Legisladores

Gabriela Pinedo diputada presidentaDemandan diputados Gabriela Pinedo, Jesús Padilla y Héctor Menchaca a la Fiscalía y al Poder Judicial que haya justicia en homicidios conta féminas en el primer semestre de 2020

La Comisión Permanente del Congreso del Estado exhortó, de manera urgente, al Poder Judicial y Fiscalía del Estado de Zacatecas a que no queden impunes los 54 asesinatos de mujeres, registrados durante el primer semestre del 2020 y se prevengan otros actos como éstos que han abundado durante el período de la pandemia.

En voz de la diputada petista Gabriela E. Pinedo Morales, presidenta de la Comisión Permanente, también se pidió a la Fiscalía “que diseñe un instrumento marco de atención a la violencia de género acorde a la situación actual de violencia y aislamiento social por el que atraviesa la población de Zacatecas, considerando que la violencia doméstica y de género tiene particularidades nuevas ante las medidas sanitarias, donde víctimas y victimarios se ven obligados a permanecer juntos por más tiempo de lo habitual”.

El acuerdo, también firmado por los diputados morenistas Jesús Padilla y Héctor Menchaca precisa que “es urgente, que no pase inadvertida esta triste realidad para el titular del Ejecutivo del Estado, ni para los 58 presidentes municipales, y mucho menos, para la Fiscalía General de Justicia de la entidad y para el Poder Judicial del Estado de Zacatecas. En este sentido, y apelando al pleno acceso del derecho humano a vivir en un entorno libre de violencia, derivan una serie de obligaciones positivas a dichas instituciones consistentes en prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres.”

También de forma urgente, y a propuesta de la diputada Pinedo y los diputados Padilla y Menchaca, la Asamblea Popular exhortó a la Secretaría del Campo del gobierno estatal, a que en el ámbito de sus atribuciones legales promueva la prohibición del uso del Glifosato en las actividades agrícolas y ganaderas del territorio del estado de Zacatecas toda vez que está demostrado que es una de las causas de males cancerígenos en humanos, por lo que los países europeos y Norteamérica lo han excluido de su uso.

Los legisladores expusieron un decreto que reforma la Ley de Educación Estatal para agregar en el Artículo 8  que “al ser un derecho fundamental y humano de la primera infancia, que va desde el nacimiento y hasta los tres años de edad, las autoridades educativas federales, estatales y municipales, están obligadas a garantizar a los titulares de este derecho, la cobertura en todos los contexto, el acceso oportuno y la permanencia escolar, en condiciones de equidad y sin ningún tipo de discriminación, por ser una etapa crucial para el desarrollo neuronal, físico, psicológico, psicomotriz y socioemocional de la primera infancia” e incluir en el Artículo 13 el “intangibilidad de la dignidad humana” que como mandato Constitucional para que las personas reciban protección a todos sus derechos y no sean tratadas como cosas.

Pena de cárcel para los portadores de enfermedades contagiosas que pongan en riesgo a la sociedad, en iniciativa

Una pena de seis meses a 10 años de prisión es la que se propuso este miércoles para quienes, sabiendo que son portadores de una enfermedad que puede poner en riesgo la vida de otros, se exponen y contagian a alguna persona.

El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez presentó una reforma al Código Penal del Estado para agregar dos párrafos al artículo 173.

El planteamiento fue motivado, sostuvo, por la emergencia sanitaria actual y porque se ha detectado que hay personas que teniendo conocimiento de que están contagiadas de Covid-19 salen a la calle, incumpliendo el aislamiento social, y contagian a más personas “de un modo absolutamente irresponsable que debemos de frenar de manera tajante”.

El legislador expuso que ya en este artículo se establecen sanciones para estos hechos en algunas enfermedades como las de transmisión sexual; sin embargo, el objetivo de la iniciativa es ampliar los conceptos.

En concreto, la propuesta contempla añadir un párrafo en el que se especifique que “si la enfermedad padecida pone en peligro la vida o genera daños irreversibles a la salud, se impondrá la pena de seis meses a diez años de prisión por contagio realizado. Y se considerará delito grave”.

Inclusive, se agrega un cuarto párrafo para establecer obligaciones también para las autoridades al referir que “a manera de prevención, el Estado deberá garantizar el sostenimiento económico de toda la población, particularmente la más necesitada, a fin de procurar el debido confinamiento”

Obligar a los tres niveles de gobierno a garantizar el derecho a la educación inicial

La educación inicial o temprana que se brinda de los 0 a los 6 años es una etapa fundamental para el desarrollo de las personas, ya que es la base sobre la que se asienta la personalidad del ser humano, además de sus habilidades afectivas y cognitivas. 

Los estudios internacionales que se enfocan a la educación durante los primeros años de vida demuestran que “las intervenciones oportunas han mostrado que los niños pequeños pueden obtener mejores condiciones de desarrollo, una vida adulta saludable y competente, así como crecer con una valiosa responsabilidad ciudadana y dar cuenta de una mejor productividad económica”.

Por la importancia de esta etapa del crecimiento, la diputada Gabriela Pinedo Morales y los diputados Héctor Menchaca Medrano y Jesús Padilla Estrada propusieron reformar la Ley de Educación del estado para que se establezca la obligación de las autoridades de todos los niveles de garantizar el acceso de las niñas y niños a los servicios de educación temprana ya que, además, éstos constituyen un derecho fundamental de la primera infancia.

En el planteamiento se incluyen cambios en el artículo 8 y también en el 13 de la Ley de Educación, con los que se busca, entre otros aspectos, asentar expresamente esta responsabilidad del Estado de “garantizar a los titulares de este derecho la cobertura en todos los contextos, el acceso oportuno y la permanencia escolar, en condiciones de equidad y sin ningún tipo de discriminación, por ser una etapa crucial para el desarrollo neuronal, físico, psicológico, psicomotriz y socioemocional de la primera infancia”.

Fortalecer las contralorías municipales para combatir la corrupción

Ante la situación actual de descrédito y falta de confianza que atraviesan las instituciones en todo el país, es necesario adecuar las leyes para combatir las prácticas que han generado esta percepción social.

Es importante, en concreto, aplicar los cambios necesarios en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Zacatecas debido a que es el nivel de gobierno más cercano a la sociedad y que, por ende, debe tener bases más sólidas para enfrentar la corrupción.

Lo anterior fue expresado por el diputado Pedro Martínez Flores quien propuso reformar este ordenamiento para fortalecer las funciones y atribuciones de las Contralorías Municipales ya que son las instancias encargadas de vigilar el funcionamiento y la aplicación de los recursos públicos en los ayuntamientos.

El legislador destacó que tienen que sentarse bases claras de actuación para poder acabar con las irregularidades debido a que “la aplicación de la acción del gobierno en el combate a la corrupción no debe ser variable ni negociable”.

La reforma planteada, sostuvo, tiene como objetivo robustecer las tareas de control, seguimiento y evaluación de las contralorías municipales para que puedan alcanzar los estándares mínimos que se establecen a nivel nacional.

Antes de finalizar la sesión de este miércoles, se inscribieron para hablar en el punto de asuntos generales los diputados Francisco Javier Calzada Vázquez, Pedro Martínez Flores y Jesús Padilla Estrada.

La diputada presidenta de la Comisión Permanente citó a la siguiente sesión el próximo miércoles 15 de julio.

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