una relación de tal naturaleza es, sin lugar a duda, un factor que influye tanto en la elección y designación de jueces y magistrados, como al momento de emitir sus fallos”.

En el apartado de asuntos generales participaron los diputados Omar Carrera y Alma Dávila.