Ciudad de México, nov. 2017. Articulación Ciudadana para la Equidad y el Desarrollo (ACED) estudia a seis entidades del país
Se reconocen avances y acciones, pero es deficiente la información y el compromiso
Sara Lovera / SemMéxico
El mecanismo de aplicación para la Alerta de Violencia de Género (AVG), vigente en 12 entidades del país, necesita una reforma que lo haga más específico, sancione a las entidades que no cumplan, defina quiénes son las autoridades que deben realizar las acciones en cada entidad, y fije tiempos, o nada avanza, dijo a SemMéxico Laura Pedraza Álvarez, de la organización Articulación Ciudadana para la Equidad y el Desarrollo (ACED AC).
La representante de ACED AC informó que esta organización está trabajando en un monitoreo de la situación de la violencia feminicida en las primeras seis entidades del país con declaratoria de AVG.
De acuerdo a la organización, dado el carácter de emergencia de la AVG, hay desconocimiento de las autoridades para aplicarla; no hay recursos ni rendición de cuentas, se multiplican reuniones sin sentido y hay graves pendientes, lo que impide efectividad en la AVG y ralentiza las acciones que demanda la ley.
Hoy es urgente que la declaratoria de AVG sea obligatoria y vinculante; que se rindan cuentas y se sancione con celeridad a culpables, o bien, reciba sanciones por no cumplir los mandatos de la Alerta. Hasta ahora depende solo de la voluntad de las autoridades en turno, agrega ACED.
El monitoreo que realiza esta organización, con apoyo del Fondo de Violencia del Instituto de Desarrollo Social (Indesol), arrojó, en primera instancia, gran disparidad en la aplicación de las AVG.
Otras acciones urgentes son: indicadores de proceso, de resultado y de impacto, que permitan ver los avances en cuanto a las acciones realizadas, los resultados, y finalmente, si es que el problema está siendo resuelto a través de estas acciones.
Encontraron que pese a que las autoridades reportan acciones, se desconoce si son las adecuadas para abordar la problemática en cada entidad.
Desde su perspectiva, no existen plazos claros para llevar a cabo las medidas que den cumplimiento a las recomendaciones. La falta de especificidad en cuanto a tiempos lleva a que incluso la elaboración del Plan para establecer las medidas, tome más de 6 meses posteriores a la declaratoria de AVG.
Organizaciones demandantes sin reconocimiento
Según ACED, para exigir el cumplimiento de las AVG y hacer efectiva la protección de los derechos de las mujeres, la movilización de la sociedad civil es fundamental, pues a menudo las organizaciones demandantes no tienen el reconocimiento suficiente.
Alertas de Violencia De Género: Virtudes y retos
ACED, en su proyecto denominado: “Observatorio de violencia de género en 6 entidades de la República con declaratoria de AVG: Estado de México, Morelos, Michoacán, Veracruz, Nuevo León y Chiapas durante 2014 – 2016”, busca sistematizar información respecto a las Alertas declaradas en el país, y algunos de los hallazgos realizados a partir del monitoreo de información y del acercamiento con las organizaciones solicitantes, son esclarecedores.
Explica que la AVG es un mecanismo creado por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) en 2007. Al igual que las órdenes de protección, buscan la defensa de los derechos de las mujeres. (Ver infografía al respecto en: https://goo.gl/4dXPMV y Panorama sobre la Alerta de Violencia de Género en México en https://goo.gl/RNEbP5).
Concluyen que el mecanismo de AVG ha sido empleado por las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para hacer visible la violencia feminicida en México. Las principales virtudes de las AVG incluyen: 1) Hacer que las autoridades reconozcan una problemática no atendida e incluso a veces negada y 2) Difundir en la sociedad la gravedad de una problemática normalizada, que no genera la indignación necesaria.
La AVG pone en la mesa los pendientes de las autoridades en materia de prevención y erradicación de la violencia feminicida, de ahí que sea necesaria la voluntad política de esas autoridades, de modo que se puedan poner en marcha acciones que contribuyan a afrontar la problemática.
Hoy es esta una de los principales obstáculos que enfrentan las organizaciones solicitantes y el propio mecanismo.
La implementación de las medidas de la AVG puede llevarse a cabo de múltiples formas, de acuerdo a distintos aspectos: los recursos con los que cuenta cada entidad federativa, la voluntad política de los actores involucrados, así como la aceptación o no de la participación de las organizaciones solicitantes, quienes pueden aportar desde su experiencia en el trabajo directo con las problemáticas.
