A siete años de la Ley General de Archivos, persisten retos en gestión documental
Zacatecas, Zac., 14 de junio de 2026.-
A siete años de la entrada en vigor de la Ley General de Archivos, la pérdida, desorganización y posible ocultamiento de documentos públicos continúan siendo desafíos que vulneran la transparencia, debilitan la rendición de cuentas y favorecen espacios de opacidad en las instituciones mexicanas, afirmó Julieta del Río Venegas.
La ex comisionada del INAI y especialista en transparencia y protección de datos personales advirtió que persisten importantes retos para consolidar una adecuada gestión documental en el país.
Del Río Venegas señaló: la Ley General de Archivos estableció el marco normativo para la organización, conservación y administración de los documentos generados por las instituciones públicas. Su aprobación representó un avance fundamental para el sistema de transparencia, al reconocer que los archivos son la base que hace posible el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Sin embargo, destacó que aún existen desafíos estructurales en su aplicación. En distintos espacios institucionales continúan registrándose casos de archivos desorganizados, mal conservados, dispersos o en condiciones de deterioro. Incluso, se han documentado denuncias relacionadas con el posible ocultamiento, alteración o destrucción de información pública.
Agregó que los archivos, tanto físicos como electrónicos, constituyen evidencia de las decisiones gubernamentales, los procesos administrativos y el ejercicio de derechos ciudadanos. Su correcta gestión no solo representa una obligación legal, sino un requisito indispensable para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el combate efectivo a la corrupción.
Cada documento generado por una institución pública forma parte del patrimonio documental del Estado mexicano. Su preservación permite reconstruir decisiones, verificar responsabilidades, dar seguimiento al uso de los recursos públicos y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
Señaló que cuando los archivos se pierden, se destruyen o no son debidamente integrados, se afecta la memoria institucional, se dificulta la fiscalización y se vulneran los principios que sustentan el acceso a la información pública.
Del Río Venegas aseveró: la falta de archivos y la destrucción de documentos son prácticas que impiden la rendición de cuentas y pueden derivar en responsabilidades legales, administrativas e incluso penales para los servidores públicos.
Además, la alteración, ocultamiento o desaparición de documentos oficiales puede obstaculizar auditorías, investigaciones y procedimientos de fiscalización, incluidos los realizados por la Auditoría Superior de la Federación, generando consecuencias directas para los responsables.
A siete años de la entrada en vigor de la Ley General de Archivos, el desafío central sigue siendo consolidar una verdadera cultura archivística, en la que la preservación documental sea entendida como una responsabilidad permanente del Estado y un compromiso con la democracia.
Concluyó: los archivos importan porque resguardan la memoria institucional, permiten garantizar el acceso a la información y hacen posible que la ciudadanía exija cuentas a sus autoridades. Sin archivos no hay memoria. Y sin memoria no hay rendición de cuentas.
