Es imperativo extender esta herramienta de participación ciudadana, afirmó la diputada local de Morena
Zacatecas, Zac.- La diputada Gaby Pinedo, respaldada por la fracción parlamentaria de Morena, presentó una iniciativa para la ampliación del alcance de la revocación de mandato, un mecanismo de democracia directa que hasta ahora solo se aplicaría al titular del Poder Ejecutivo estatal.
Pinedo mencionó que es imperativo extender esta herramienta de participación ciudadana a todos los servidores públicos de elección popular, incluyendo diputados locales, presidentes municipales, síndicos y regidores. “Que haya piso parejo”. Esta medida, fortalecerá la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública al permitir que los ciudadanos puedan revocar el mandato de aquellos funcionarios en quienes hayan perdido confianza.
"La revocación de mandato es un ejercicio democrático crucial que empodera a los ciudadanos para decidir sobre la permanencia de sus representantes electos", destaca la iniciativa leída por el diputado Armando Delgadillo durante la sesión legislativa. Además, hizo referencia a precedentes legales y constitucionales de otras entidades federativas mexicanas, así como jurisprudencia relevante, para respaldar la viabilidad y necesidad de esta ampliación.
El segundo componente de la iniciativa se enfoca en la regulación de la remuneración de los servidores públicos en Zacatecas. En donde se propone establecer que ningún funcionario público pueda recibir una remuneración mayor a la asignada al Gobernador del Estado, con el objetivo de eliminar la discrecionalidad y asegurar sueldos más transparentes y adecuados. Esta medida, es fundamental para promover la austeridad y combatir la corrupción, alineándose con los principios de la Cuarta Transformación impulsada por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
"Es momento de poner fin a los privilegios y asegurar que los recursos públicos sean destinados de manera responsable y en beneficio de toda la población", subrayó.
La propuesta también contempla la obligación de la Legislatura para implementar estas reformas de manera inmediata en la ley secundaria correspondiente, garantizando su aplicación efectiva en un plazo no mayor a 30 días naturales después de su aprobación constitucional.
