Critican organizaciones civiles su funcionamiento, a 10 meses de que entrara en vigor en el país

ANGÉLICA JOCELYN SOTO ESPINOSA

Cimacnoticias

MÉXICO, DF. A 10 meses de que entrara en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, organizaciones civiles lo calificaron como “insuficiente” para juzgar con perspectiva de género, especialmente durante su implementación.
 
Al participar en el Foro de Diálogo "El Código Nacional de Procedimientos Penales y la propuesta de Código Penal Único: un análisis desde la perspectiva de género", organizaciones como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) criticaron que estas herramientas no cuenta con los elementos suficientes para asegurar el respeto a los Derechos Humanos (DH) durante los procesos de justicia que enfrentan las mujeres víctimas e imputadas.
 
El Código Nacional de Procedimientos Penales, fue publicado el pasado 5 de marzo en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Establece los procesos a seguir en la investigación, procesamiento y sanción de los delitos y regulará la implementación de los juicios orales que entrarán en vigor a partir del mes de julio del 2016.
 
Al respecto, especialistas en derecho observaron que este instrumento no garantiza que se proteja la privacidad de las víctimas de violencia sexual; permite la conciliación de la pareja en caso de violencia intrafamiliar; y no asegura que se realicen investigaciones exhaustivas y con perspectiva de género.
 
El investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) José Antonio Caballero Juárez, señaló que la principal deficiencia del Código Nacional está en su implementación, ya que no establece ninguna medida para que las y los funcionarios del sistema de justicia estén obligados a respetar las garantías de las mujeres.
 
Criticó que actualmente los agentes del Ministerio Público cuestionan el testimonio de la víctima, se niegan a recibir denuncias por supuesta falta de pruebas y no llevan a cabo investigaciones con perspectiva de género.
 
Además, acusó que la Procuraduría General de la República (PGR), “maquilla cifras”, no aporta información desagregada por sexo ni cuenta con mecanismos eficientes de acceso a la información.
 
El experto apuntó que es importante que las y los jueces tengan un enfoque de género, más allá de lo que dicte la norma penal, ya que esto asegurará que en cada caso se evalúe la situación de vulnerabilidad de la víctima o la imputada para que la sentencia respete sus DH.
 
Agregó que la violencia intrafamiliar no debe ser conciliada como lo establece el Código Nacional actualmente, ya que instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, señala que si las víctimas permanecen viviendo con el agresor, el riesgo de sufrir nuevamente la violencia e incluso feminicidio, continúa latente.
 
El investigador del CIDE propuso destinar más recursos públicos para documentar y sistematizar cada sentencia vinculada con mujeres a fin de evaluar cuál es la actuación del sistema de justicia en los temas que más impactan la vida de la población femenina.
 
Caballero también señaló la necesidad de que las instituciones de justicia generen información desagregada por sexo y mantengan procesos asequibles de transparencia para que la comunidad académica y las organizaciones civiles puedan monitorear y observar los primeros resultados del Código Nacional de Procedimientos Penales.
 
Regina Tamés Noriega, directora del GIRE, criticó que las capacitaciones y cursos de sensibilización a policías y servidores públicos es un tema rebasado al que se destinan demasiados recursos, y que la creación de protocolos para juzgar con perspectiva de género resultan insuficientes.
 
Dijo que otorgar certificados de perspectiva de género a los agentes de justicia, sin que hayan aprobado diversos mecanismos de evaluación, sólo hace que la sociedad caiga en una “autocomplacencia” pero no que se respeten efectivamente las garantías de las mujeres.
 
La también abogada propuso que se dé seguimiento a cada sentencia; que se visibilicen las buenas prácticas de juzgados locales; que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se involucre más en cada proceso; y que desde la formación universitaria de las y los litigantes en derecho penal se incluya un enfoque de DH y de género.
 
Las y los expertos también cuestionaron la consolidación del Código Penal Único, el cual es una propuesta del titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, que aún no ha sido aprobada, pero que forma parte del compromiso 78 suscrito por los tres principales partidos políticos en los “Acuerdos para la seguridad y la justicia”, del llamado “Pacto por México”.
 
En caso de aprobarse esta herramienta, las y los activistas concluyeron que debe homologar los códigos penales estatales para que en todos ellos se despenalice el aborto hasta las 12 semanas de gestación, se unifiquen las causales legales para acceder al aborto, y que se anule cualquier tipo penal que condene la interrupción del embarazo.
 
Criticaron que la creación de la policía única (como lo plantea el Código Penal Único) está pesada para combatir el crimen organizado, pero no para generar mayor confianza con la población femenina y resolver las situaciones de violencia que enfrentan día a día.