Avances y no avances
En Nuevo León, Arthemisas por la Equidad, la organización solicitante de la declaratoria de AVG, identifica acciones, voluntad política, recursos y coordinación entre autoridades para realizar las acciones contempladas en la Alerta. En el extremo opuesto, en Michoacán, Humanas sin Violencia, como solicitante, no forma parte del Grupo que da seguimiento a la AVG debido a que el reglamento actual que regula este mecanismo excluye a la organización peticionaria.
En el caso de Chiapas, la organización solicitante Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas AC (CMDCH AC) es parte del Grupo que da seguimiento. De igual forma, ha habido diálogo y recomendaciones para las acciones que se proponen, las cuales han sido retomadas en algunos casos por parte de las autoridades. Sin embargo, recientemente el CMDCH ha manifestado su salida de las mesas de trabajo debido a la “coordinación carente de metodología y conocimientos sobre género, derechos humanos, interculturalidad y multiculturalidad, aunado al desconocimiento del contexto prevaleciente en el estado”, de acuerdo con un comunicado de la organización del 10 de octubre.
El CMDCH manifiesta que las reuniones han representado únicamente una pérdida de tiempo por lo que solamente continuarán como parte del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM). Anteriormente ya habían denunciado la falta de poder de convocatoria con los municipios, puesto que no se había podido establecer reuniones con aquellos municipios con AVG.
En Veracruz, la situación se agrava debido al contexto de falta de recursos en la entidad. Aun cuando se ha detectado la coordinación entre instancias, este factor ha representado un importante obstáculo para la implementación de las medidas consideradas por la AVG.
En el Estado de México, las autoridades han aceptado la problemática presente en la entidad. Esto pese a que en un inicio hubo una gran resistencia para que se tramitara la AVG. Gracias a los recursos interpuestos por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) se logró que la AVG fuera declarada.
Aún queda un gran camino por delante para poder erradicar la violencia feminicida que afecta a las mujeres de la entidad mexiquense. A la fecha, la situación de la entidad mexiquense es tal que ha desplazado a Ciudad Juárez del imaginario colectivo como el lugar en donde ser mujer es un constante peligro. Sin embargo, la organización reconoce la puesta en marcha de actividades encaminadas a enfrentar el problema.
En el caso de Morelos, a dos años de la declaratoria, la Comisión Independiente de Derechos Humanos del estado de Morelos (CIDHM), en su carácter de solicitante, considera que ninguna de las medidas ha sido cumplida en su totalidad.
Lo anterior contrasta con la declaración que se realizó en abril de este año en donde se afirmaba que se levantaba la AVG en 7 de los 8 municipios contemplados en la declaratoria (ver Alerta de Violencia de Género en Morelos ¿vigente? https://goo.gl/P3TxQ7).
¿Cómo puede mejorarse el mecanismo y buscar que sea más eficiente para enfrentar la grave situación de violencia feminicida en el país?
El mecanismo debe ser más específico en cuanto a las acciones a realizar, establecer quienes son los responsables de llevar a cabo tales labores. De acuerdo a las organizaciones consultadas, dado el carácter de emergencia de la medida es fundamental que cada instancia conozca de manera precisa sus funciones para que éstas se desarrollen de manera ágil.
Es fundamental que la declaratoria de AVG sea vinculante, que no dependa de la voluntad de las autoridades en turno. Urge establecer un mecanismo que sancione a quienes no cumplan con las obligaciones derivadas de las declaratorias de AVG.
Se necesitan indicadores de proceso, de resultado y de impacto, que permitan hacer visibles los avances en cuanto a las acciones realizadas; los resultados que éstas tienen y finalmente si es que el problema está siendo resuelto a través de estas acciones. Pese a que las autoridades reportan acciones, se desconoce si son las adecuadas para abordar la problemática en cada entidad.
Establecer plazos de tiempo para llevar a cabo las medidas que den cumplimiento a las recomendaciones. La falta de especificidad en cuanto a tiempos lleva a que incluso la elaboración del Plan para establecer las medidas a llevar a cabo lleve más de 6 meses posteriores a la declaratoria de AVG.
Los tiempos para declarar AVG deben ser más ágiles debido al carácter de emergencia del mecanismo. Si bien hay plazos definidos para el proceso que requiere declarar una AVG es fundamental que todo el proceso tenga tiempos definidos.
