Zacatecas. Red Mexicana de Afectados por la Minería emite comunicados sobre presuntos atropellos a derechos agrarios y humanos al construir el sistema Milpillas

Ejidatarios de El Potrero se presentaron ante la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), María de la Luz Domínguez Campos, para presentarle formalmente la queja en contra del Gobierno Municipal de Jiménez del Teul, Policía del Estado de Zacatecas, Secretaría General de Gobierno y Secretaría de Agua y Medio Ambiente, por los presuntos actos de abuso de autoridad y violación a los derechos agrarios y humanos cometidos contra ejidatarios y pobladores que se encontraban en el ejido El Potrero, durante la asamblea ejidal convocada por el comisariado para tratar asuntos de interés interno.

Expusieron los supuestos hechos de abusos y violaciones realizados por las autoridades mencionadas, ocurridas en el lugar el pasado 14 de octubre, antes y durante el desarrollo de la Asamblea ejidal, la cual fue concertada en segunda convocatoria, sin ningún antecedente de actos de tensión, presión o inseguridad, que pusiera en riesgo a los participantes y que al final, los operadores del gobierno municipal, estatal y federal, usaran como pretexto para presentarse con la fuerza pública estatal, quienes en conjunto asumieron el control y el desarrollo de la asamblea agraria, aun sin estar anunciados en el orden del día de la convocatoria, denunciaron.

Señalaron que la presencia y operativo policiaco transgredió tanto la ley agraria, como la ley interna del ejido en el procedimiento de su asamblea, así como también, su incursión ilegal en tierras de propiedad colectiva, provocaron incertidumbre, miedo, y violencia contra las y los ciudadanos de El Potrero.

En su queja narraron la llegada de “aproximadamente 20 camionetas de la Policía Estatal con aproximadamente 100 elementos de la policía estatal para obstruir y controlar el paso de los presentes, a través de colocar una cerca metálica en torno al perímetro del salón ejidal, la cual fue custodiada por los policías”.

La queja se desarrolla en tres hechos cronológicos: 1. Entrada a la Asamblea. 2. Desarrollo de la Asamblea y 3. Hechos ocurridos a fuera del salón ejidal, durante y después de la asamblea. Cada una de estas fue acompañada con material fotográfico y videográfico en donde quedan al descubierto las falsas declaraciones que el gobierno estatal, encabezado por el gobernador Alejandro Tello Cristerna, ha reiterado en los medios durante los últimos días.

Con la denuncia una vez más se hace evidente que, ante la construcción de megaproyectos, tanto en México como en América Latina, los gobernantes están incurriendo de forma burda y absurda en la violación a los Derechos Humanos, siempre intentando justificarse con un falso discurso en donde resaltan el interés público y colectivo, con el cual pretenden el despojo de las tierras ejidales que este modelo impone, dijeron los denunciantes.

El comunicado de prensa, enviado por la llamada Red Mexicana de Afectados por la Minería, rechaza el proyecto de la presa Milpillas  y precisa como consignas: “no queremos presa, no queremos dinero, queremos agua, queremos vida”.

La susodicha red también denunció que en el ejido de Atotonilco, del municipio Jiménez del Teul, nuevamente el gobierno estatal y municipal, dejaron ver sus intenciones de continuar con la violación de los derechos de los pueblos, con tal de avanzar en la imposición del cuestionado proyecto; “Presa Milpillas”, dice el texto.

Durante la reunión ejidal que se desarrolló en días pasados para informar sobre el reconocimiento ante el RAN de avecindadas y avecindados, ejidatarios aprovecharon para entregarle al comisariado ejidal de Atotonilco, un oficio en el cual, a groso modo, se le cuestionaba sobre los por qué, desde hace días, dos máquinas se encontraban trabajando en el ejido con relación a la construcción de la presa, sin que nadie haya tenido información detallada sobre el proyecto.

El presidente del comisariado ejidal, Benjamín Miranda González, respondió que él no había otorgado ningún permiso para la realización de trabajos.

Poco después el mismo presidente del comisariado, sin mostrar ningún papel que lo corroborara, comentó a otras personas que la autorización de las máquinas la realizó la presidenta municipal, Victoriana Espinoza Sánchez.

Los inconformes se presentaron al lugar donde se encontraban las máquinas y le pidieron al personal que las detuvieran y salieran del ejido, porque no tienen ni permiso ni convenio por parte de la asamblea, por lo tanto, se encontraban cometiendo un grave delito por destruir y allanar la propiedad ejidal.

Denunciaron que el aparentemente encargado de las máquinas, el cual se presentó como trabajador del gobierno, sin presentar ninguna acreditación al respecto, de forma prepotente y agresiva pidió los nombres de los presentes y empezó a sacarles fotografías, a quienes, de forma respetuosa, pacífica, y en pleno uso de sus derechos, se presentaron a impedir la continuidad de los trabajos. Luego de un rato de diálogo tenso, el operador desistió de permanecer y movió la maquinaría al sitio en donde fueron bajadas de los camiones de carga que las llevaron.

“Esta nueva acción de flagrante violación a los derechos colectivos, en este caso contra el ejido y el pueblo de Atotonilco, queda demostrado que, tanto el gobierno estatal como el gobierno municipal, están dispuestos a imponer su voluntad, violar todas las leyes y, con el uso de la fuerza, avanzar en la implementación de un proyecto que afectará y cambiará la vida de la población para siempre”.