Adriana Leonel de Cervantes Ascencio, la ponente
Zacatecas, Zac.- Se realizó hoy la conferencia magistral “Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en el contexto de la Elección Judicial 2025”, con el objetivo de visibilizar y analizar este tipo de violencia, durante el evento, también se realizó la presentación del informe especial sobre la situación general que guarda el impulso a la participación política de las mujeres en el Estado de Zacatecas 2022 - 2024.
El evento fue organizado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, la LXV Legislatura del Estado, la Junta Local del INE en Zacatecas y el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas.
Durante sus intervenciones, las autoridades de las instituciones convocantes enfatizaron la importancia del trabajo conjunto para visibilizar y erradicar la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, destacando la necesidad de reforzar mecanismos de prevención y sanción para garantizar la participación política en condiciones de igualdad.
La Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros, Yazmín Reveles Pasillas, estuvo a cargo de la presentación del informe especial. Durante su intervención, explicó que, dado la relevancia del tema, el IEEZ promueve su difusión mediante cursos de capacitación, talleres, conferencias y acciones de intervención educativa.
La conferencia magistral fue impartida por Adriana Leonel de Cervantes Ascencio, presidenta de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Político-Electorales, durante su intervención, expuso la diferencia entre la violencia, la violencia política y cómo identificar la Violencia Política en Razón de Género (VPRG).
Asimismo, presentó las conductas que pueden constituir VPRG, durante el periodo de precampaña y campaña, tales como dificultar o impedir el registro de una candidatura, obstaculizar la campaña, calumniar, descalificar o difamar a las candidatas basándose en estereotipos de género, así como amenazarlas para que renuncien a su postulación.
Por otro lado, también existen conductas de VPRG que pueden desarrollarse durante el ejercicio del cargo, como impedir o dificultar la toma de protesta, amenazar para que renuncien al cargo, omitir convocatorias u ocultar información para evitar su participación en las sesiones, proporcionar información falsa o incompleta que afecte su desempeño, divulgar imágenes o datos privados con el fin de difamarla o denigrarla, limitar o negar recursos, prestaciones o atribuciones relacionadas con el cargo, imponer tareas ajenas a sus funciones basadas en estereotipos de género, impedir su reincorporación tras una licencia de maternidad, obligarla a firmar documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad y someterla a sanciones injustificadas o abusivas.
CUATRO VÍAS DE ATENCIÓN
Además, la ponente explicó las cuatro vías de atención, investigación y persecución de la violencia política en razón de género: la administrativa electoral, que se lleva a cabo a través de un Procedimiento Especial Sancionador; la jurisdiccional, que se tramita ante los Tribunales Estatales mediante el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos -Electorales de la Ciudadanía; el penal, que se presenta ante las fiscalías especializadas de las entidades federativas (FEPADE-FGJ), donde cualquier persona puede presentar una denuncia; y la administrativa, que se presenta ante un Órgano Interno de Control y se resuelve mediante un procedimiento de responsabilidades de las y los servidores públicos.
Cervantes Ascencio, presentó casos prácticos de violencia política y sus resoluciones, en las cuales destacó la nulidad de la elección en la Presidencia Municipal de Iliatenco en el Estado de Guerrero, donde la Sala Superior determinó que los hechos de VPRG consistieron en 14 pintas con mensajes cuya intención era disminuir y afectar derechos de la candidata, además de que su contenido afectó su imagen pública. Esta es la primera sentencia que anula una elección en el país y en latinoamérica por VPRG.
Otro caso que destacó la ponente fue el ocurrido en Baja California Sur, donde una ex candidata a diputada federal denunció a medios de comunicación y diversas personas por la difusión de numerosas publicaciones en redes sociales y medios noticiosos donde se exponía su cuerpo. Por lo que se multó a los denunciados, se impusieron medidas de reparación y se ordenó su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
Finalmente, compartió el caso de un candidato a la presidencia municipal en Ixtla, Morelos, al cual resultó inelegible por estar inscrito en el registro de deudores alimenticios morosos al momento de su postulación.
En el evento estuvieron presentes, las y los Consejeros Electorales, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, la Diputada Local, Renata Libertad Ávila Valadéz, la Magistrada del Tribunal de Justicia Electoral de Zacatecas, Teresa Rodríguez Torres y el Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE en Zacatecas, Matías Chiquito Díaz de León.
