Ciudad de México. Sueldos bajos, nulas prestaciones, ausencia de seguridad social, afirma Norma Cacho

Marginadas, viven en cinturones de miseria, migrantes, campesinas e indígenas y en los escalafones más bajos

Angélica Jocelyn Soto Espinosa y Greta Gómez Rico / Cimac Noticias

La precarización laboral, que se traduce en sueldos bajos, nulas prestaciones, ausencia de seguridad social, inestabilidad en el empleo, jornadas extenuantes, discriminación y explotación, perpetúa y es antesala de la violencia contra las mujeres.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2011) señala que más de la tercera parte de las 9.7 millones de mujeres casadas o unidas que trabajan, ha padecido violencia infligida por su esposo o pareja. “Las cifras revelan que la violencia de género se acentúa entre quienes trabajan o buscan incorporarse al mercado laboral”, dice el análisis.

En 2010, ONU Mujeres publicó el informe “Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas, 1985-2010”  que afirma que en México las mujeres padecen violencia económica e institucional –como salarios desiguales, menores posibilidades de firmar un contrato y ausencia de seguridad social-, lo que constituyen características estructurales de la violencia feminicida.

PRECARIEDAD LABORAL, UNA VIOLENCIA EN SÍ MISMA

Al respecto, la etnóloga y educadora popular feminista Norma Cacho, responsable de la Coordinadora Nacional de Defensoras de Derechos Humanos Laborales (CNDHL un proyecto que convoca y coordina el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ProDESC), aseguró en entrevista con Cimacnoticias, que el trabajo precario es en sí mismo una violencia contra las mujeres.

Ello porque son las mujeres más marginadas (las que viven en los cinturones de miseria, migrantes, campesinas e indígenas) quienes se ocupan en los escalafones más bajos de los trabajos con nula regulación laboral.

“Esto representa una violencia económica estructural porque significa una ausencia de oportunidades de desarrollo laboral que respondan a sus necesidades más básicas y que entre en el esquema de lo que se ha llamado trabajo digno y decente: con seguridad social, estable y que no implique riesgos”, explicó.

Cacho, quien también ocupa el puesto de coordinadora del área de Procesos Organizativos del ProDESC, una organización que defiende Derechos Humanos laborales, explicó que por la falta de oportunidades educativas  y el ejercicio de trabajos de cuidado a los que son obligadas las niñas en sus hogares para que los varones salgan estudiar y producir, muchas mujeres tienen acceso únicamente al trabajo del hogar, el trabajo agrícola, la maquila y todo el sector servicios: dependientas de las tiendas, recepcionistas, comerciantes. Sectores bastante precarizados.

Sin embargo, desde ProDESC –dijo- hemos detectado que en esos sectores se registran fuertes violaciones a los Derechos Humanos laborales contra ellas "por su condición de mujeres, indígenas, y que viven en contextos de marginación”. Actualmente muchas mujeres siguen teniendo trabajos semiesclavizantes, con ganancias de 50 pesos diarios por 8 horas de trabajo y sin seguridad social, lo que va en perjuicio de ellas y sus familias.

Sin un trabajo digno y decente no hay oportunidades de desarrollo, ni de esparcimiento, ni de otros derechos a los que las mujeres deben acceder. Los derechos están muy interrelacionados, observó.

Así sucede con las trabajadoras que experimentan acoso sexual y discriminación por embarazo en sus centros de trabajo. Cacho detalló que una mujer que tiene un papel preponderante en el mantenimiento de su familia, que tiene hijos y para quien no es fácil salir de un trabajo para llegar a otro, muchas veces se ve sometida a un círculo de violencia del que no puede escapar porque enfrentaría, además, violencia económica y toda una precarización en su vida.

En efecto, el cuaderno de trabajo “Retratos de la violencia contra las mujeres”, que en 2012 publicó el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), muestra que el único grupo de mujeres que presenta un mayor riesgo de ser acosada sexualmente o discriminada por motivos de embarazo es el de las empleadas en fábricas, “con un riesgo 88 por ciento mayor que las empleadas públicas”.

Cacho explicó que con el proyecto de la CNDDHL también han registrado que las trabajadoras de estos sectores experimentan fuertes violencias psicológicas y una gran violencia social porque la sociedad subvalora su trabajo, como el trabajo del hogar y el de la maquila.

“Son ofendidas por el propio trabajo que realizan. Me tocó escuchar una vez a una mujer que al llegar a su casa su pareja le decía que apestaba a cloro. Ella se la pasaba todo el día lavando tazas de baño con cloro, y era la encargada de llevar el sustento a su familia. Hay una gama de violencias”, relató.

La también activista dijo que cuando las trabajadoras pasan de la condición de víctimas y trascienden a defensoras de DH laborales enfrentan otras formas de violencias.

Y señaló que hasta ahora, las políticas públicas que ha emprendido el gobierno para enfrentar la violencia laboral y la violencia contras las mujeres en general, tienden a homogenizar a las mujeres en una misma categoría, sin reflexionar sobre la división genérica, racial y de clase del trabajo que realizan.    

No obstante, transformar las estructuras sociales, culturales y económicas que sostienen esta precarización va a llevar mucho tiempo y tiene que empezar porque el Estado reconozca el aporte de las mujeres al Producto Interno Bruto del país, y con escuchar a las mismas trabajadoras, “quienes diariamente resisten, recrean sus propios saberes y salen avante”.

LA RESPUESTA ESTÁ EN LAS DEFENSORAS

Algunos testimonios que recopiló Cimacnoticias le dan la razón a Cacho. Por ejemplo, Justina Hermillo, integrante de la Red de Mujeres Empleadas del Hogar, A.C. en Guerrero -quien participa en la CNDDHL-, explicó en entrevista que no tienen vacaciones, aguinaldo, seguro social ni atención médica. “Todo eso es lo que nos preocupa porque como trabajadoras del hogar estamos desamparadas totalmente”, explicó.

Esta situación la llevó a reunirse con sus compañeras en un lugar público en Guerrero y visitar a más mujeres que trabajaban en casas, para informarles sobre sus derechos.

Lo mismo pasa en el sector de la maquila, donde Magdalena Izquierdo, integrante del Colectivo Rosas y Espinas, Derechos de las Mujeres, A.C. en Coahuila, (también integrante de la CNDHL), dijo que sus compañeros hombres tienden a relegarlas cuando ellas exigen el cumplimiento de sus derechos.

Además, los hombres conforman sindicatos y las amenazan con propiciar su despido bajo el argumento de que no son jefas de familia y no tienen que llevar un sueldo a casa.

Otro de los retos, dijo, es empoderar a las jefas de familia, quienes tienen que buscar quién cuide a sus hijas e hijos. “Es una situación complicada y es un reto para nosotras como organización que las mujeres tengan un grado de conciencia en cuanto a los derechos que tienen como personas, después como trabajadoras y luego como ciudadanas”.